El informe interno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) relativo a la compra de trenes entre los años 2000 y 2011 arroja un carrusel de presuntas irregularidades.
Según ha averiguado eldiario.es, entre los más relevantes destacan la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros.
Además, la empresa, en aquel momento con el PP al frente del Consell y dirigida por la gerente Marisa Gracia ( imputada en la causa del accidente de metro), no aplicó a las empresas adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.
El informe aprecia posible fraccionamiento de contratos en algunos de los expedientes de contratación, ausencia de póliza de responsabilidad civil en la mayoría de ellos e incumplimientos con los plazos establecidos para las publicaciones en los distintos diarios oficiales (DOCV, BOE, DOCE) así como la comunicación al adjudicatario y al resto de licitadores, tal y como marca la ley.
También se pone de relieve que en unos casos no se justifica suficientemente la adjudicación a la oferta más cara y en otros se acaba contratando por procedimiento negociado con publicidad, en lugar de por concurso público, sin constar documento que acredite el cambio de modalidad.
La ausencia en los pliegos de condiciones de los criterios y normas de valoración que determinan la puntuación de las diferentes ofertas también es una constante, según el documento.
Como ha publicado eldiario.es, este informe fue solicitado a una auditora externa por el exgerente de FGV y a tenor de estas supuestas irregularidades, la Conselleria de Obras Públicas ha puesto en marcha una investigación interna encaminada a contrastar todas estas anomalías por si pudieran trasladarse a la Fiscalía.
Curiosamente, el grupo parlamentario popular de las Corts Valencianes ha pedido la comparecencia de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y el gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez, para explicar los resultados de esta auditoría, cuando los presuntos desvíos se produjeron bajo la gestión del propio PP.
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