Un decreto del Gobierno valenciano aprobado el pasado 15 de marzo -en plena semana fallera- ha permitido al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sumarse a la banca privada y perdonar el 70 % del dinero que le adeudaba Grupo Zeta para permitir la compra de Editorial Prensa Ibérica (EPI), el grupo editor, entre otros, de Levante-EMV e Información. La operación por la que la compañía presidida por Javier Moll se hace con Mediterráneo, El Periódico de Catalunya o Sport le costará a los valencianos 1,33 millones de euros.
La adquisición de Grupo Zeta por parte de EPI se anunció el pasado 18 de abril -jueves santo-, aunque las negociaciones han durado más de un año y se han jugado a muchas bandas. Ha sido clave la intervención de CaixaBank, el principal acreedor, para que los demás bancos propietarios todos juntos de más del 80 % de los 99,2 millones de euros del agujero de Zeta asumieran una quita del 70 %. El rival de EPI en la puja, Jaume Roures, ofrecía mejores condiciones, pero no contaba con el beneplácito de la gran banca y fue descartado.
Al aceptar la mayoría de bancos la quita, el IVF tenía dos opciones. Mantener el pulso y cobrar toda la deuda -con el consiguiente riesgo para la operación global- o sumarse al convenio firmado por toda la banca. Legalmente el IVF no podría haber ofrecido con todas las garantías una quita a EPI, pero el decreto aprobado el pasado 15 de marzo le ha allanado el camino.
Cierto es que la Ley de Acompañamiento de 2019 aprobada por PSPV, Compromís y Podemos ya daba al IVF algunas competencias en materia de funcionamiento, pero las peculiaridades de la operación con EPI dejaban muchas sombras legales en la misma. Por eso la aprobación del reglamento vía decreto ha sido fundamental.
Y es que el reglamento aprobado en el pleno del Consell el pasado 15 de mayo y llamado "reglamento de desarrollo de las políticas de actuación del IVF, y de la gestión y alienación de los bienes y derechos adquiridos en el ejercicio de su actividad crediticia" permite al banco público que dirige Manuel Illuega funcionar como una entidad privada, asumiendo toda la responsabilidad el Gobierno valenciano.
De hecho, el artículo 10 del reglamento es el que ha permitido al IVF adherirse al convenio de la banca privada y perdonar 1,3 millones de euros. Sin este punto, el banco público valenciano habría tenido muy difícil entrar a esta quita del 70 % de la deuda que ha permitido a EPI adquirir Grupo Zeta y convertirse en uno de los principales grupos de comunicación de España.
Y eso que, en un primer momento y según fuentes de la banca presentes en la negociación, en el banco público valenciano no querían ni oír hablar de quitas porque podría generar agravios respecto a otros deudores a quienes no se dan condiciones tan ventajosas.
La operación de perdón de la deuda, que se aprobó días después de entrar en vigor el reglamento, se ha seguido con lupa desde Presidencia de la Generalitat. Y no es para menos, puesto que un mismo grupo de comunicación controla ya los tres principales periódicos de papel de la Comunitat Valenciana. Levante-EMV, líder en la provincia de Valencia; Información, con más del 60 % de la cuota de mercado en Alicante; y Mediterráneo, periódico casi hegemónico en Castelló.
Fuentes del PP han mostrado su estupefacción por la quita de la deuda a un grupo mediático de toda solvencia económica y dirigentes de Compromís y Podemos consultados por este medio se enteraron por la prensa de que el IVF perdonará el 70 % de la deuda. Eso sí, según la agenda pública de la Conselleria de Transparencia, el director general de Economía, Francisco Álvarez, sí que estuvo en el consejo del banco público que certificó la operación.
Si la Comisión Nacional de la Competencia no se opone, EPI y Zeta se convertirán en el principal grupo de comunicación presente en la Comunitat Valenciana.
La adquisición de Grupo Zeta por parte de EPI se anunció el pasado 18 de abril -jueves santo-, aunque las negociaciones han durado más de un año y se han jugado a muchas bandas. Ha sido clave la intervención de CaixaBank, el principal acreedor, para que los demás bancos propietarios todos juntos de más del 80 % de los 99,2 millones de euros del agujero de Zeta asumieran una quita del 70 %. El rival de EPI en la puja, Jaume Roures, ofrecía mejores condiciones, pero no contaba con el beneplácito de la gran banca y fue descartado.
Al aceptar la mayoría de bancos la quita, el IVF tenía dos opciones. Mantener el pulso y cobrar toda la deuda -con el consiguiente riesgo para la operación global- o sumarse al convenio firmado por toda la banca. Legalmente el IVF no podría haber ofrecido con todas las garantías una quita a EPI, pero el decreto aprobado el pasado 15 de marzo le ha allanado el camino.
Cierto es que la Ley de Acompañamiento de 2019 aprobada por PSPV, Compromís y Podemos ya daba al IVF algunas competencias en materia de funcionamiento, pero las peculiaridades de la operación con EPI dejaban muchas sombras legales en la misma. Por eso la aprobación del reglamento vía decreto ha sido fundamental.
Y es que el reglamento aprobado en el pleno del Consell el pasado 15 de mayo y llamado "reglamento de desarrollo de las políticas de actuación del IVF, y de la gestión y alienación de los bienes y derechos adquiridos en el ejercicio de su actividad crediticia" permite al banco público que dirige Manuel Illuega funcionar como una entidad privada, asumiendo toda la responsabilidad el Gobierno valenciano.
De hecho, el artículo 10 del reglamento es el que ha permitido al IVF adherirse al convenio de la banca privada y perdonar 1,3 millones de euros. Sin este punto, el banco público valenciano habría tenido muy difícil entrar a esta quita del 70 % de la deuda que ha permitido a EPI adquirir Grupo Zeta y convertirse en uno de los principales grupos de comunicación de España.
Y eso que, en un primer momento y según fuentes de la banca presentes en la negociación, en el banco público valenciano no querían ni oír hablar de quitas porque podría generar agravios respecto a otros deudores a quienes no se dan condiciones tan ventajosas.
La operación de perdón de la deuda, que se aprobó días después de entrar en vigor el reglamento, se ha seguido con lupa desde Presidencia de la Generalitat. Y no es para menos, puesto que un mismo grupo de comunicación controla ya los tres principales periódicos de papel de la Comunitat Valenciana. Levante-EMV, líder en la provincia de Valencia; Información, con más del 60 % de la cuota de mercado en Alicante; y Mediterráneo, periódico casi hegemónico en Castelló.
Fuentes del PP han mostrado su estupefacción por la quita de la deuda a un grupo mediático de toda solvencia económica y dirigentes de Compromís y Podemos consultados por este medio se enteraron por la prensa de que el IVF perdonará el 70 % de la deuda. Eso sí, según la agenda pública de la Conselleria de Transparencia, el director general de Economía, Francisco Álvarez, sí que estuvo en el consejo del banco público que certificó la operación.
Si la Comisión Nacional de la Competencia no se opone, EPI y Zeta se convertirán en el principal grupo de comunicación presente en la Comunitat Valenciana.
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