Uruguay es una especie de isla en América Latina. Rodeado por Argentina y Brasil, dos gigantes en los que la inestabilidad política, económica y social son una constante, este pequeño país de 3,4 millones de habitantes destaca en la región por su democracia plena y por tener los mejores indicadores en cuanto a pobreza y desigualdad. También se distingue del resto de países latinoamericanos por una serie de leyes progresistas que han sido aprobadas en los últimos 15 años bajo el gobierno del izquierdista Frente Amplio. Entre esas normas, destaca una pionera en el mundo que se aprobó en diciembre de 2013, cuando el Estado uruguayo asumió el control de la producción, comercialización y distribución de la marihuana con el objetivo de "terminar con el narcotráfico y mejorar la salud de la población".
Legalizar esta droga con fines que exceden lo terapéutico suponía tomar una vía alternativa a la tradicional regulación prohibicionista imperante en el mundo y no han sido pocos los obstáculos a los que se ha enfrentado y sigue enfrentando a día de hoy esta ley. La negación de los bancos a trabajar con empresas que comercializan marihuana, el avance del turismo cannábico y los mercados clandestinos surgidos a raíz de la ley o el escaso desarrollo del cannabis medicinal son algunos de los problemas a resolver tras cinco años de regulación.
Sin embargo, pese a los problemas, las resistencias de parte de la sociedad y del propio aparato del Estado, Uruguay ha establecido un modelo innovador y ha marcado un camino para otros países que ahora se plantean un proceso similar.
"La estrategia de Uruguay ha sido colocarse a nivel internacional desde una óptica de derechos humanos y de avanzada. Implantamos el modelo cuando en EEUU solo había dos estados que habían legalizado la marihuana con fines recreativos", señala a eldiario.es el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, uno de los impulsores de la iniciativa y quien considera que la guerra contra las drogas y la represión "solo han demostrado que, lejos de resolver el problema, generan uno nuevo, porque aumenta la violencia y no cesa ni la producción ni el tráfico, ni el consumo".
La norma uruguaya estableció tres caminos legales para acceder a la marihuana con fines recreativos: el autocultivo, que permite hasta 6 plantas por hogar, los clubes cannábicos, con hasta un máximo de 99 plantas, y la venta en farmacias. Esta tercera vía habilita al usuario a comprar marihuana en envases de cinco gramos por 220 pesos (algo más de 6 euros) y hasta un máximo de 40 gramos por mes. Las dos variedades que se pueden adquirir son índica y sativa, que contienen entre un 7% y 9% de THC.
En cualquiera de las tres opciones el consumidor debe inscribirse en un registro, pues de lo contrario la actividad sería ilegal y podría incluso enfrentarse a penas de cárcel. Además, solo los ciudadanos nacionales o con residencia legal en el país pueden acceder a la marihuana con garantía estatal, por tanto, los turistas quedan descartados.
Según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca, el organismo encargado de hacer cumplir la ley), del total de 45.067 usuarios registrados a finales de febrero para acceder a la marihuana legal, 34.696 la compran en farmacias, mientras que 6.965 se decantan por cultivarla en sus casas y los 3.406 consumidores restantes pertenecen a alguno de los 115 clubes cannábicos que existen en el país.
Bloqueo bancario
La venta de marihuana en farmacias, la parte más complicada de la ley, se habilitó mucho más tarde que las otras dos vías, en julio de 2017. Tan solo unos días después de echar a andar se topó con el veto de la banca estadounidense, un problema que aún sigue siendo un quebradero de cabeza para los farmacéuticos, que apenas hablan sobre el tema. Las entidades bancarias se niegan a trabajar con empresas que estén vinculadas al cannabis por el temor a ser sancionadas en el exterior, pues pese a que Uruguay haya legalizado la venta de marihuana con fines recreativos, el dinero proviene de un negocio considerado como ilegal en la mayoría de países del mundo. Ante esta situación, las farmacias se las ingenian como pueden y algunas han optado por prescindir de cuenta bancaria y funcionar en efectivo.
"Aquí vienen unas 60 personas al día para comprar marihuana y, por el momento, nos manejamos en metálico", confirma a eldiario.es el encargado de una farmacia del interior del país que prefiere no ser identificado. De las más de 1.000 farmacias que existen en Uruguay, tan solo 16 venden marihuana, 7 de ellas están ubicadas en Montevideo y el resto se sitúa en 8 departamentos del total de 19 que tiene el territorio, por lo que muchos usuarios del interior deben recorrer hasta más de 100 kilómetros para adquirir el cannabis legal en estos establecimientos.
Pese a esa presión del sistema financiero de EEUU, en los últimos meses ha habido una cierta apertura, pues el Gobierno de ese país manifestó en febrero de 2018 su interés en permitir que los bancos estadounidenses puedan manejar dinero procedente del mercado de marihuana legal. También influye el hecho de que Canadá legalizara el pasado mes de octubre el consumo recreativo de esta droga.
Otro de los problemas que han vivido las farmacias uruguayas es que la demanda de marihuana ha sido mayor que la oferta, ya que solo dos empresas son las que producen cannabis con fines recreativos para abastecer a estos establecimientos. Con el objetivo de aumentar esa producción, el Gobierno abrió en febrero una licitación que permitirá que hasta cinco nuevas firmas se sumen al proyecto.
Combate al narcotráfico
Según un informe del Ircca, se estima que la ley de regulación de la marihuana en Uruguay ha logrado arrebatar al narcotráfico más de 22 millones de dólares en los últimos cinco años. Se trata de un golpe importante contra el mercado ilícito de esta droga, pero este aún resiste y se mantiene presente en el país.
El cannabis que se comercializa en Uruguay de forma ilegal procede principalmente de Paraguay, el mayor productor de marihuana en Sudamérica. Se trata de un producto de baja calidad que incluye semillas, ramas y hojas, y que al estar prensado y no secarse bien, suele tener hongos. El llamado "prensado paraguayo" sigue siendo la única opción para los consumidores que tienen menos recursos económicos, ya que 25 gramos cuestan aproximadamente 500 pesos, unos 14 euros.
Paradójicamente, tras la implementación de la ley se ha creado un segundo mercado ilegal, en el que cultivadores domésticos o integrantes de clubes cannábicos registrados desvían parte de lo que producen a venderlo y abastece principalmente a los turistas que buscan un producto de mayor calidad que el prensado paraguayo. Así lo justifica el integrante de un club cannábico que pide mantenerse en el anonimato: "Volcar el excedente de producción al mercado negro es la única manera de asegurar la rentabilidad de un club cannábico, porque son espacios que requieren una importante inversión de tiempo y dinero".
Por su parte, el investigador del Instituto alemán Max Planck, Pablo Galain, prefiere denominarlo "mercado gris", porque si bien el origen del producto es lícito después se desvía a un destino ilícito, aclara a eldiario.es. Los legisladores uruguayos, asegura, contaron con la posibilidad de que existiera ese mercado gris y "lo aceptaron como algo mejor que el mercado negro dentro de un concepto sociológico de reducción de daños", es decir, prefirieron que se comercializaran cogollos de marihuana de forma ilícita porque es un mejor producto que el prensado paraguayo.
Turismo cannábico, una realidad imparable
No hay nada mejor que visitar los grow shops, tiendas especializadas en insumos para el cultivo de marihuana, para confirmar que el turismo cannábico es ya una realidad imparable en el país, pese a la prohibición de la ley. En Urugrow, ubicado en el centro de Montevideo, es raro el día que no reciben a algún turista interesado en comprar hierba. Entre sistemas de iluminación para plantas, fertilizantes y grinders, los dueños de este local les explican con paciencia que la ley uruguaya no les permite acceder a la marihuana legal, por lo que muchos, aseguran, terminan acudiendo al mercado negro.
Juan Manuel Varela, uno de los gerentes de este grow shop pionero en el país, considera que Uruguay está dejando pasar una oportunidad de negocio al prohibir la venta de marihuana a los turistas porque al final, de una forma u otra, la van a conseguir. "Siento que estamos perdiendo un ingreso importante, tanto el Estado que lo podría percibir en impuestos como los empresarios que estamos en el rubro, se pierde un nicho de trabajo. No es algo malo sacarle rédito a eso", dice a eldiario.es.
En ese sentido, también el investigador Galain considera que prohibir la venta de marihuana legal al turismo "no tiene sentido", pues "si Uruguay sostiene que creó esta ley en favor de los derechos humanos, a esos derechos deberían poder optar todos los consumidores y, por tanto, no debería haber diferenciación entre residentes y no residentes".
El Estado uruguayo, por su parte, ya ha reiterado que su propósito no es promover el turismo cannábico. A diferencia de lugares como Colorado, en EEUU, donde el turista accede a un registro durante el tiempo que allí permanece y puede adquirir varios gramos de marihuana, la nación sudamericana no tiene previsto un cambio a corto plazo.
Un país conservador pese a su ley pionera
Los consumidores lamentan que el país avanza más que sus conciudadanos. Pablo tiene 54 años, es padre de tres hijos y vive en Montevideo. En uno de los días más calurosos del verano austral, me muestra orgulloso las plantas de marihuana que tiene en su jardín para autoconsumo. Es evidente que las cosas han cambiado, aunque no olvida cómo en el pasado las autoridades le trataban "como un delincuente" si le cazaban con unos gramos de hierba en el bolsillo.
Hasta la aprobación de la ley, Pablo cultivaba cannabis en la clandestinidad sabiendo el riesgo que implicaba. Ahora, a pesar de estar registrado como cultivador doméstico, prefiere no aparecer en ninguna foto ni dar más datos personales porque, pese a la norma, asegura que Uruguay sigue siendo un país "muy conservador" y los consumidores de marihuana aún cargan con un estigma. De hecho no es fácil encontrar a consumidores de cannabis legal que quieran dar su testimonio a cara descubierta. Décadas de represión han provocado una gran desconfianza, por eso el hecho de que ahora sea obligatorio inscribirse en un registro estatal no agrada a la mayoría de usuarios. "Lo de estar en un registro no gusta a los consumidores, sobre todo a los de cierta edad que vivieron la dictadura (1973-1985)", explica Pablo. También existe el temor de que un cambio de gobierno en clave conservadora pueda suponer la abrogación de la ley que regula el mercado de la marihuana, quedando sus datos en una especie de lista negra.
Opinión similar es la que comparte Danilo, jardinero de 43 años y usuario registrado que consume marihuana desde hace muchos años. "En Uruguay existe un doble discurso, porque si bien ha habido una apertura al darnos un marco legal en el que nos podemos mover, los prejuicios siguen muy enquistados en la sociedad y eso lo complica todo", asegura Danilo, quien considera que aún queda un largo camino que recorrer en el país.
Museo del cannabis
Una hermosa casona que sirvió de club de fútbol y que fue frecuentada por músicos uruguayos como Eduardo Mateo, es desde diciembre de 2016 la sede del Museo del Cannabis en Montevideo. Dirigido por Eduardo Blasina, un ingeniero agrónomo y militante que siempre luchó por la legalización de la marihuana en Uruguay, el espacio es una mezcla de museo tradicional y jardín botánico que muestra al visitante desde la historia y diversos usos de esta planta a cómo se produjo la regulación del mercado.
"Le ley significó un avance memorable; estoy orgulloso de que Uruguay haya sido el primer país del mundo en terminar con una prohibición absurda, aunque creo que hay cosas mejorables, pues debería haber un mecanismo para que el turista pudiera comprar marihuana legalmente y no seguir condenándolo al mercado negro. También debería haber un mayor acceso al cannabis medicinal para la población", dice mientras recorremos este espacio.
El país celebra elecciones en octubre y Blasina está convencido de que el próximo gobierno deberá abordar estos temas. Sin embargo, es consciente de que ahora ningún político va a proponer una flexibilización de las normas de acceso a la marihuana, pues recibiría los ataques de los más conservadores y se arriesgaría a perder votos.
Ante la posibilidad de que ganara un gobierno conservador que pudiera dar marcha atrás a la ley que regula el mercado del cannabis, Blasina considera que es poco probable, pues en Uruguay "los sectores fundamentalistas religiosos son menos importantes que en otros países de América Latina y el sistema, en general, ha funcionado bien". "Ya es muy tarde para dar marcha atrás, volver a la prohibición sería un retroceso".
La industria del cannabis medicinal necesita un impulso
El Ejecutivo uruguayo autorizó la producción de cannabis para uso científico y medicinal y la de cáñamo industrial en febrero de 2015, sin embargo, son muchas las voces críticas que consideran que el actual gobierno de Tabaré Vázquez ha postergado el desarrollo de estos otros usos de la ley, ralentizando por ejemplo la concesión de licencias a las empresas. Compañías como Fotmer o Cannapur, que pretenden emplear a cientos de personas, hace apenas unos meses que han comenzado sus emprendimientos en el departamento de Colonia (suroeste) para producir cannabis medicinal.
No es ningún secreto que a Vázquez, médico oncólogo de profesión y enemigo acérrimo del tabaco, nunca le agradó la regulación de la marihuana que impulsó el expresidente José Mujica, pese a que ambos pertenecen a la misma coalición política, el Frente Amplio. "Tabaré Vázquez no fue un entusiasta del modelo; no es que haya ido a vía muerta como algunos pregonaban, pero para un modelo tan innovador se necesita temple y mano firme. La instrumentación de la ley no ha tenido en la agenda de gobierno ni la prioridad ni la importancia política que tuvo anteriormente", sostiene el exsecretario de la JND, Milton Romani.
Con el objetivo de dar precisamente un impulso al sector del cannabis medicinal, el pasado 17 de octubre, coincidiendo con la legalización de la marihuana recreativa en Canadá, se creó en Uruguay la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam), que reúne a unas 20 compañías. "Nos unimos en una misma voz para legitimar esta industria, para que se creen normas teniendo en cuenta las necesidades del sector. Queremos destacar la importancia y la oportunidad que este rubro significa para Uruguay", dice a eldiario.es Andrea Kruchik, miembro fundador de Cecam y cofundadora de Yvy, empresa centrada en productos orgánicos a base de cannabis medicinal.
Kruchik, quien lamenta que el veto de los bancos siga sin solucionarse, también explica cómo a raíz de la regulación de la marihuana comenzaron a surgir en el país productores de aceites y cremas cannábicas que trabajan de forma clandestina. "Se creó un mercado negro porque no se hizo una reglamentación práctica sobre cómo se podían obtener licencias y registrar medicamentos a base de cannabis. Al tratarse de un producto tan eficaz y como cada vez más gente quiere probar cosas más naturales, esa industria explotó", asegura esta emprendedora.
Legalizar esta droga con fines que exceden lo terapéutico suponía tomar una vía alternativa a la tradicional regulación prohibicionista imperante en el mundo y no han sido pocos los obstáculos a los que se ha enfrentado y sigue enfrentando a día de hoy esta ley. La negación de los bancos a trabajar con empresas que comercializan marihuana, el avance del turismo cannábico y los mercados clandestinos surgidos a raíz de la ley o el escaso desarrollo del cannabis medicinal son algunos de los problemas a resolver tras cinco años de regulación.
Sin embargo, pese a los problemas, las resistencias de parte de la sociedad y del propio aparato del Estado, Uruguay ha establecido un modelo innovador y ha marcado un camino para otros países que ahora se plantean un proceso similar.
"La estrategia de Uruguay ha sido colocarse a nivel internacional desde una óptica de derechos humanos y de avanzada. Implantamos el modelo cuando en EEUU solo había dos estados que habían legalizado la marihuana con fines recreativos", señala a eldiario.es el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, uno de los impulsores de la iniciativa y quien considera que la guerra contra las drogas y la represión "solo han demostrado que, lejos de resolver el problema, generan uno nuevo, porque aumenta la violencia y no cesa ni la producción ni el tráfico, ni el consumo".
La norma uruguaya estableció tres caminos legales para acceder a la marihuana con fines recreativos: el autocultivo, que permite hasta 6 plantas por hogar, los clubes cannábicos, con hasta un máximo de 99 plantas, y la venta en farmacias. Esta tercera vía habilita al usuario a comprar marihuana en envases de cinco gramos por 220 pesos (algo más de 6 euros) y hasta un máximo de 40 gramos por mes. Las dos variedades que se pueden adquirir son índica y sativa, que contienen entre un 7% y 9% de THC.
En cualquiera de las tres opciones el consumidor debe inscribirse en un registro, pues de lo contrario la actividad sería ilegal y podría incluso enfrentarse a penas de cárcel. Además, solo los ciudadanos nacionales o con residencia legal en el país pueden acceder a la marihuana con garantía estatal, por tanto, los turistas quedan descartados.
Según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca, el organismo encargado de hacer cumplir la ley), del total de 45.067 usuarios registrados a finales de febrero para acceder a la marihuana legal, 34.696 la compran en farmacias, mientras que 6.965 se decantan por cultivarla en sus casas y los 3.406 consumidores restantes pertenecen a alguno de los 115 clubes cannábicos que existen en el país.
Bloqueo bancario
La venta de marihuana en farmacias, la parte más complicada de la ley, se habilitó mucho más tarde que las otras dos vías, en julio de 2017. Tan solo unos días después de echar a andar se topó con el veto de la banca estadounidense, un problema que aún sigue siendo un quebradero de cabeza para los farmacéuticos, que apenas hablan sobre el tema. Las entidades bancarias se niegan a trabajar con empresas que estén vinculadas al cannabis por el temor a ser sancionadas en el exterior, pues pese a que Uruguay haya legalizado la venta de marihuana con fines recreativos, el dinero proviene de un negocio considerado como ilegal en la mayoría de países del mundo. Ante esta situación, las farmacias se las ingenian como pueden y algunas han optado por prescindir de cuenta bancaria y funcionar en efectivo.
"Aquí vienen unas 60 personas al día para comprar marihuana y, por el momento, nos manejamos en metálico", confirma a eldiario.es el encargado de una farmacia del interior del país que prefiere no ser identificado. De las más de 1.000 farmacias que existen en Uruguay, tan solo 16 venden marihuana, 7 de ellas están ubicadas en Montevideo y el resto se sitúa en 8 departamentos del total de 19 que tiene el territorio, por lo que muchos usuarios del interior deben recorrer hasta más de 100 kilómetros para adquirir el cannabis legal en estos establecimientos.
Pese a esa presión del sistema financiero de EEUU, en los últimos meses ha habido una cierta apertura, pues el Gobierno de ese país manifestó en febrero de 2018 su interés en permitir que los bancos estadounidenses puedan manejar dinero procedente del mercado de marihuana legal. También influye el hecho de que Canadá legalizara el pasado mes de octubre el consumo recreativo de esta droga.
Otro de los problemas que han vivido las farmacias uruguayas es que la demanda de marihuana ha sido mayor que la oferta, ya que solo dos empresas son las que producen cannabis con fines recreativos para abastecer a estos establecimientos. Con el objetivo de aumentar esa producción, el Gobierno abrió en febrero una licitación que permitirá que hasta cinco nuevas firmas se sumen al proyecto.
Combate al narcotráfico
Según un informe del Ircca, se estima que la ley de regulación de la marihuana en Uruguay ha logrado arrebatar al narcotráfico más de 22 millones de dólares en los últimos cinco años. Se trata de un golpe importante contra el mercado ilícito de esta droga, pero este aún resiste y se mantiene presente en el país.
El cannabis que se comercializa en Uruguay de forma ilegal procede principalmente de Paraguay, el mayor productor de marihuana en Sudamérica. Se trata de un producto de baja calidad que incluye semillas, ramas y hojas, y que al estar prensado y no secarse bien, suele tener hongos. El llamado "prensado paraguayo" sigue siendo la única opción para los consumidores que tienen menos recursos económicos, ya que 25 gramos cuestan aproximadamente 500 pesos, unos 14 euros.
Paradójicamente, tras la implementación de la ley se ha creado un segundo mercado ilegal, en el que cultivadores domésticos o integrantes de clubes cannábicos registrados desvían parte de lo que producen a venderlo y abastece principalmente a los turistas que buscan un producto de mayor calidad que el prensado paraguayo. Así lo justifica el integrante de un club cannábico que pide mantenerse en el anonimato: "Volcar el excedente de producción al mercado negro es la única manera de asegurar la rentabilidad de un club cannábico, porque son espacios que requieren una importante inversión de tiempo y dinero".
Por su parte, el investigador del Instituto alemán Max Planck, Pablo Galain, prefiere denominarlo "mercado gris", porque si bien el origen del producto es lícito después se desvía a un destino ilícito, aclara a eldiario.es. Los legisladores uruguayos, asegura, contaron con la posibilidad de que existiera ese mercado gris y "lo aceptaron como algo mejor que el mercado negro dentro de un concepto sociológico de reducción de daños", es decir, prefirieron que se comercializaran cogollos de marihuana de forma ilícita porque es un mejor producto que el prensado paraguayo.
Turismo cannábico, una realidad imparable
No hay nada mejor que visitar los grow shops, tiendas especializadas en insumos para el cultivo de marihuana, para confirmar que el turismo cannábico es ya una realidad imparable en el país, pese a la prohibición de la ley. En Urugrow, ubicado en el centro de Montevideo, es raro el día que no reciben a algún turista interesado en comprar hierba. Entre sistemas de iluminación para plantas, fertilizantes y grinders, los dueños de este local les explican con paciencia que la ley uruguaya no les permite acceder a la marihuana legal, por lo que muchos, aseguran, terminan acudiendo al mercado negro.
Juan Manuel Varela, uno de los gerentes de este grow shop pionero en el país, considera que Uruguay está dejando pasar una oportunidad de negocio al prohibir la venta de marihuana a los turistas porque al final, de una forma u otra, la van a conseguir. "Siento que estamos perdiendo un ingreso importante, tanto el Estado que lo podría percibir en impuestos como los empresarios que estamos en el rubro, se pierde un nicho de trabajo. No es algo malo sacarle rédito a eso", dice a eldiario.es.
En ese sentido, también el investigador Galain considera que prohibir la venta de marihuana legal al turismo "no tiene sentido", pues "si Uruguay sostiene que creó esta ley en favor de los derechos humanos, a esos derechos deberían poder optar todos los consumidores y, por tanto, no debería haber diferenciación entre residentes y no residentes".
El Estado uruguayo, por su parte, ya ha reiterado que su propósito no es promover el turismo cannábico. A diferencia de lugares como Colorado, en EEUU, donde el turista accede a un registro durante el tiempo que allí permanece y puede adquirir varios gramos de marihuana, la nación sudamericana no tiene previsto un cambio a corto plazo.
Un país conservador pese a su ley pionera
Los consumidores lamentan que el país avanza más que sus conciudadanos. Pablo tiene 54 años, es padre de tres hijos y vive en Montevideo. En uno de los días más calurosos del verano austral, me muestra orgulloso las plantas de marihuana que tiene en su jardín para autoconsumo. Es evidente que las cosas han cambiado, aunque no olvida cómo en el pasado las autoridades le trataban "como un delincuente" si le cazaban con unos gramos de hierba en el bolsillo.
Hasta la aprobación de la ley, Pablo cultivaba cannabis en la clandestinidad sabiendo el riesgo que implicaba. Ahora, a pesar de estar registrado como cultivador doméstico, prefiere no aparecer en ninguna foto ni dar más datos personales porque, pese a la norma, asegura que Uruguay sigue siendo un país "muy conservador" y los consumidores de marihuana aún cargan con un estigma. De hecho no es fácil encontrar a consumidores de cannabis legal que quieran dar su testimonio a cara descubierta. Décadas de represión han provocado una gran desconfianza, por eso el hecho de que ahora sea obligatorio inscribirse en un registro estatal no agrada a la mayoría de usuarios. "Lo de estar en un registro no gusta a los consumidores, sobre todo a los de cierta edad que vivieron la dictadura (1973-1985)", explica Pablo. También existe el temor de que un cambio de gobierno en clave conservadora pueda suponer la abrogación de la ley que regula el mercado de la marihuana, quedando sus datos en una especie de lista negra.
Opinión similar es la que comparte Danilo, jardinero de 43 años y usuario registrado que consume marihuana desde hace muchos años. "En Uruguay existe un doble discurso, porque si bien ha habido una apertura al darnos un marco legal en el que nos podemos mover, los prejuicios siguen muy enquistados en la sociedad y eso lo complica todo", asegura Danilo, quien considera que aún queda un largo camino que recorrer en el país.
Museo del cannabis
Una hermosa casona que sirvió de club de fútbol y que fue frecuentada por músicos uruguayos como Eduardo Mateo, es desde diciembre de 2016 la sede del Museo del Cannabis en Montevideo. Dirigido por Eduardo Blasina, un ingeniero agrónomo y militante que siempre luchó por la legalización de la marihuana en Uruguay, el espacio es una mezcla de museo tradicional y jardín botánico que muestra al visitante desde la historia y diversos usos de esta planta a cómo se produjo la regulación del mercado.
"Le ley significó un avance memorable; estoy orgulloso de que Uruguay haya sido el primer país del mundo en terminar con una prohibición absurda, aunque creo que hay cosas mejorables, pues debería haber un mecanismo para que el turista pudiera comprar marihuana legalmente y no seguir condenándolo al mercado negro. También debería haber un mayor acceso al cannabis medicinal para la población", dice mientras recorremos este espacio.
El país celebra elecciones en octubre y Blasina está convencido de que el próximo gobierno deberá abordar estos temas. Sin embargo, es consciente de que ahora ningún político va a proponer una flexibilización de las normas de acceso a la marihuana, pues recibiría los ataques de los más conservadores y se arriesgaría a perder votos.
Ante la posibilidad de que ganara un gobierno conservador que pudiera dar marcha atrás a la ley que regula el mercado del cannabis, Blasina considera que es poco probable, pues en Uruguay "los sectores fundamentalistas religiosos son menos importantes que en otros países de América Latina y el sistema, en general, ha funcionado bien". "Ya es muy tarde para dar marcha atrás, volver a la prohibición sería un retroceso".
La industria del cannabis medicinal necesita un impulso
El Ejecutivo uruguayo autorizó la producción de cannabis para uso científico y medicinal y la de cáñamo industrial en febrero de 2015, sin embargo, son muchas las voces críticas que consideran que el actual gobierno de Tabaré Vázquez ha postergado el desarrollo de estos otros usos de la ley, ralentizando por ejemplo la concesión de licencias a las empresas. Compañías como Fotmer o Cannapur, que pretenden emplear a cientos de personas, hace apenas unos meses que han comenzado sus emprendimientos en el departamento de Colonia (suroeste) para producir cannabis medicinal.
No es ningún secreto que a Vázquez, médico oncólogo de profesión y enemigo acérrimo del tabaco, nunca le agradó la regulación de la marihuana que impulsó el expresidente José Mujica, pese a que ambos pertenecen a la misma coalición política, el Frente Amplio. "Tabaré Vázquez no fue un entusiasta del modelo; no es que haya ido a vía muerta como algunos pregonaban, pero para un modelo tan innovador se necesita temple y mano firme. La instrumentación de la ley no ha tenido en la agenda de gobierno ni la prioridad ni la importancia política que tuvo anteriormente", sostiene el exsecretario de la JND, Milton Romani.
Con el objetivo de dar precisamente un impulso al sector del cannabis medicinal, el pasado 17 de octubre, coincidiendo con la legalización de la marihuana recreativa en Canadá, se creó en Uruguay la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam), que reúne a unas 20 compañías. "Nos unimos en una misma voz para legitimar esta industria, para que se creen normas teniendo en cuenta las necesidades del sector. Queremos destacar la importancia y la oportunidad que este rubro significa para Uruguay", dice a eldiario.es Andrea Kruchik, miembro fundador de Cecam y cofundadora de Yvy, empresa centrada en productos orgánicos a base de cannabis medicinal.
Kruchik, quien lamenta que el veto de los bancos siga sin solucionarse, también explica cómo a raíz de la regulación de la marihuana comenzaron a surgir en el país productores de aceites y cremas cannábicas que trabajan de forma clandestina. "Se creó un mercado negro porque no se hizo una reglamentación práctica sobre cómo se podían obtener licencias y registrar medicamentos a base de cannabis. Al tratarse de un producto tan eficaz y como cada vez más gente quiere probar cosas más naturales, esa industria explotó", asegura esta emprendedora.
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