En un acto de firme denuncia, Europa Laica ha condenado la decisión gubernamental de cargar sobre el erario público las compensaciones a las víctimas de abusos perpetrados dentro de la Iglesia Católica. La entidad pro-secularización arremete contra lo que describen como una injusta transferencia de responsabilidad financiera de una institución plagada por escándalos de abusos sexuales hacia menores, a los ciudadanos comunes.
La entidad alega que la Iglesia, ensombrecida por su complicidad y ocultación en estos crímenes, cuenta con vastos recursos propios, acumulados gracias a la extensiva "benevolencia" estatal que incluye asignaciones multimillonarias y beneficios fiscales.
Europa Laica argumenta que, más allá de la indemnización, el Estado debe cortar todos los lazos económicos que perpetúan la influencia eclesiástica en el sistema educativo, poniendo fin a los conciertos educativos que permiten a la Iglesia operar escuelas financiadas con fondos públicos, insistiendo en que las políticas públicas deben garantizar un entorno educativo libre de adoctrinamiento y violencia clerical.
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