La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tiene en vigor ocho licencias para el cultivo de plantas de Cannabis. Cinco están autorizadas con fines de investigación y las tres restantes para la producción y/o fabricación de Cannabis y sus productos con fines médicos y científicos. El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) impondrá una demanda en los próximos días contra la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el oscurantismo en la concesión de dichas licencias, según ha sabido La Celosía.
Hace escasos días este Observatorio denunció en un comunicado la falta de transparencia y las prácticas de monopolio que rodean la concesión de licencias del sector por parte del Gobierno. El empresario Juan Abelló, ex propietario de Alcaliber, que cuenta con una de las plantas de producción de opiáceos más modernas del mundo, es uno de los beneficiados por la AEMPS. Linneo Health, SL, de la que Torreal, la firma de inversiones de Abelló controla cerca del 40%, es una de las compañías autorizadas para producir estupefacientes con fines médicos. Compiten con ella, Cáñamo y Fibras Naturales SL, autorizada también para fines de investigación, y Oils4Cure SL.
La Junta Directiva del Observatorio de Cannabis presentó recientemente el informe ‘Licencias para cultivo de cannabis, análisis a partir de las últimas informaciones dadas por AEMPS’. Destaca la falta de transparencia, y que las respuestas del Gobierno son contradictorias y no existe un procedimiento administrativo claro, que proporcione igualdad de oportunidades. Con esta presentación quiere destacar la opacidad absoluta en que se mueve el proceso de concesiones. El informe se ha entregado también a los principales grupos políticos, solicitándoles una ley de cannabis medicinal completa e integral, con sitio para las personas.
Prohibido el autocultivo a los usuarios medicinales
A pesar de las recientes recomendaciones de la OMS del pasado 24 de enero a la ONU sobre las evidencias de que el cannabis está clasificado inadecuadamente en las listas de los convenios internacionales, no se permite el autocultivo de los usuarios medicinales que siguen sufriendo procedimientos penales, sanciones por tenencia y conducción e incluso en algunos caso penas de prisión. Al mismo tiempo, se autoriza, en régimen de oligopolio, el cultivo a grandes compañías, algunas de ellas internacionales u operadas desde paraísos fiscales, con criterios poco claros.
Desde el Observatorio de Cannabis se critica la falta de información sobre la trazabilidad de las semillas que intervienen en los estupefacientes. También se considera inaplicable la ley que regula las sustancias psicotrópicas en España que califican de una simple transposición de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Los representantes de esta asociación cannabica están inscritos en los registros de transparencia de Bruselas y Cataluña y se plantean apuntarse al de la Comunidad de Madrid cuando crean conveniente defender los intereses de sus asociados.
Dentro de su responsabilidad está influir en la agenda de política de cannabis de la UE y España, así como desarrollar recomendaciones para la legislación sobre el consumo de cannabis y el cultivo de cannabis en el hogar.
Hace escasos días este Observatorio denunció en un comunicado la falta de transparencia y las prácticas de monopolio que rodean la concesión de licencias del sector por parte del Gobierno. El empresario Juan Abelló, ex propietario de Alcaliber, que cuenta con una de las plantas de producción de opiáceos más modernas del mundo, es uno de los beneficiados por la AEMPS. Linneo Health, SL, de la que Torreal, la firma de inversiones de Abelló controla cerca del 40%, es una de las compañías autorizadas para producir estupefacientes con fines médicos. Compiten con ella, Cáñamo y Fibras Naturales SL, autorizada también para fines de investigación, y Oils4Cure SL.
La Junta Directiva del Observatorio de Cannabis presentó recientemente el informe ‘Licencias para cultivo de cannabis, análisis a partir de las últimas informaciones dadas por AEMPS’. Destaca la falta de transparencia, y que las respuestas del Gobierno son contradictorias y no existe un procedimiento administrativo claro, que proporcione igualdad de oportunidades. Con esta presentación quiere destacar la opacidad absoluta en que se mueve el proceso de concesiones. El informe se ha entregado también a los principales grupos políticos, solicitándoles una ley de cannabis medicinal completa e integral, con sitio para las personas.
Prohibido el autocultivo a los usuarios medicinales
A pesar de las recientes recomendaciones de la OMS del pasado 24 de enero a la ONU sobre las evidencias de que el cannabis está clasificado inadecuadamente en las listas de los convenios internacionales, no se permite el autocultivo de los usuarios medicinales que siguen sufriendo procedimientos penales, sanciones por tenencia y conducción e incluso en algunos caso penas de prisión. Al mismo tiempo, se autoriza, en régimen de oligopolio, el cultivo a grandes compañías, algunas de ellas internacionales u operadas desde paraísos fiscales, con criterios poco claros.
Desde el Observatorio de Cannabis se critica la falta de información sobre la trazabilidad de las semillas que intervienen en los estupefacientes. También se considera inaplicable la ley que regula las sustancias psicotrópicas en España que califican de una simple transposición de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Los representantes de esta asociación cannabica están inscritos en los registros de transparencia de Bruselas y Cataluña y se plantean apuntarse al de la Comunidad de Madrid cuando crean conveniente defender los intereses de sus asociados.
Dentro de su responsabilidad está influir en la agenda de política de cannabis de la UE y España, así como desarrollar recomendaciones para la legislación sobre el consumo de cannabis y el cultivo de cannabis en el hogar.
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