Una sanidad pública maniatada, calada hasta el tuétano por intereses privados, sin apenas capacidad de actuación. Es el retrato del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid que ha realizado Audita Sanidad, el grupo de trabajo de auditoría ciudadana de la deuda, en un informe con la colaboración del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El estudio señala que la consejería dedicó en 2018 a "medios privados" más de 4.100 millones de euros, casi un 50% del total de su presupuesto, una cantidad que ha crecido un 15,6% desde 2015. El importe dedicado a colaboraciones público-privadas hospitalarias ha crecido un 8,4% entre 2015 y 2018, añade el estudio, que constata un creciente protagonismo de fondos de inversión. "De los siete hospitales modelo PFI [Private Finance Initiative], seis ya pertenecen a fondos de inversión", añade Audita Sanidad, que añade que los "recursos públicos transferidos" a Quironsalud/Fresenius en 2018 suponen el 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad. En cuanto al gasto farmacéutico, el informe alerta del crecimiento del 22,2% entre 2015 y 2018 y reclama una producción pública. Audita Sanidad advierte además del auge entre 2016 y 2018 de un 13,5% de la cuantía asignada a través de contratos menores. La denuncia de falta de transparencia recorre todo el documento.
Audita Sanidad señala "un deterioro programado de la sanidad pública, un incremento exponencial de la deuda y un progresivo crecimiento y consolidación del sector privado y del mercado relacionado con la industria de la salud" [ver aquí el informe]. ¿Quién gana? Entre otros agentes, farmacéuticas y fondos de inversión, señala el estudio. El informe concluye que "la industria privada" de la sanidad se ha convertido en un "agente privilegiado", con un estatus que viene fortaleciéndose desde la llegada del PP al poder, en 1995, y con un "crecimiento significativo de la cuantía económica" en el periodo analizado con mayor profundidad, 2015-2018.
Audita Sanidad denuncia además la consolidación de una dinámica de incremento continuo de la deuda, que se ha "multiplicado por ocho" en la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2018, un fenómeno que el informe vincula parcialmente con el despilfarro de una gestión sanitaria volcada en el beneficio privado. A su vez, los autores señalan cómo deuda sirve para dar cobertura a un discurso de contención de gasto en servicios públicos. Cathy Boirac, de Audita Sanidad, señaló que lo puesto de relieve por el informe servía como explicación de la fragilidad mostrada por la sanidad madrileña durante la pandemia.
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