Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han presentado esta semana una enmienda conjunta a la Ley de Propiedad Intelectual para que cerrar webs no requiera de un control judicial. "Ni siquiera el pequeño control que todavía había en la ley Sinde", alerta David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual.
De aprobarse esta modificación de la legislación actual, no sería necesaria la autorización de la Justicia para llevar a cabo el bloqueo de una página web, como sí es necesario en la actualidad. "Estas enmiendas culminan el proceso iniciado con la ley Sinde de apartar a los jueces de la facultad exclusiva de cerrar páginas web", asegura Bravo a Xataka.
Mantiene que "no es casualidad que este tipo de leyes represivas a nivel nacional y europeo coincidan en el tiempo, sino que se debe a que la industria nunca ha dejado de ejercer su labor de lobby mientras que los internautas hemos relajado —cuando no completamente abandonado— la defensa de nuestros derechos".
La enmienda a la LPI ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (se puede consultar aquí, es la número 32) y sus firmantes son el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tal y como explica el jurista en el su perfil de Twitter, la ley Sinde que permitía que un órgano del Ministerio de Culturapudiera cerrar webs sin control judicial si dicho órgano, conocido como comisión Sinde, consideraba que la web en cuestión infringía la propiedad intelectual.
Este detalle trascendental movilizó a gran parte de los activistas e internautas presionando al PSOE, que terminó asegurando que habría tutela de la Justicia, aunque con matices. "Si el cierre no afectaba a la libertad de expresión el juez tenía que ejecutarlo sin poder discutir el fondo del asunto", explica David Bravo. Si el bloqueo sí afecta a ese derecho, el asunto cambia actualmente.
Sin embargo, si se aprueba esta enmienda y posibilidades tiene, dado que PP, PSOE y Ciudadanos suman lo suficiente en el Congreso de los Diputados, ni siquiera se necesitará ese permiso.
De la situación actual, en la que la ley dice que "la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la previa autorización judicial", pasaríamos a que esta no sea necesaria. Lo siguiente dice la enmienda conjunta de los tres grupos parlamentarios:
"La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".
"Así culminan definitivamente lo de quitarse a los jueces de encima. Y lo sacarán, tienen los votos", dice Bravo. "Esta misma propuesta de liquidar al completo el control judicial para cerrar webs es la que frenaron en 2011 porque era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas".
A partir de ahora, la enmienda a este proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual tendrá que ser aprobada en el pleno del Congreso, pasando el texto a la comisión parlamentaria correspondiente y abriéndose un nuevo plazo de enmiendas al articulado. El proceso legislativo continuaría con una ponencia, una deliberación en comisión, una deliberación en el pleno y su envío al Senado para, después, volver al Congreso. En las Cortes Generales debería recibir la aprobación final.
Esta aparente vuelta a la guerra contra las descargas se inició con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando el nuevo ministro de Cultura estrenó las multas a webs de descargas de la Comisión Sinde-Wert con una sanción de 375.000 euros. Ha sido la primera multa impuesta desde la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual gracias a una potestad sancionadora impulsada por el PP que ahora el PSOE usa por primera vez.
De aprobarse esta modificación de la legislación actual, no sería necesaria la autorización de la Justicia para llevar a cabo el bloqueo de una página web, como sí es necesario en la actualidad. "Estas enmiendas culminan el proceso iniciado con la ley Sinde de apartar a los jueces de la facultad exclusiva de cerrar páginas web", asegura Bravo a Xataka.
Mantiene que "no es casualidad que este tipo de leyes represivas a nivel nacional y europeo coincidan en el tiempo, sino que se debe a que la industria nunca ha dejado de ejercer su labor de lobby mientras que los internautas hemos relajado —cuando no completamente abandonado— la defensa de nuestros derechos".
La enmienda a la LPI ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (se puede consultar aquí, es la número 32) y sus firmantes son el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tal y como explica el jurista en el su perfil de Twitter, la ley Sinde que permitía que un órgano del Ministerio de Culturapudiera cerrar webs sin control judicial si dicho órgano, conocido como comisión Sinde, consideraba que la web en cuestión infringía la propiedad intelectual.
Este detalle trascendental movilizó a gran parte de los activistas e internautas presionando al PSOE, que terminó asegurando que habría tutela de la Justicia, aunque con matices. "Si el cierre no afectaba a la libertad de expresión el juez tenía que ejecutarlo sin poder discutir el fondo del asunto", explica David Bravo. Si el bloqueo sí afecta a ese derecho, el asunto cambia actualmente.
Sin embargo, si se aprueba esta enmienda y posibilidades tiene, dado que PP, PSOE y Ciudadanos suman lo suficiente en el Congreso de los Diputados, ni siquiera se necesitará ese permiso.
De la situación actual, en la que la ley dice que "la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la previa autorización judicial", pasaríamos a que esta no sea necesaria. Lo siguiente dice la enmienda conjunta de los tres grupos parlamentarios:
"La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".
"Así culminan definitivamente lo de quitarse a los jueces de encima. Y lo sacarán, tienen los votos", dice Bravo. "Esta misma propuesta de liquidar al completo el control judicial para cerrar webs es la que frenaron en 2011 porque era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas".
A partir de ahora, la enmienda a este proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual tendrá que ser aprobada en el pleno del Congreso, pasando el texto a la comisión parlamentaria correspondiente y abriéndose un nuevo plazo de enmiendas al articulado. El proceso legislativo continuaría con una ponencia, una deliberación en comisión, una deliberación en el pleno y su envío al Senado para, después, volver al Congreso. En las Cortes Generales debería recibir la aprobación final.
Esta aparente vuelta a la guerra contra las descargas se inició con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando el nuevo ministro de Cultura estrenó las multas a webs de descargas de la Comisión Sinde-Wert con una sanción de 375.000 euros. Ha sido la primera multa impuesta desde la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual gracias a una potestad sancionadora impulsada por el PP que ahora el PSOE usa por primera vez.
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