Sellar la paz con el Ministerio de Hacienda le costó a Manuela Carmena más de 500 millones del presupuesto y una crisis de Gobierno con el cese de su hasta entonces delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. El objetivo era tener el acuerdo con el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro para que debloquease las obras financiadas con Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que había paralizado cautelarmente la Justicia tras un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. Dos meses después de la tormenta en el Ayuntamiento de Madrid, esas inversiones podrían no estar garantizadas, según ha podido saber eldiario.es, a pesar de que el Consistorio ha cerrado las cuentas de 2017 con más 1.120 millones de euros de superávit.
Hacienda remitió recientemente una carta al Ayuntamiento de Madrid cuestionando la interpretación de la ley que estaría aplicando el Gobierno municipal para las IFS, aseguran a este medio fuentes del área de Economía y Hacienda. Según interpreta el Ministerio, las inversiones que no estuvieran ejecutadas a 31 de diciembre, deben pararse hasta que el Ejecutivo de Rajoy no apruebe la disposición este año para que los ayuntamientos dispongan de su remanente de tesorería. La opción alternativa que da Hacienda al Ejecutivo de Ahora Madrid es que financie las obras con el presupuesto ordinario, es decir, con las cuentas de este año para las que el Ayuntamiento solo iba a destinar 140 millones de euros a inversiones.
El montante de esas IFS que están en cuestión asciende a 240 millones. Teniendo en cuenta el limitado presupuesto para este año, lo que plantea el Ministerio supondría paralizar las obras hasta que hubiera un nuevo marco para estas inversiones. Los Presupuestos Generales del Estado a día de hoy están en el aire dado que el Gobierno central no cuenta con los apoyos necesarios para aprobarlos. Montoro incluso ha dado a entender que no supondría ningún problema tirar este año con prórroga presupuestaria si no hay acuerdo para sacar las cuentas. A esto hay que añadirle, que el marco de las IFS podría cambiar, algo que dejaría los proyectos del Consistorio en papel mojado.
El Ayuntamiento de Madrid hace una interpretación completamente diferente a la del Ministerio. Para el Consistorio, estas inversiones para las que ya se aprobó un crédito anticipado, pueden seguir adelante ya que el dinero ya estaba comprometido con el remanente de tesorería de 2016. Hacienda y el Ayuntamiento mantuvieron una reunión para tratar estas discrepancias, según explicó la delegada de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo, este mismo jueves. Todavía no hay una resolución de qué va a pasar. El equipo del actual concejal de Economía y Hacienda se muestra optimista y piensa que se llegará a un acuerdo y de no llegar, descartan por completo que se paren las obras. En ese caso, la vía volvería a ser la judicial.
Desde el Gobierno de Carmena quitan importancia a esta comunicación por carta y aseguran que entra dentro del intercambio habitual entre ambas administraciones. Fuentes del área de Economía y Hacienda afirman que las relaciones con la nueva dirección de la Concejalía son buenas y que Hacienda está "tranquila" porque el Ayuntamiento "está obedeciendo" en todo momento con las exigencias del departamento de Montoro.
Incumplimiento de la regla de gasto en 42,8 millones
Este jueves el diario ABC publicaba que el Ayuntamiento incumplió la regla de gasto en 2017 por 53,3 millones de euros. El plan económico pactado con Hacienda perdonaba un incumplimiento de 100 millones de euros, pero tras la liquidación del ejercicio aprobada este jueves en Junta de Gobierno, el exceso ha sido finalmente de 142,8 millones. Por tanto, el Gobierno de Manuela Carmena ha incumplido en 42,8 millones.
La diferencia de cifras puede explicarse fácilmente: el Ayuntamiento de Madrid remitió una liquidación presupuestaria provisional al Ministerio de Hacienda, quien ha filtrado la información a ABC, pero el cierre definitivo ha dado un incumplimiento de 42,8 millones de euros.
La liquidación presupuestaria ha arrojado otras cifras que se hicieron públicas este jueves: el Gobierno de la capital ha cerrado las cuentas en 2017 con 1.120 millones de superávit y ha devuelto 450 millones de deuda. Estas cifras que pueden a priori considerarse buenas, no van a impedir que el Ayuntamiento de Madrid tenga que aprobar un acuerdo de no disponibilidad por unos 43 millones de euros por haber incumplido la regla de gasto en 2017. El Gobierno de Rajoy no los va a perdonar.
Esto supone retener del presupuesto de este año ese importe. Actualmente, el Consistorio ha aprobado una prórroga presupuestaria ya que no cuenta con presupuestos nuevos para este año. La prórroga implica que se parte con el presupuesto de 2017, pero para cumplir con Hacienda hay que recortar esos más de 500 millones que se exceden del techo de gasto acordado en el plan económico.
Según la delegación de Jorge García Castaño, el acuerdo de no disponibilidad se hará sobre esos 500 millones y que por tanto no supondrá recortes para el presupuesto fijado para 2018: 3.375 millones. Desde el área, también reconocen que esta solución puede rechazarse por parte Ministerio, por lo que esos 43 millones se restarían de los presupuestos de este año.
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