En una reciente entrevista, José Antonio Naz, líder de Andalucía Laica, ha arrojado luz sobre la persistente batalla por una educación laica en España, destacando los retos y contratiempos enfrentados por los defensores de este principio. A lo largo de dos décadas, han urgido a gobiernos sucesivos a erradicar la enseñanza religiosa de las aulas, argumentando que infringe los derechos humanos fundamentales y la libertad de pensamiento de los menores. A pesar de las promesas y acuerdos parlamentarios, la aplicación efectiva de la laicidad en la educación sigue siendo una asignatura pendiente, con la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas ejerciendo una influencia considerable.
La preocupación central radica en el tratamiento de los estudiantes que optan por no cursar religión. Según Naz, estos alumnos son efectivamente marginados, obligados a "estar secuestrados" durante esas horas, lo que evidencia una falta de equidad y una violación de su libertad. Este problema se ve exacerbado por la descentralización educativa, permitiendo a las comunidades autónomas determinar cómo gestionar estas situaciones, lo cual Naz considera peligroso.
Además, Naz critica la actitud complaciente de los partidos políticos, incluso aquellos que se proclaman defensores de la laicidad, acusándolos de no actuar con la determinación necesaria para implementar cambios legislativos significativos. Argumenta que las presiones de la Iglesia y la confusión entre lo público y lo privado contribuyen a mantener el status quo, incluso en un país que se ha secularizado rápidamente según las encuestas.
La entrevista también aborda la influencia de la extrema derecha en la política educativa, sugiriendo que esta tendencia agrava la situación al promover una fusión de ideologías religiosas y políticas en el ámbito público. Naz insiste en la necesidad de derogar los acuerdos preconstitucionales con el Vaticano, que perpetúan los privilegios de la Iglesia en la educación, financiados por todos los contribuyentes.
Finalmente, Naz hace un llamado a la acción, exhortando a los partidos políticos a comprometerse con la laicidad educativa, respetando la Constitución y los derechos de los niños a una educación basada en la ciencia y los valores democráticos, en lugar de en dogmas religiosos. Esta lucha, sostiene, es crucial no solo para proteger los derechos individuales, sino también para fomentar una sociedad más justa e igualitaria.
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