En el panorama energético español, una revisión minuciosa de las cuentas ha desentrañado un escenario alarmante. Durante los últimos dos años, un exceso de cobro de 12.000 millones de euros ha sido impuesto a familias y empresas a través de las facturas de luz y gas. Esta situación, descubierta en las últimas liquidaciones de los sectores eléctrico y gasista, ha llevado al gobierno a contemplar seriamente la necesidad de reducir la parte fija de las facturas energéticas para aliviar la carga de los consumidores.
Esta sobrecarga financiera, exacerbada por la imposición del Impuesto Especial y del IVA sobre la porción fija del recibo, ha sido una consecuencia directa de las políticas gubernamentales que las compañías energéticas han seguido al pie de la letra. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reportó una "desviación transitoria entre ingresos y costes" de 3.435,3 millones de euros solo entre enero y octubre del año pasado. Esta cifra, combinada con un superávit de 6.190 millones en 2022, eleva la suma total de los dos ejercicios a 9.625 millones de euros.
La aplicación del IVA reducido del 5% ha incrementado en la práctica esta cifra en otros 481 millones. De haberse mantenido el gravamen del 21%, el sobrecoste habría ascendido a 2.021 millones. En cuanto al sector del gas, las liquidaciones hasta septiembre reflejan un superávit acumulado de 2.671 millones de euros, lo que, junto con un excedente del año anterior, suma 2.682 millones de euros.
La CNMC aclara que los peajes incluidos en las facturas no son para las compañías distribuidoras, sino que se redistribuyen entre varios agentes con costes regulados. Estos costes regulados incluyen transporte, distribución, comercialización a tarifas y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. Los diversos gobiernos, particularmente desde la privatización del sistema, han incluido en los recibos cargos destinados a financiar la operación de la red y la construcción de nuevas infraestructuras.
El superávit generado, que ha llegado a cantidades desmesuradas, proviene principalmente de los consumidores o de los presupuestos del estado. Según la Fundación Renovables, estos cargos resultan ser seis veces mayores para los hogares que para la gran industria, y más del doble para las pequeñas y medianas empresas.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha tardado en responder a este desequilibrio económico, y aunque se ha comprometido a destinar este superávit a la reducción de tarifas, aún está por ver cómo se implementará esta medida en la práctica.
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