25 nov 2023

Crisis en Marinaleda: ¿el fin del paraíso cooperativo andaluz?

En el corazón de Andalucía, el municipio de Marinaleda afronta un desafío crucial para su futuro económico y social. La localidad se encuentra en la encrucijada de decidir el destino de una finca agrícola clave, conocida como Los Humosos, que ha sido el pilar de su economía y modelo cooperativo. Esta situación surge a raíz de una orden de desalojo emitida por la Junta de Andalucía, que ha puesto en jaque a las cooperativas locales que han administrado estas tierras durante casi tres décadas.

Desde junio de 2021, la comunidad y el ayuntamiento de Marinaleda han estado luchando para mantener el control sobre Los Humosos. La administración local, liderada por el alcalde Sergio Gómez, un fiel seguidor del histórico líder Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha manifestado su firme intención de adquirir las tierras para preservar su uso colectivo y público. Sin embargo, el precio de venta propuesto por la Junta es un punto de fricción, con el Ayuntamiento argumentando que el valor debería reducirse debido a las inversiones realizadas en la finca desde 1992.

Mientras tanto, la comunidad de Marinaleda enfrenta una incertidumbre creciente. Las cooperativas temen la privatización de las tierras y la posible venta a fondos de inversión buitre, lo que pondría en peligro el modelo de trabajo cooperativo autogestionado que ha sostenido al pueblo. Las negociaciones se han estancado y la resolución de un recurso contencioso administrativo es inminente, lo que podría decidir el destino de la finca y, con ella, el futuro económico de Marinaleda.

El caso de Los Humosos se ha convertido en un símbolo de la lucha por la tierra y el desarrollo cooperativo en Andalucía. El ayuntamiento y las cooperativas insisten en que la finca debe pasar de arrendamiento a propiedad para continuar beneficiando a la comunidad. El alcalde Gómez enfatiza la importancia de mantener un modelo económico que sirva a los intereses del pueblo y no a los de inversores externos, instando a la Junta a reconsiderar su posición sobre el precio de venta.

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