Este desequilibrio hace sospechar a la oposición que, al igual que en los últimos años, el Gobierno podría aprobar otro crédito extraordinario de cientos de miles de euros. De hecho, fuentes de Defensa señalan que el principal condicionante para que el crédito les sea concedido será “la situación económica en Hacienda”.
Además de la prefinanciación millonaria con la que el Ministerio de Industria tranquilizó hace meses a las empresas armamentísticas fabricantes (nerviosas por la falta de liquidez de Defensa), el Gobierno ha concedido dos partidas extraordinarias en 2012 y 2013.
La primera, en 2012, fue de 1.787 millones de euros, que se sumaron a los 4,95 que los PGE habían aprobado inicialmente. El último crédito, al que el Congreso dio luz verde el pasado 1 de agosto, concedió otros 877 millones extra a los 6,84 iniciales, previstos en las cuentas del Estado.
La partida inicial de los PGE para el próximo año se dedicará a tres programas especiales de armamento: el de los helicópteros de combate Tigre, el de los aviones de transportes Airbus A400M y el del caza Eurofighter. Este último programa, el del Eurofighter, ha sido el que más dinero ha costado en 2012: 376,49 millones de euros. Todos los demás aguardan impacientes un nuevo aguinaldo del Consejo de Ministros.
En 2012, el Ministerio fijó la factura total de los Programas Especiales de Armamento en 33.345 millones de euros a pagar hasta 2030, algo que consideró “insostenible”. En mayo de 2013, el número dos del ministro, el secretario de Estado Pedro Argüelles, anunció una rebaja de esta deuda, gracias a la renegociación con las empresas. La factura se redujo hasta los 29.495 millones. De estos, unos 6.000 millones ya se han abonado y otros 15.000 fueron prefinanciados por el Ministerio de Industria.
La deuda se redujo, sobre todo, tras la renuncia a adquirir 27 aviones: 14 cazas Eurofighter y 13 aeronaves de transporte A-400M. No obstante, la cantidad sigue siendo ingente y supone más del 2% del PIB.
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