La contundencia con la que se han vuelto a expresar esta Diada centenares de miles de catalanes redobla la presión sobre el Govern, que se ha comprometido a dar una solución al problema político que su ciudadanía le manifiesta. Desde el comienzo del proceso soberanista, precisamente en la Diada de 2012, el Govern de Mas ha estado siempre por detrás de una sociedad civil que le exigía pasos adelante sin pensar demasiado en todas esas cosas en las que un gobierno tiene que pensar, como son los procedimientos legales, los acuerdos entre ejecutivos o el acomodo a la Constitución.
Un apoyo envenenado
A menos de dos meses de la fecha pactada para celebrar la consulta, CiU tiene serios problemas para cumplir el compromiso. Por un lado, ha explorado todas las fórmulas legales posibles para poner las urnas y, si todo va según lo previsto, no queda nada para que halle la certeza anunciada de que no la hay, en cuanto el Constitucional paralice la ley de Consultas que se aprobará en el Parlament el viernes 19. Por otro, sacar las urnas sin respaldo legal en un acto de desobediencia es algo que, además de no estar en la cultura política “de orden” de CiU, no parece que vaya a darle réditos electorales y sí problemas legales, incluso de tipo penal.
Para la gigantesca masa social que salió a la calle el jueves y formó una V para reclamar votar el 9N, los problemas de CiU son solo de CiU y de nadie más. El primer compromiso de un gobierno es con su ciudadanía, y el catalán ha prometido una consulta. En este sentido, el respaldo casi acrítico de las entidades organizadoras al Govern es un apoyo envenenado. Hasta hoy el ejecutivo de Mas no ha incumplido ninguno de los pasos marcados en la hoja de ruta. Declaración de soberanía, pacto amplio sobre la fecha y la pregunta, petición al Congreso de la competencia para celebrar referéndums, ley de Consultas… mientras las cosas han ido por el carril consensuado, el movimiento soberanista ha estado cohesionado.
Pero el proceso está a punto de darse de bruces contra la necesidad de desbordar la legalidad desde las instituciones o morir. Ante esa dicotomía, cientos de miles de catalanes respondieron esta última Diada que quieren votar el 9N cueste lo que cueste, de acuerdo con la legalidad estatal o no, de conformidad o no con los intereses de los partidos catalanes. “President, ponga las urnas”, espetó claramente Carme Forcadell en el momento cumbre de la manifestación.
Sin marcha atrás
A partir de aquí, no hay vuelta atrás. Artur Mas sabe que el favor del soberanismo puede tornarse en la peor de las iras si la consulta no se realiza, pues este movimiento ha demostrado que no se apaga solo, que no atiende a razones de tipo legal ni acepta imposiciones que no pasen por las urnas. Con este convencimiento, Mas ha vuelto a pedir al Gobierno español una negociación. "El Gobierno y las instituciones del Estado aún están a tiempo de escuchar el clamor pacífico y democrático del pueblo catalán”, aseguró el president la víspera de la Diada, un ofrecimiento que casi sonó a súplica en la comparecencia tras recibir a las representantes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana después de la manifestación.
Para el Govern, la única salida de emergencia es una improbable negociación con el Gobierno de Rajoy que le permita hacer la consulta de forma legal. La gestión de una decepción el 10 de noviembre es más peligrosa que cualquier momento anterior del proceso, y la quiebra de la confianza en el Govern sería la puntilla para una CiU tocada y casi hundida. Después de la V, cambiar la consulta por otras fórmulas y no morir en el intento roza lo imposible.
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