La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), la empresa pública que gestiona las nueve autopistas de peaje en quiebra rescatadas por el Estado, ha pedido permiso al Ministerio de Hacienda para deducirse en los próximos años, y siempre que consiga beneficios, hasta 243 millones de euros en el Impuesto de Sociedades.
Según explica en sus últimas cuentas anuales, SEITT presentó el pasado 29 de enero una consulta ante la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda "relativa a la deducibilidad, a efectos del Impuesto de Sociedades, de los gastos reconocidos como consecuencia de la entrega gratuita de activos ferroviarios al ADIF y ADIF AV". Gastos que a cierre de 2017 "superaron los 974 millones de euros".
"Siguiendo el principio de prudencia, no se ha recogido en las cuentas del ejercicio la hipotética deducibilidad de estos gastos. Si finalmente la respuesta de la Dirección General de Tributos confirmase su deducibilidad, supondría reconocer un crédito por pérdidas a compensar del ejercicio superior a los 243 millones de euros".
Sin respuesta
Según fuentes del Ministerio de Fomento, al que está adscrita SEITT, Tributos todavía no ha respondido a la consulta formulada por la empresa estatal. Con este movimiento contable, SEITT podría compensar las pérdidas en las que ha incurrido por los gastos dedicados para entregar esos activos a Adif, que son fruto de convenios con el Ministerio de Fomento para la construcción de infraestructuras ferroviarias.
Se trata, subrayan en el Ministerio, de unas deducciones teóricas. En el caso de que Hacienda les diera el visto bueno, SEITT solo va a poder deducirse gradualmente esos créditos fiscales en el Impuesto de Sociedades de los próximos años si su resultado es positivo. Eso no ocurre desde 2013, cuando registró un beneficio de cerca de 2 millones. Desde entonces, sus pérdidas han superado los 105 millones. Buena parte (82,7 millones) correspondieron al ejercicio 2017, cuando todavía no había asumido la gestión de las autopistas en quiebra.
En 2017, la empresa ya tenía registrados créditos fiscales pendientes de activación por importe de más de 40 millones. Se trata de activos por impuestos diferidos relacionados con los intereses de demora por una inspección de Hacienda que se cerró en octubre 2015.
La empresa estatal, que desde julio pasado tiene como director general a Julián López Milla, exdiputado del PSOE por Alicante, se constituyó en 2005 para hacerse cargo, como entidad instrumental, de la construcción de las obras de carreteras y ferroviarias que le encargase ese departamento.
Posteriormente, fue el vehículo elegido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para hacerse cargo de las autopistas de peaje construidas en los años de la burbuja que rescató el Estado: las cuatro radiales (R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid Arganda del Rey, R-4 Madrid-Ocaña y R-5 Madrid Navalcarnero), la M-12, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
El anterior Gobierno pretendía relicitar a lo largo de este año esas vías, pero ante la falta de apetito de los inversores, el plan ha quedado en suspenso hasta, por lo menos, 2019, mientras está pendiente el importe que el Estado deberá abonar a las antiguas concesionarias en virtud de la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que, tras la rescisión de los contratos de concesión de las vías, obliga a resarcir a las antiguas propietarias por la inversión que realizaron y que no pudieron amortizar.
Por lo pronto, y, para intentar incrementar el tráfico y la rentabilidad de estas autopistas, actualmente infrautilizadas, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció el martes una bajada media del 30% en los peajes que cobran a partir del 15 de enero. "No solamente vamos a conseguir mantener los actuales estados de ingresos sino que la previsión es mejorarlos", dijo el viernes Ábalos, tras el Consejo de Ministros que aprobó la rebaja de los peajes. Esta irá acompañada de la gratuidad de estas vías en horario nocturno.
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