8 feb. 2015

¿Qué españoles son los principales actores del fraude fiscal en España?

Hace unos días, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló que el Gobierno está ultimando el nuevo Reglamento sobre el Impuesto de Sociedades, que prevé su entrada en vigor durante el primer semestre del año. Esta normativa, según Ferre, procura la mayor transparencia de las compañías trasnacionales, a las que se les exigirá que presenten informes sobre sus actividades “país por país” con el fin de conocer lo que tributan en cada uno y los beneficios que obtienen.
Esta y otras medidas que pretenden seguir el modelo británico, tienen por objeto evitar la elusión fiscal y, sobre todo, elusiones masivas como la que estimó en su día el servicio de estudios de Fedea, que cifró en 144.000 millones de euros el dinero que los españoles ocultan en paraísos fiscales –una cifra que seguramente es muy superior a la vista del dinero que se va destapando en cuentas opacas–. Ahora bien, cuando hablamos de “españoles” obviamente nos estamos refiriendo tanto a personas físicas como sociedades.
Los paraísos fiscales son el destino de operaciones que mueven importantes sumas de dinero, aunque dada la falta de transparencia es difícil cuantificar su magnitud. Algunas estimaciones cifran en más de 19 billones de euros la riqueza global depositada en estos territorios de baja tributación, lo que equivale a un tercio de la economía mundial.
Para hacernos una idea, estas cantidades multiplican por veinte el PIB español y son gestionadas por tres actores principales: corporaciones multinacionales, bancos y grandes patrimonios, tal y como ha señalado en reiteradas ocasiones el economista Alberto Garzón. Según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, entre las grandes compañías se encuentran la mayoría (94%) de las que cotizan en el Ibex 35, que cuentan con filiales en paraísos fiscales.
Respecto a los grandes patrimonios, en muchas ocasiones buscan ocultar su identidad a través de los paraísos fiscales, valiéndose del secreto bancario y de la ineficacia en el intercambio de información entre países, pero también de las muchas facilidades que tienen para constituir sociedades y otras figuras jurídicas sin demasiadas exigencias de identificación.
Las entidades financieras, por su parte, pretenden, además de reducir su factura fiscal y facilitar el acceso a sus clientes preferenciales a dichos territorios, escapar a los estrictos controles a los que suelen estar sometidos por parte de los bancos centrales de sus países de origen. También pretenden esquivar las normas estatales a las que están normalmente sujetos para controlar e impedir excesivas exposiciones a prácticas de riesgo. De hecho, fue a través de estos territorios cómo los bancos estadounidenses operaron con las hipotecas subprime que esparcieron impunemente la crisis económica actual a todo el mundo.
A tenor de lo expuesto, los Técnicos del Ministerio de Hacienda instamos al Ejecutivo a promover un acuerdo en el seno de la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en estos territorios off-shore, complementando y ampliando a todos los territorios el firmado por 50 países el pasado mes de octubre. Con medidas de este tipo se luchará más efectivamente contra el fraude fiscal en nuestro país, ya que más del 70% de la evasión procede precisamente de grandes corporaciones y patrimonios, que cada año eluden el pago de la friolera de más de 40.000 millones de euros. 
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