Hoy toca hacer un repaso de la trayectoria de Manuel García Castellón, el juez que salvó a Cospedal de sentarse en el banquillo. Según el BOE, Manuel García Castellón ingresó en la carrera judicial en 1982. De los 45 opositores que conformaron su promoción, Castellón se sitúa en el tramo final, ocupando la posición número 37.
De sus inicios como titular del juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, destacan sus acciones contra la clínica Ginemédica, uno de los primeros centros en practicar abortos en Valladolid. Según nos cuentan nuestras fuentes, el hermano de García Castellón, militante del OPUS y presidente de PROVIDA, estaría detrás de la denuncia que llevó a registrar la clínica poniendo en peligro la intimidad de las mujeres. Castellón ordenó su registro y abrió un juicio oral contra el personal médico del centro por practicar, presuntamente, abortos ilegales.
Tras 10 años de oficio, el magistrado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura –de la que llegó a ser tesorero– se trasladó a la Audiencia Nacional.
Durante esta etapa, García Castellón, que investigaba las desapariciones de españoles durante la dictadura militar chilena, rechazó citar a declarar al torturador argentino y capitán de corbeta, Adolfo Silingo, por su relación con las desapariciones.
Al final, García Castellón se inhibió de instruir el caso contra el dictador Augusto Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo.
De su paso por la Audiencia Nacional, destacan su instrucción del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Caso Banesto, o el atentado contra José María Aznar.
Su instrucción de este último caso no estuvo exenta de polémica. La fiscalía intentó responsabilizar al Ministerio de Interior, del gobierno de Felipe González, ocultando un informe en el juzgado.
Esta buena relación se traduciría en un nombramiento. En el año 2000 el gobierno de Aznar le nombró magistrado de enlace en París.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo mantuvo en su puesto y tras la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lo trasladó a Roma, nombrándole juez de enlace en Italia.
García Castellón pasa más de 16 años en el extranjero, en puestos con escasa carga de trabajo y con un sueldo de más de 120.000 euros al año. Eduardo Zaplana e Ignacio González, entonces investigados por corrupción en el caso Lezo, conspiraron para apartar al juez que estaba al frente de la investigación, Eloy Velasco, y traer de vuelta a España a García Castellón, que les ayudaría en la causa. Esto lo sabemos porque tenían pinchado el teléfono y sus conversaciones se hicieron públicas.
García Castellón vuelve a España para hacerse cargo del juzgado número 6, que llevaba algunos casos clave sobre la corrupción del Partido Popular, como Púnica, Lezo o Acuamed.
Al poco tiempo de ocupar el puesto, García Castellón rebajó de 4.000.000 a 200.000 euros la fianza de Pablo González, hermano de Ignacio González. Horas después, el hermano del líder de la trama Lezo y expresidente de la Comunidad de Madrid abandonó la prisión. García Castellón también acordó que Ignacio González pudiera salir de prisión bajo fianza de 400.000 euros. El expresidente madrileño logró así abandonar la cárcel en la que llevaba seis meses tras haber sido enviado a prisión sin fianza por Eloy Velasco.
En 2018, García Castellón archivó la investigación contra el rey emérito por la misma causa que más adelante investigaría la fiscalía suiza. Y en 2019, archivó la causa contra el presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez. Anticorrupción pedía para él dos años por fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica. La Audiencia Nacional señaló incoherencias en el auto de García Castellón e imputó nuevamente a Pedro Antonio Sánchez, pero García Castellón volvió a archivar la causa contra el expresidente murciano en febrero de 2020.
Además, desde noviembre de 2017, García Castellón fue responsable de la instrucción del caso Villarejo. Rechazó investigar los vínculos entre Villarejo y Eduardo Inda, a pesar de que el contenido del móvil robado a Dina Bousselham estaba en el ordenador de Villarejo y fue publicado por Inda, y a pesar de que en la libreta incautada a Villarejo figuran varias reuniones entre ambos. Además, decidió retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la causa, aunque la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional dijera que no había ningún indicio de delito y a pesar de que el resultado de la prueba que el propio juez García Castellón solicitó a una empresa informática de Gales concluyera que Iglesias entregó a Bousselham la tarjeta "intacta".
Os dejo por último un fragmento del auto del 31 de mayo del 2019 de la investigación, que deja muy claro que la intencionalidad de Castellón no era investigar a Villarejo sino a Dina:
"En el presente procedimiento no se investigan los informes policiales a que hacen referencia los perjudicados en sus escritos, sino un delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación con el móvil sustraído a doña Dina Bousselham".
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