El 31 de marzo de 2020, en los primeros locos días del estado de alarma, el Gobierno de Murcia adjudicó la gestión de su televisión pública a la empresa CBM, la misma que llevaba haciéndolo hasta entonces. La diferencia es que, esta vez, lo hizo utilizando la tramitación de emergencia, un sistema excepcional que permite dar contratos a dedo por la vía ultrarrápida, sin abrir expediente y con muy pocos controles previos y transparencia. Este sistema, el más rápido y directo de la Ley de Contratos –permite hasta poner en marcha algo solo con hablarlo, y ya luego, si eso, redactar las condiciones– está limitado a tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional.
Es evidente que la pandemia que justo estaba arrancando por entonces era y es una catástrofe y que suponía graves peligros, por eso se permitió el uso de este sistema para la compra de, por ejemplo, mascarillas. Pero para entender qué tiene que ver el coronavirus con la televisión pública de Murcia hay que ponerse algo más imaginativos. Y lo hicieron.
En su justificación, el primer argumento es que el estado de alarma frenó los trámites administrativos y, claro, no pudieron conceder a tiempo el concurso abierto que habían convocado para esa concesión. Más allá de que no llegar a tiempo no es causa suficiente para usar este sistema, lo cierto es que sí lo tuvieron: el contrato vigente por entonces arrancó en 2015 y se había prorrogado tres veces. Finalizaba el 30 de abril. Y no fue hasta el 25 de febrero que pusieron en marcha el contrato, después de varios retrasos en los trámites previos. Con esos plazos era casi imposible, con pandemia o sin ella, con estado de alarma o sin él, que llegaran a tiempo.
El segundo argumento es más etéreo: la televisión es esencial en casos de catástrofes, dicen. Y no aprobar ese contrato a dedo por tramitación de emergencia suponía un “significativo peligro para la salud y la vida de las personas”. Con estos mimbres, se aprobó la contratación de emergencia por unos 744.000 euros al mes hasta que el concurso abierto eligiera a un ganador por la vía ordinaria. El plan era que fuera solo un parche durante dos meses, mayo y junio, pero se prorrogó dos veces, la última ya estimaba alargarlo en 2021.
El contrato de la tele pública de Murcia es uno de los que se colaron entre mascarillas, mamparas y test. En total, las administraciones públicas adjudicaron y publicaron 16.589 contratos de emergencia durante 2020, que suman 6.445 millones de euros. Suponen un 15% de todos los que se firmaron ese año, un porcentaje inédito. Para hacernos una idea: solo la Administración General del Estado firmó 658 contratos de emergencia, más de 3.200 millones de euros, frente a los 50 contratos de 2019 (27 millones) o los 12 de 2018 (tres millones).
Y es normal. Era una situación, de verdad, extraordinaria. Pero, ¿qué se compró? ¿A quién? Y, lo más importante, ¿se cumplieron siempre las pocas reglas de la tramitación de emergencia? ¿Hay más casos de contratos, como mínimo, sospechosos? Spoiler: la respuesta a las dos últimas preguntas es no y sí.
Cuatro empresas acapararon uno de cada diez euros
La crisis sanitaria hizo que muchas empresas tuvieran que reconvertirse y que otras vieran oportunidades en medio de la crisis. Es el caso de FCS Select Products, una empresa dedicada al sector de las bebidas energéticas con sede en Barcelona y una delegación en china que nunca había trabajado en el sector sanitario. Gracias a cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad, todos ellos firmados el 23 de marzo y que suman más de 217 millones de euros, se convirtió en el principal importador, o intermediario, del Gobierno.
Es la empresa que más dinero se llevó, en 2020, vía contratos de emergencia. Una de sus administradoras había sido condenada en 2015 por estafa, según desveló El Confidencial. Tras esos cuatro contratos (aquí, aquí, aquí y aquí), no volvió a firmar con administraciones públicas españolas. Fue flor de un día. Pero muy, muy lucrativa.
Le sigue en la lista la empresa china Hong Kong Travis Asia, con 187 millones, debidos sobre todo a una compra de 150 millones en mascarillas. De hecho, esta empresa se llevó uno de cada tres euros que fueron a parar a empresas extracomunitarias (574 millones, el 9% del total).
La tercera en la lista es Barna Import Médica. Al contrario que FCS, se trata de una empresa que ya se dedicaba antes de la crisis a la importación y venta de productos sanitarios. Sumaron 121 millones pero repartidos en 225 adjudicaciones. Vendieron a administraciones de todos los niveles mascarillas, guantes y batas, entre otros elementos de protección.
La cuarta es Abbott (111 millones en 103 adjudicaciones), la gran mayoría para la compra de test de antígenos, puesto que comercializan uno de los más efectivos dentro de este tipo de pruebas de diagnóstico.
En total, estas cuatro empresas suman unos 637 millones de euros, casi el 10% del total adjudicado y publicado en 2020.
No hay comentarios:
Publicar un comentario