Diciembre de 2018. José Manuel Villarejo lleva 13 meses en prisión y muchos intentos fallidos para salir de ella. El entonces magistrado al frente del caso Tándem, Diego de Egea, que había rechazado previamente su excarcelación, tanteó la alternativa de dejarle en libertad provisional. Sin embargo, la oposición de Anticorrupción, su posterior salida de la Audiencia Nacional y el aterrizaje de su sucesor Manuel García Castellón dieron al traste con cualquier posibilidad de que Villarejo lograra su propósito... hasta esta semana. El cambio de rumbo marcado por el tribunal que le juzgará por tres de los 30 encargos privados investigados terminó por precipitar su salida de prisión ante la imposibilidad de juzgarle antes de alcanzar el máximo legal de cuatro años. ¿Fallo del sistema o choque de trenes en la Audiencia Nacional? La polémica está servida.
Los investigadores trabajan a contrarreloj en uno de los casos más complejos y voluminosos que se recuerdan. El procedimiento, que arrancó con una denuncia anónima en Anticorrupción a mediados de 2017, se ha convertido en una causa ingobernable. Parte del motivo reside en todo el material que el comisario guardaba en su domicilio y en su oficina de la Torre Picasso y que ha traído de cabeza a los agentes de Asuntos Internos que lo llevan estudiando desde hace años. Primero porque se encontraron con que estaba encriptado (aunque el espía niega estos hechos) y segundo porque muchos de los documentos y materiales hallados afectaban a grandes empresas del Ibex, a la Policía, a importantes banqueros y empresarios y hasta la Casa Real. Cuidado máximo en el análisis de todo lo que atesoró el policía que trabajó al servicio de gobiernos de uno y otro color político.
Tras la pista de su patrimonio
En estos tres años y tres meses se han abierto una treintena de líneas de investigación diferente; una por cada encargo de espionaje privado con los que amasó la friolera de 23,55 millones de euros, de acuerdo con uno de los últimos autos del juez al que ha tenido acceso La Información. Además, el CGPJ salió al rescate de Manuel García Castellón. Designó dos magistrados más para aminorar la carga de un juzgado más que saturado que también dirige las mediáticas causas Lezo, Púnica, Aquamed o CDR, entre otras tantas. Sin embargo, no ha sido suficiente. El tiempo ha jugado en su contra y no han podido sentarle en el banquillo y condenarle en estos cuatro años de plazo de prisión provisional. No hay que olvidar que esta medida de privación de libertad está muy delimitada.
Los verdaderos obstáculos que ha afrontado el triángulo Fiscalía-Asuntos Internos-Audiencia Nacional han sido el volumen ingente de material grabado por Villarejo (que ha ido dando pie a nuevas líneas de investigación) y el 'frenazo' en algunas de las principales piezas (como la de Iberdrola) a la espera de pruebas clave. Cabe tener en cuenta que algunas diligencias practicadas retrasan todavía más el avance de la instrucción. Una de ellas ha sido la búsqueda de su patrimonio fuera de España. Este mismo jueves Villarejo negaba esos extremos, pero la Policía acreditó hace ya tiempo que tiene ocultos al menos 20 millones de euros en el extranjero. De hecho, hace menos de un mes se libró una comisión rogatoria a Uruguay para acotar la fortuna gestionada a través de múltiples sociedades que puso a nombre de sus hijos, su mujer Gemma Alcalá o su socio Rafael Redondo.
Así pues, con este escenario y la dificultad añadida de la crisis sanitaria, el instructor aceleró el año pasado con tres piezas concretas (Iron, Land y Pintor) y las cerró dejándolas pendiente de vista oral. La Sección Cuarta, que es la que enjuiciará estos hechos, entró en escena a principios de febrero sentando las bases de hacia donde se dirigirá el procedimiento. Primero anunció que se celebraría un único macrojuicio y después acordó la libertad del espía en esas tres piezas. A efectos prácticos no implicaba cambio real, porque el policía también suma prisión sin fianza por las otras investigaciones. Sin embargo, al retirarle la condición de preso, su enjuiciamiento dejaba de ser un asunto preferente. De hecho, la vista se ha señalado para diciembre, un mes después de que expire el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional. Ello implicaba que Villarejo sería juzgado sí o sí estando en libertad, un escenario que no gustó en Anticorrupción.
A juicio con los delitos leves
Por eso, el órgano que dirige Alejandro Luzón recurrió estas decisiones y reprochó al tribunal este giro de los acontecimientos. La respuesta al recurso de súplica fue incluso más dura. El tribunal que presidirá Ángela Murillo (misma magistrada que juzgó las black o el caso Bankia) alegó que Anticorrupción no puede marcar la agenda y le recordó que no se puede mantener en prisión al comisario jubilado por delitos leves. En otras piezas -como la principal- afronta tipos más graves como el de organización criminal o blanqueo de capitales, pero no es este el caso. Sus trabajos de espionaje para el despacho Herrero y Asociados (Iron); para parte de la familia de los García Cereceda (Land) o para los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara (Pintor) le dejaron con un pie en el banquillo por los delitos de cohecho (gestionó estos trabajos privados mientras estaba en activo en la Policía) y revelación de secretos.
Para la Sala no se puede hacer una "proyección expansiva" de lo que ocurre en otras piezas más graves, por lo que a principios de semana la libertad de Villarejo era prácticamente un hecho. Así pues, Anticorrupción pidió al juez que le excarcelara y éste, en esa misma mañana, redactó el auto de su libertad. Antes de sacarle de Estremera, no obstante, le embargó un total de 53 fincas cercando de este modo el uso que pudiera hacer de su patrimonio. Además, le impuso comparecencias diarias en el juzgado más cercano a su domicilio familiar de Boadilla del Monte en aras a evitar una posible fuga que Villarejo descarta. Él mismo se encargó de dejarlo claro en su primera declaración a los medios que le esperaban el jueves en la Audiencia Nacional. Estaba citado por dos piezas menores del caso y tenía previsto comparecer desde Estremera, pero este viraje hizo que, por primera vez en cuarenta meses, declarara en libertad.
Cuando salió de la Audiencia atendió a la prensa. Como si de uno de sus famosos comunicados se tratara, supo muy bien a quien apuntar. Dijo que la maniobra de su detención la orquestó Sanz Roldán -el 'gran Lord protector'-a quien situó incluso detrás de la denuncia anónima que llegó a Anticorrupción. Añadió que fue advertido de esto en 2016, cuando le sugirieron que se marchara de España. "¡Eso es lo que quisieran, que yo huyera!", dijo al respecto. También lanzó un aviso a navegantes apuntando que iba a "desenmascarar" a todos y que se tendría que haber "recordado la presunción de inocencia". Villarejo abandonó las dependencias judiciales asegurando que iba a descansar y a recuperar el tiempo perdido con su familia. Fuentes de su entorno más cercano consultadas por La Información apuntan a esa línea, pero, tratándose de Villarejo, esa 'pausa' tiene los minutos contados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario