El Parlamento de Castilla y León pagaba para que se publicase información favorable en determinados periódicos y para que la televisión privada que financia la Junta de Castilla y León hiciese un programas laudatorios de media hora. Todo se cargaba a las arcas públicas de la región. De los 3,6 millones de euros en publicidad institucional durante cuatro años en la anterior legislatura y bajo la presidencia de Silvia Clemente, no toda la prensa autonómica salió igual de beneficiada.
Radio Televisión Castilla y León propiedad del constructor burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo -condenado en el caso de la Construcción- y del leonés José Luis Ulibarri, imputado en tres causas de corrupción, se lleva prácticamente la mitad de ese presupuesto, 1,6 millones.
Es lo que ingresa la televisión por un programa de información parlamentaria en una televisión con baja audiencia pero que logró inflar sus ingresos a base de publirreportajes sobre el parlamento autonómico y su presidenta. En tres años el precio del programa televisivo 'Nuestras Cortes', un espacio de tan sólo media hora adjudicado a dedo, no dejó de crecer mientras el formato se mantuvo invariable.
El contrato más antiguo que está en el portal de Trasparencia del Parlamento es de 2014. En esa etapa, presidía las Cortes, Josefa García Cirac. Mediante un proceso negociado sin publicidad al que sólo fue invitada Radio Televisión Castilla y León, se adjudicó el programa en dos contratos separados de 100.390,15 euros iva incluido cada uno, y 200.780 euros en total. Pero esa cantidad aumentó notablemente en 2015, año electoral. Las Cortes subió la apuesta inicial y adjudicó el mismo contrato a la misma empresa por 317.902 euros. No fue por un aumento de trabajo, ya que se emitieron menos programas debido a las elecciones de 2015 y a la disolución del Parlamento tres meses antes de las mismas. Estos contratos pasan por la Mesa de las Cortes, integrada en ese momento por PP y PSOE. Nadie preguntó como podía subir tanto el precio de un programa de media hora para cubrir la actividad parlamentaria de la región.
Mientras García Cirac fue presidenta sólo contrataba a Promecal y a Radio Televisión Castilla y León. Clemente, obsesionada por su imagen pública ya desde su etapa en la Consejería de Agricultura, donde repartía generosísimas partidas de publicidad, decidió abrir el abanico y acabó dando publicidad a más de una treintena de medios.
Media hora de imágenes de refrito y una entrevista
En 2016, con Clemente al frente de las Cortes, los contratos se multiplicaron, medios que apenas habían tenido un contrato para publicitar una jornada de puertas abiertas vieron como se abría otra nueva fuente de ingresos. Periódicos, radios y digitales aumentaron su cuenta de ganancias, pero la televisión de Ulibarri y Méndez Pozo volvió a ser la estrella. Con el mismo programa de media hora, de nuevo ganó más dinero que en el ejercicio anterior: 376.425 euros. Cada programa semanal de 'Nuestras Cortes' salió ese año a 9.600 euros a pesar de que tan sólo hacía un refrito con informaciones parlamentarias de la semana, cubiertas por los servicios informativos de la televisión, que ya se mantenía con cargo a los presupuestos de la Junta, y una entrevista a un diputado autonómico. En 2017, se mantuvo ese precio y en 2018 bajó levemente, 367.807 euros, mientras que en 2019 también se ha bajado ligeramente el coste a 334.600 euros. En los contratos no sólo son llamativas las cifras, también las fechas: algunos años se firmaban en los dos primeros meses, en otros en el segundo semestre.
eldiario.es se dirigió a Radio Televisión Castilla y León para conocer más datos de esas adjudicaciones. Desde la televisión confirmaron que se trata de un contrato anual que pasa por todos los controles legales y parlamentarios. Además, a preguntas de este diario comentaron que no han cobrado aún la factura de 2019. En estos momentos, según explican fuentes parlamentarias, se está tramitando de nuevo la adjudicación a dedo de ese programa.
Información pagada
Otra de las empresas mejor remuneradas por las Cortes es Promecal, también propiedad, esta vez a 100% y no al 50% como RTVCyL, de Antonio Miguel Méndez Pozo. El Parlamento Autonómico paga más de 100.000 euros al año por la "contratación del servicio anual de publicación de dos páginas quincenales sobre las Cortes de Castilla y León en los periódicos del Grupo Promecal". La información que se sirve no va identificada como publicidad, y tampoco se precisa en los contratos, todos exactos, cuántos periódicos tiene el grupo -en la actualidad tres diarios y tres semanarios-. Por hacer información pagada, Promecal ingresó 477.000 euros en cuatro años. Desde Promecal apuntan que no se trata de contratos publicitarios sino de un contrato de "prestación de servicios" que consiste en publicar información parlamentaria. Las mismas fuentes precisaron que las informaciones que pagan las Cortes no van identificadas como publicidad "porque no lo son". Sin embargo, así lo considera el Parlamento, que en su portal de Transparencia hace constar la información de estos y otros contratos bajo el epígrafe de 'Publicidad institucional'.
Pero no todo son grandes cifras. Entre las empresas también aparecen pequeños medios digitales que recibieron pequeñas atenciones publicitarias de las Cortes de Castilla y León. Al menos uno de ellos recibió un total de 451 euros en 2018. El mismo día en que ese digital publicaba un editorial intentando desacreditar la investigación realizada por eldiario.es sobre la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, una publicidad del Parlamento colgaba de la web.
Radio Televisión Castilla y León propiedad del constructor burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo -condenado en el caso de la Construcción- y del leonés José Luis Ulibarri, imputado en tres causas de corrupción, se lleva prácticamente la mitad de ese presupuesto, 1,6 millones.
Es lo que ingresa la televisión por un programa de información parlamentaria en una televisión con baja audiencia pero que logró inflar sus ingresos a base de publirreportajes sobre el parlamento autonómico y su presidenta. En tres años el precio del programa televisivo 'Nuestras Cortes', un espacio de tan sólo media hora adjudicado a dedo, no dejó de crecer mientras el formato se mantuvo invariable.
El contrato más antiguo que está en el portal de Trasparencia del Parlamento es de 2014. En esa etapa, presidía las Cortes, Josefa García Cirac. Mediante un proceso negociado sin publicidad al que sólo fue invitada Radio Televisión Castilla y León, se adjudicó el programa en dos contratos separados de 100.390,15 euros iva incluido cada uno, y 200.780 euros en total. Pero esa cantidad aumentó notablemente en 2015, año electoral. Las Cortes subió la apuesta inicial y adjudicó el mismo contrato a la misma empresa por 317.902 euros. No fue por un aumento de trabajo, ya que se emitieron menos programas debido a las elecciones de 2015 y a la disolución del Parlamento tres meses antes de las mismas. Estos contratos pasan por la Mesa de las Cortes, integrada en ese momento por PP y PSOE. Nadie preguntó como podía subir tanto el precio de un programa de media hora para cubrir la actividad parlamentaria de la región.
Mientras García Cirac fue presidenta sólo contrataba a Promecal y a Radio Televisión Castilla y León. Clemente, obsesionada por su imagen pública ya desde su etapa en la Consejería de Agricultura, donde repartía generosísimas partidas de publicidad, decidió abrir el abanico y acabó dando publicidad a más de una treintena de medios.
Media hora de imágenes de refrito y una entrevista
En 2016, con Clemente al frente de las Cortes, los contratos se multiplicaron, medios que apenas habían tenido un contrato para publicitar una jornada de puertas abiertas vieron como se abría otra nueva fuente de ingresos. Periódicos, radios y digitales aumentaron su cuenta de ganancias, pero la televisión de Ulibarri y Méndez Pozo volvió a ser la estrella. Con el mismo programa de media hora, de nuevo ganó más dinero que en el ejercicio anterior: 376.425 euros. Cada programa semanal de 'Nuestras Cortes' salió ese año a 9.600 euros a pesar de que tan sólo hacía un refrito con informaciones parlamentarias de la semana, cubiertas por los servicios informativos de la televisión, que ya se mantenía con cargo a los presupuestos de la Junta, y una entrevista a un diputado autonómico. En 2017, se mantuvo ese precio y en 2018 bajó levemente, 367.807 euros, mientras que en 2019 también se ha bajado ligeramente el coste a 334.600 euros. En los contratos no sólo son llamativas las cifras, también las fechas: algunos años se firmaban en los dos primeros meses, en otros en el segundo semestre.
eldiario.es se dirigió a Radio Televisión Castilla y León para conocer más datos de esas adjudicaciones. Desde la televisión confirmaron que se trata de un contrato anual que pasa por todos los controles legales y parlamentarios. Además, a preguntas de este diario comentaron que no han cobrado aún la factura de 2019. En estos momentos, según explican fuentes parlamentarias, se está tramitando de nuevo la adjudicación a dedo de ese programa.
Información pagada
Otra de las empresas mejor remuneradas por las Cortes es Promecal, también propiedad, esta vez a 100% y no al 50% como RTVCyL, de Antonio Miguel Méndez Pozo. El Parlamento Autonómico paga más de 100.000 euros al año por la "contratación del servicio anual de publicación de dos páginas quincenales sobre las Cortes de Castilla y León en los periódicos del Grupo Promecal". La información que se sirve no va identificada como publicidad, y tampoco se precisa en los contratos, todos exactos, cuántos periódicos tiene el grupo -en la actualidad tres diarios y tres semanarios-. Por hacer información pagada, Promecal ingresó 477.000 euros en cuatro años. Desde Promecal apuntan que no se trata de contratos publicitarios sino de un contrato de "prestación de servicios" que consiste en publicar información parlamentaria. Las mismas fuentes precisaron que las informaciones que pagan las Cortes no van identificadas como publicidad "porque no lo son". Sin embargo, así lo considera el Parlamento, que en su portal de Transparencia hace constar la información de estos y otros contratos bajo el epígrafe de 'Publicidad institucional'.
Pero no todo son grandes cifras. Entre las empresas también aparecen pequeños medios digitales que recibieron pequeñas atenciones publicitarias de las Cortes de Castilla y León. Al menos uno de ellos recibió un total de 451 euros en 2018. El mismo día en que ese digital publicaba un editorial intentando desacreditar la investigación realizada por eldiario.es sobre la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, una publicidad del Parlamento colgaba de la web.
No hay comentarios:
Publicar un comentario