Tensión en el Gobierno en estos primeros nueve días de junio por la histórica subida de la factura de la luz que van a sufrir millones de españoles. El origen de este 'tarifazo' se encuentra en el nuevo recibo que entró en vigor el pasado día 1 como consecuencia de una orden ministerial aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que únicamente pasó por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Se evitó su debate en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, por supuesto, en el Consejo de Ministros. Voces de Unidas Podemos ya empiezan a elevar la voz contra una decisión que cocinó exclusivamente la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera. Es el primer roce de cierta entidad en el Ejecuivo de coalición tras la salida de Pablo Iglesias.
La configuración de la nueva factura de la luz, con la previsible subida del recibo final para, al menos, diez millones de consumidores, si no más, se publicó el pasado 21 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras el acuerdo alcanzado en "la Delegada", nombre común con el que se conoce a la comisión que aborda los asuntos económicos. Se trata de un organismo presidido por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que prepara el orden del día del Consejo de Ministros. En ella también se sientan la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Gazón, como integrantes de Unidas Podemos. Ninguno de los dos se percató que en esa orden ministerial de Ribera se incluía implícito el actual 'tarifazo'. La medida tampoco se explicó en profundidad en ningún momento ni fue analizada posteriormente en Consejo de Ministros, según ha sabido La Información.
La división en el seno del Gobierno es profunda por las consencuencias que ya empiezan a verse en los precios de la luz por la nueva factura. No sólo en Unidas Podemos. Ministros socialistas también expresan su incomodidad a la hora de tener que explicar esta subida. La explicación oficial que ofrece el Ejecutivo es que "la nueva factura eléctrica que ha entrado en vigor el 1 de junio fomentará el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico, en coherencia con los objetivos en materia de energía y clima nacionales y europeos", pero esa justificación resulta contraria al espíritu con el que se abordó el acuerdo de coalición en materia energética.
Sólo en lo que llevamos de mes el recibo está marcando precios récord. Es la conscuencia directa de los nuevos tramos horarios fijados por la orden ministerial de Ribera. Este martes, 8 de junio, los precios medios del kWh de luz, impuestos incluidos, fueron de 29,33 céntimos en horas punta; de 17,94 en hora llana y de 13,83 en hora valle. Por comprar, en junio de 2020 los españoles pagaron de media una media de 11,31 por kWh, según datos de Facua. La organización de consumidores está promoviendo un cambio en esos horarios para, por ejemplo, adelantar la hora valle a las 22 horas.
En el pacto sellado entre PSOE y Unidas Podemos se recoge, en el punto 3.2, se recoge el compromiso de "modificar la factura eléctrica con el objetivo de (...) que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética". Esta promesa aún no se encuentra sobre la mesa del Gobierno de coalición.
El debate, de puertas para adentro, en el Gobierno está siendo intenso. Fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno apuestan por "replantear" la nueva fatura de la luz y, si es necesario, adaptar los horarios que se han planteado en la normativa a los hábitos de los españoles. El nuevo proyecto político que se propone liderar Ione Belarra desde este domingo demanda, además, mayor pedagogía a los consumidores. Sin embargo, fuentes oficiales de UP prefieren no realizar comentarios sobre esta situación.
La renovada parte morada comandada por Yolanda Díaz se está cuidando en todo momento de no airear en público sus discrepancias. Es otra etapa. De esta forma, fue el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, quien este martes, en un ámbito diferente al área gubernamental, avanzó que el socio de coalición "va a trabajar en una legislación para tener una empresa pública de energía con el objetivo de competir con el oligopolio privado y bajar la factura". El PSOE se niega en redondo a avanzar en esta compañía estatal.
El Gobierno decidió, además, hacer coincidir la entrada en vigor de la nueva factura de la luz con un anuncio considerado histórico y que va dirigido a reducir los ingresos "injustos" de las eléctricas: el recorte parcial a los 'beneficios caídos del cielo' aprobado en Consejo de Ministros hace dos martes. Pero este 'bocado' a los llamados 'windfall profits' no es inminente: en el Gobierno calculan que la legislación final, de momento se trata de un anteproyecto de ley, podría estar lista dentro de aproximadamente doce meses. Mucho tiempo. Lo mismo ocurre con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), más avanzado y que supondría un recorte de unos unos 7.000 millones al año para las compañís energéticas. Dejarán de pagar los consumidores y se harán cargos de ellos las empresas, esencialmente las eléctricas y petroleras. El objetivo es abaratar un 13% la factura de la luz, pero en cinco años. Mucho tiempo también.
El Gobierno tiene ahora que decidir si ampliar o no este recorte a los 'beneficios caídos' del cielo durante la tramitación parlamentaria. Hay varias opciones para ello. Una posibilidad es la de limitar el precio que las compañías eléctricas, a través de sus centrales nucleares e hidroeléctricas, pueden cobrar por la electricidad que producen. De esta forma, el Ejecutivo fijaría por contrato el coste concreto de estas tecnologías, como ya se hace en las subastas de renovables, y así se evitarían las oscilaciones actuales. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite fijado se consideraría un ingreso del sistema eléctrico que se podría destinar a abaratar la factura final. No es, ni mucho menos, una opción descartada en este momento.
También se ha pospuesto a la tramitación parlamentaria la posibilidad implantar en España un mecanismo similar al Arenh francés: un instrumento para que, en el caso de la energía nuclear, las comercializadoras independientes puedan tener acceso a la cuarta parte de la producción eléctrica de EDF a un precio fijo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario