La educación pública ha experimentado una disminución de 3.490 aulas en los últimos cinco años, mientras que las escuelas concertadas solo han visto la eliminación de 72. Con el inicio del nuevo curso académico, las estadísticas muestran una reducción de 5.000 docentes en el sector público en comparación con el año anterior. Este informe revelado recientemente, evidencia que, aunque ambas modalidades educativas han perdido un porcentaje similar de estudiantes en los niveles de infantil y primaria, la proporción de aulas reducidas en el sector público es significativamente mayor.
El impacto de esto se refleja en el aumento de la relación alumno-docente en las escuelas públicas, favoreciendo el traslado de estudiantes hacia las instituciones concertadas. Una fuente declaró que este patrón indica una posible intención de debilitar el sistema educativo público, dependiendo del gobierno en turno.
Un caso particular es Andalucía, donde las instituciones públicas han disminuido sus clases en un 5,9% entre 2018 y 2023, mientras que las concertadas han experimentado un crecimiento del 5% en el mismo período.
Una de las razones detrás de esta disparidad es la protección proporcionada por los acuerdos educativos a las escuelas concertadas, que han actuado como un escudo, incluso cuando la matrícula disminuye. Además, la presencia predominante de escuelas públicas en áreas rurales, que enfrentan desafíos de despoblación, ha contribuido a esta tendencia.
En el aspecto de recursos humanos, de los 33.323 docentes que se unieron al sistema público en 2020-2021, solo quedan 22.296, lo que representa una reducción de 11.027 puestos. Los datos también muestran que la educación pública alberga una mayor proporción de estudiantes con necesidades especiales o desafíos socioeducativos.
Una propuesta para mejorar la inclusión sugiere considerar a los estudiantes con necesidades especiales como "doble" en términos de relación alumno-docente, lo que requeriría la incorporación de más docentes en el sistema público. Esta iniciativa, junto con otras propuestas, llevaría a la contratación de 84.915 nuevos profesionales educativos en un período de 4-5 años, con un costo estimado de 3.566.000 millones de euros.
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