"Hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos". Un
obispo español resume de este modo la preocupación que se respira en la
Conferencia Episcopal Española (CEE) ante el anuncio del preacuerdo
entre Unidas Podemos y el PSOE para formar un Gobierno progresista. Un
Ejecutivo que, de llevarse a cabo la investidura, querrá imponer una
agenda social y en las antípodas de una ultraderecha en ascenso. "Y en
ese juego, la Iglesia tiene todas las de perder", apunta el prelado.
La
Asamblea Plenaria del Episcopado que arranca este lunes estará copada
por el análisis del resultado electoral y las repercusiones que este
podría tener para la Iglesia. Tanto es el miedo que, por primera vez en
décadas, el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, no ha enviado la preceptiva felicitación al vencedor en las urnas, Pedro Sánchez.
Se espera que el lunes, durante el discurso inaugural,
Blázquez sí felicite al líder del PSOE y apunte algunas de las claves de
las relaciones entre la Iglesia y el futuro Gobierno que los expertos
consultados resumen en dos: "Sana independencia y mutua colaboración".
Otro
prelado, esta vez de la línea moderada, calcula que en pocos meses, el
nuevo Gobierno podría abordar algunos de los privilegios de la Iglesia. Desde las inmatriculaciones
al pago del IBI, pasando por el futuro de la clase de Religión o la
regulación de los conciertos educativos. E incluso la famosa casilla de
la Iglesia en la declaración de la renta.
De hecho, en
la sesión reservada del próximo miércoles, los obispos debatirán, a
puerta cerrada, la estrategia que seguirán. De momento, continúan siendo
mayoría los que apuestan por oponerse al Ejecutivo, frente a la línea
francisquista que aboga por tender la mano, esperar acontecimientos y no
mezclarse en política. Algo difícil de pensar en el caso de la Iglesia
española.
Curiosamente, esto sucede tras una campaña
electoral en la que no se habló para nada de la Iglesia –tan sólo el
PSOE recuperó su histórica denuncia de los Acuerdos entre la Iglesia y
el Estado, y las inmatriculaciones–, ni de las cuestiones más polémicas:
aborto, fiscalidad,
educación, eutanasia... La asistencia en el fin de la vida ha sido el
único punto, junto al de la Memoria Histórica, del preacuerdo
PSOE-Unidas Podemos que afecta directamente a los "valores
irrenunciables" de los que habla la ultraderecha eclesial.
Después
de varias décadas de amagar sin dar, parece que en esta ocasión los
socialistas sí parecen dispuestos a denunciar los Acuerdos
Iglesia-Estado (negociados a la par que la Constitución), y cambiarlos
por un convenio internacional con el Estado Vaticano, que regule las
relaciones con la Iglesia católica, pero sin los privilegios actuales,
siguiendo las pautas de una sociedad laica.
El modelo
es Francia, aun siendo conscientes de que los vecinos galos llevan más
de un siglo con una ley (1905) que consagra la laicidad, hasta el punto
de que las iglesias son propiedad del Estado, como se ha comprobado en el reciente incendio de Notre Dame.
Privilegios en cuestión
Por
el momento, y sin que se hayan formado las Cortes, la ministra de
Educación en funciones, Isabel Celáa, ya prendió la mecha de los convenios de la enseñanza concertada
y sus declaraciones sobre que la libre elección de centro, uno de los
mantras de la concertada católica, no está amparado por la Constitución.
También está pendiente de resolver el tema de la asignatura de
Religión, que la LOMCE elevó a evaluable y cuya nota cuenta para el
promedio, algo que podría cambiar con la anunciada modificación de la
ley de José Ignacio Wert.
La publicación del esperado informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia durante
la vigencia de la Ley Aznar (1998-2015) podría ser otra de las medidas
de los primeros meses de Gobierno. Otra cuestión pendiente, y no menor,
es la casilla de la Iglesia en la Renta, que podría ponerse en cuestión.
En
un último término aparece la denuncia de los Acuerdos con la Santa
Sede, aunque en este punto el PSOE quiere hilar fino, pues el Vaticano
es un Estado legítimo, uno de los más antiguos del mundo, con convenios
diplomáticos con casi todos los países. Además, tanto Pedro Sánchez como
Pablo Iglesias reconocen la capacidad de liderazgo internacional del
Papa Francisco. El líder de Podemos incluso estuvo a punto de
materializar una audiencia con Bergoglio hace un par de años, frustrada
solo en el último momento.
Con la mirada puesta en la
incertidumbre económica y en los ataques de Vox a los inmigrantes, el
nuevo Ejecutivo quiere mantener los lazos con el tercer sector y las
grandes organizaciones, muchas de ellas católicas, que lideran el
trabajo de promoción social y la acogida a los refugiados y migrantes.
La relación con la cúpula del clero es otra cosa, y también dependerá de
qué mirada política acabe pesando más en el centro de poder de la
iglesia española.
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