El Govern ha aprobado en el Consell Executiu de este martes el decreto ley que regula el transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor, los conocidos como VTC. De esta forma, el jueves se publicará el reglamento en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y este viernes se hará efectiva la ley que regula y diferencia el sector del taxi y el de los VTC, operados principalmente por las empresas Uber y Cabify.
Los conductores de VTC han expresado su malestar en la plaza Sant Jaume, a las puertas del Palau de la Generalitat, mientras representantes del sector se reunían con el Ejecutivo catalán. Acabado el encuentro, el representante de los conductores ha informado que el decreto ley se aprobaría, por lo que han dado por acabada la protesta, tanto ante la sede de gobierno como en la Diagonal, donde han estado estacionados durante 10 días.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha asegurado en una rueda de prensa que “los taxis tienen que hacer de taxis y los VTC de VTC”, de manera que el decreto ley no se hace en beneficio de unos u otros. Se trata de “clarificar” ambos servicios, según ha indicado, para evitar que el transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor no haga competencia desleal a los taxistas.
La regulación del Govern fija una precontratación del servicio de Uber y Cabify con 15 minutos de antelación -y que el Área Metropolitana de Barcelona, presidida por la alcaldesa Ada Colau, pretende ampliar a una hora en el pleno municipal del próximo mes de marzo- y prohíbe a los VTC captar activamente clientes, ya sea con la geolocalización de los coches a través de la aplicación móvil o circulando por las calles. En este sentido, el Ejecutivo catalán impide a los usuarios de Uber y Cabify seleccionar los coches y obliga a los conductores a regresar a un lugar de estacionamiento al finalizar cada uno de los servicios. El control se hará mediante un registro electrónico en el que quedará constancia de todos los movimientos de los vehículos VTC.
Desde este viernes los policías locales de toda Catalunya ya podrán sancionar a los conductores de VTC que no cumplan con el reglamento, ya sea incumpliendo los 15 minutos de precontratación del servicio -calificado como una infracción grave y con una sanción económica de 1.001 euros- o captando clientes. Sin embargo, la geolocalización de los vehículos VTC, que permite a los usuarios visualizar a los conductores y contratar el servicio, estará en suspenso durante un mes, a la espera que empresas como Uber y Cabify actualicen sus ‘apps’.
Por su parte, Vector Ronda Teleport, la empresa que dispone de la mayor flota de VTC en Barcelona y que trabaja a través de la ‘app’ de Cabify, había pedido una reunión con el Departamento de Trabajo de la Generalitat para anunciarles la intención de realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a unos 1.000 trabajadores. Consideran que el decreto de la Generalitat perjudica a su modelo de negocio. Sobre esta cuestión, Calvet, ha asegurado que "no se pueden anunciar despidos antes de que este decreto se apruebe". Calvet ha señalado que, hasta el momento, no hay ningún expediente administrativo en trámite.
Los conductores de VTC han expresado su malestar en la plaza Sant Jaume, a las puertas del Palau de la Generalitat, mientras representantes del sector se reunían con el Ejecutivo catalán. Acabado el encuentro, el representante de los conductores ha informado que el decreto ley se aprobaría, por lo que han dado por acabada la protesta, tanto ante la sede de gobierno como en la Diagonal, donde han estado estacionados durante 10 días.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha asegurado en una rueda de prensa que “los taxis tienen que hacer de taxis y los VTC de VTC”, de manera que el decreto ley no se hace en beneficio de unos u otros. Se trata de “clarificar” ambos servicios, según ha indicado, para evitar que el transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor no haga competencia desleal a los taxistas.
La regulación del Govern fija una precontratación del servicio de Uber y Cabify con 15 minutos de antelación -y que el Área Metropolitana de Barcelona, presidida por la alcaldesa Ada Colau, pretende ampliar a una hora en el pleno municipal del próximo mes de marzo- y prohíbe a los VTC captar activamente clientes, ya sea con la geolocalización de los coches a través de la aplicación móvil o circulando por las calles. En este sentido, el Ejecutivo catalán impide a los usuarios de Uber y Cabify seleccionar los coches y obliga a los conductores a regresar a un lugar de estacionamiento al finalizar cada uno de los servicios. El control se hará mediante un registro electrónico en el que quedará constancia de todos los movimientos de los vehículos VTC.
Desde este viernes los policías locales de toda Catalunya ya podrán sancionar a los conductores de VTC que no cumplan con el reglamento, ya sea incumpliendo los 15 minutos de precontratación del servicio -calificado como una infracción grave y con una sanción económica de 1.001 euros- o captando clientes. Sin embargo, la geolocalización de los vehículos VTC, que permite a los usuarios visualizar a los conductores y contratar el servicio, estará en suspenso durante un mes, a la espera que empresas como Uber y Cabify actualicen sus ‘apps’.
Por su parte, Vector Ronda Teleport, la empresa que dispone de la mayor flota de VTC en Barcelona y que trabaja a través de la ‘app’ de Cabify, había pedido una reunión con el Departamento de Trabajo de la Generalitat para anunciarles la intención de realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a unos 1.000 trabajadores. Consideran que el decreto de la Generalitat perjudica a su modelo de negocio. Sobre esta cuestión, Calvet, ha asegurado que "no se pueden anunciar despidos antes de que este decreto se apruebe". Calvet ha señalado que, hasta el momento, no hay ningún expediente administrativo en trámite.
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