14 sept. 2018

Albert Rivera dice ser doctorando y la UAB le desmiente

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, desató una espiral de acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus insinuaciones sobre su tesis doctoral en la sesión de control al Gobierno el pasado miércoles cambiando la pregunta que estaba prevista. Sánchez reaccionó nervioso y con inusual dureza, ante la satisfacción de su interlocutor, que ponía contra las cuerdas al propio presidente y al líder de la oposición, Pablo Casado, por su máster.
No pensaba Rivera que el ventilador podría llegar a despeinarle. El caso es que en el currículum actualizado que figura en la web de su partido, entre otros méritos académicos, se asegura que es doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues bien, La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, ha asegurado que Rivera no está matriculado en este centro y por lo tanto no puede considerarse doctorando.

“No es un doctorando, no no lo es”, ha reiterado en distintas ocasiones Arboix preguntada por la cuestión en el programa Els Matins de Catalunya Ràdio.
Currículum de Albert Rivera en la web de Ciudadanos
Currículum de Albert Rivera en la web de Ciudadanos (Mario Chaparro)
Es cierto que Rivera cursó estudios de doctorando en el pasado pero no puede calificarse así si no está matriculado. En la web del Parlament de Catalunya aparecen consignados correctamente los estudios dedoctorado en Derecho Constitucional cursados en el 2003 en la UAB. En su lista de créditos académicos también incluía un curso de marketing político en la Universidad George Washington en el año 2009.
El Cercle d’Economia divulgó en 2015 un currículum en el que se afirmaba que Rivera era doctor en Derecho y el curso de la universidad norteamericana era un máster. Cs lo atribuyó en un principio a un error de la entidad, aunque el Círculo mantiene que no se equivocó. Posteriormente, Ciudadanos ha aclarado que seguramente el error fue de la secretaria del partido que envió la información al Círculo.
Por otro lado, Ciudadanos ha modificado hoy mismo el currículum de su líder en la web del Congreso de los Diputados, donde no aparece la condición de doctorando. Ahora, ha habido una actualización y aparece el máster en Derecho que no figuraba hace apenas unas horas.

El máster sí que figuraba en el currículum de 2015 en la web del Parlament de Catalunya. El partido naranja ha añadido que además de una licenciatura en Derecho tiene un máster. Ese máster lo cursó en 2002 por ESADE en la Universitat Ramon Llull. La Vanguardia ha contactado con esta universidad ha podido saber que este máster se sacaba con la misma licenciatura de Derecho. Ahora mismo, con el plan Bolonia no sería posible sacarse la licenciatura y el máster a la vez.

13 sept. 2018

Así hemos regalado 18.000 millones de euros a las eléctricas en la factura de la luz

Los consumidores españoles pagan una de las tarifas eléctricas más caras de Europa. La escalada de los precios en el mercado mayorista en este inicio de septiembre, marcando máximos anuales —este pasado miércoles se superaron los 75 euros por megavatio a la hora—, ha encarecido la factura un 12% más con respecto a hace un año. De media, un consumidor español paga casi nueve euros más al mes en su recibo doméstico que 365 días antes. 
En pleno debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica, Greenpeace ha publicado este jueves un ilustrativo informe titulado Ayudas opacas a las energías sucias en tu factura que ayuda a entender por qué en España la luz es más cara que en otros países europeos. 
Greenpeace relata, después de una investigación de varios meses, que en España el precio de la factura eléctrica viene determinado sólo en un 40% por el consumo del usuario y en un 60% por los llamados costes regulados —sólo los precios de la subasta eléctrica diaria, por ejemplo, suponen un 35% del recibo final—, entre los cuales hay que incluir los 800 millones anuales con los que el Estado subvenciona actualmente a las centrales eléctricas, una energía sucia y altamente contaminante.
De hecho, la organización ecologista denuncia que en los últimos 20 años, desde 1998, el Estado español ha subvencionado con 18.000 millones de euros a las empresas que mantienen centrales eléctricas. Unas ayudas a una "energía sucia" que, además de contribuir a dañar el medio ambiente, pagan en forma de sobrecoste los ciudadanos a través de la factura eléctrica. Greenpeace añade que España es el país de Europa que más subvenciona a las centrales con energías sucias para mantenerlas aunque no generen electricidad.
Estas subvenciones se denominan "Pagos por capacidad" y empezaron a funcionar a finales de los años 90 —aunque con otro nombre—, cuando gobernaba José María Aznar. Envalentonadas por las altas expectativas de consumo, las compañías eléctricas se lanzaron a construir centrales de forma masiva bajo el padrinazgo del propio Gobierno de Aznar. Pero, como  explica Greenpeace en su informe, "no se cumplieron las previsiones y la burbuja eléctrica explotó. La crisis económica precipitó el descenso de la demanda, cuyas previsiones de crecimiento ya estaban infladas".
Pese a ello, estas ayudas han sido permanentes en los últimos años y todavía a día de hoy se siguen concediendo independientemente de que las centrales generen o no electricidad, asegura Greenpeace.
En su informe, los ecologistas detallan los tipos de ayudas que existen y el sobrecoste que han supuesto a las arcas del Estado. Hubo una primera fase, entre 1998 y 2007, en la que el Estado concedió 10.000 millones de euros a las eléctricas en concepto de "garantía de potencia" de las centrales.
En 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, esas ayudas pasaron a denominarse "pagos por capacidad".  El Gobierno socialista empezó a pagar unas subvenciones para resarcir a las compañías eléctricas de las inversiones realizadas —los llamados "Pagos por nuevas instalaciones", que han supuesto 3.600 millones de euros hasta 2017— a la que posteriormente se añadió otra ayuda, el "Pago por disponibilidad", que, según Greenpeace, sirve para garantizar el suministro y "compensar a las plantas de carbón, gas, fuel y nuclear (además de las hidroeléctricas) por estar disponibles". Han sido 1.000 millones de euros del erario público entre 2011 y 2017.
"Además", abunda Greenpeace, "se seguía manteniendo el carbón a golpe de subvenciones, como aquellas que incentivaban la compra de carbón nacional —las llamadas "Restricciones por Garantía de Suministro o RGS" que supusieron 2.800 millones entre 2011 y 2014— o ayudas a las centrales para que contaminasen menos de lo que marca la ley —el "Pago por inversión medioambiental", otros 490 millones entre 2007 y 2017—.
"En España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura de los picos de demanda", asegura Greenpeace
Todo este dinero —una media de 800 millones de euros al año de media desde 2007— lo sufragan los consumidores con su recibo de la luz. "No es de extrañar, por tanto, que tengamos una de las facturas más elevadas de Europa", asegura Greenpeace en su informe, en el que también denuncia la opacidad de este sistema, ya que el Estado no publica a quién concede las subvenciones ni qué instalaciones en concreto las perciben. 
Hay, además, otro tipo de pago por capacidad, el de "interrumpibilidad", que no va destinado a las centrales eléctricas, aunque también está incluido en la factura de la luz: 500 millones al año para las grandes industrias consumidoras de electricidad a cambio de que cesen su producción en los momentos en los que pudiera haber un déficit de suministro, "algo que ha ocurrido en contadísimas ocasiones", enfatiza Greenpeace.

Expediente de Bruselas

​El aumento del precio de la luz se entiende aún menos si se tiene en cuenta que en España hay una sobreoferta de producción eléctrica. "La llegada de las renovables no vino acompañada de una sustitución de las energías sucias, que se sumaban a éstas. Con lo cual, en España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura de los picos de demanda. La potencia instalada es de más 104.000 megavatios (MW), y solo en determinados días de invierno o verano la demanda supera los 40.000 MW", se lamenta Greenpeace, que además denuncia que estas subvenciones ha permitido mantener "un sistema eléctrico viejo y contaminante".
Greenpeace recuerda que en 2017 la Comisión Europea abrió un expediente a España por uno de sus pagos por capacidad, el de "inversión medioambiental". Desde 2007 el Estado ha concedido unos 440 millones de euros a las centrales de carbón para que reduzcan su impacto medioambiental, pero Bruselas considera que estas ayudas pueden ser ilegales "porque no están enfocadas a garantizar el suministro sino al cumplimiento de los límites de emisión y, además, falsea la competencia en el mercado de la electricidad al beneficiar una tecnología por encima de otras".
Ante este panorama, Greenpeace aboga por eliminar estas subvenciones "o al menos regularlas de manera más estricta y transparente". También propone priorizar las energías renovables y "facilitar que las personas generen y compartan la electricidad en sus comunidades" y abrir así "una puerta a la esperanza" para el futuro.

10 sept. 2018

El derecho a orinar

Después de analizar los recién estrenados urinarios ecológicos en París, se demuestra que el problema central de las administraciones públicas continúa siendo la incomprensión del uso del aseo público per se, ya que se ignora por completo la visión de y para las mujeres, negándoles el acceso a ellos.
Recientemente y a modo de experimento, la alcaldía de París ha colocado cuatro urinarios públicos, ecológicos y gratuitos en las calles parisinas como respuesta al descontento de la población por las acciones incívicas de los turistas que visitan la capital francesa.
Se trata de una estructura metálica pintada de color rojo solo apta para personas que hacen sus necesidades de pie. Estos urinarios ecológicos, con una ligera cobertura lateral, tienen dos funciones: la de urinario y, además, sirven como maceteros. Estos están llenos de paja, con la intención de reducir los olores y usarse para crear fertilizantes.
Uno de los puntos que ha generado más controversia ha sido el urinario colocado delante del río Sena, en la Ille Saint-Louis, cerca de la catedral de Notre Dame. A pesar de que la alcaldía se defiende de las críticas asegurando que los urinarios se han instalado por petición popular, muchos residentes ya han mostrado su total desacuerdo asegurando que incitan al exhibicionismo, tal como asegura este artículo en The Guardian.
A pesar de las críticas, el consistorio ya ha asegurado que durante estos días se incorporará un quinto urinario cerca de la Estación Del Norte.
En Barcelona, este verano el ayuntamiento también ha reforzado la red de aseos públicos gratuitos y accesibles, especialmente en el distrito de Ciutat Vella, una de las zonas con mayor afluencia turística. Actualmente, tal como se muestra en el mapa , en el distrito solo hay dos baños públicos – en Plaça dels Àngels y Plaça del Teatre- y cinco cabinas permanentes; indudablemente, la incorporación temporal de nueve aseos públicos ha mejorado el entorno urbano y el civismo, aunque estos baños solo permanecerán en estos espacios hasta finales de septiembre.
Mapa de los WC públicos en el Distrito de Ciutat Vella
Mapa de los WC públicos en el Distrito de Ciutat Vella TERESA GARCÍA ALCARAZ
Uno de estos aseos públicos temporales está colocado en la plaza de Terenci Moix; un espacio de encuentro vecinal donde los jóvenes del barrio dedican su tiempo libre a jugar al baloncesto, practicar bailes tradicionales, entre otras actividades. A pesar de que la plaza está rodeada de equipamientos, tanto públicos como privados, los usuarios aseguran que para ellos es complicado poder acceder al baño sin tener que consumir. "Este baño público debería estar siempre aquí", menciona un usuario.
Los baños públicos gratuitos [de género neutro] deberían ser elementos vitales en nuestras ciudades. O, al menos, elementos urbanos a considerar si el objetivo es construir espacios justos e inclusivos. De hecho, el acceso al baño público no debería ser tan complicado ya que debe entenderse como un derecho público más y ser un tema central en las agendas urbanas.
Y es que, en la actualidad, encontrar un aseo público gratuito es misión imposible; o bien son solo aptos para clientes o son de pago en el mismo espacio público así como en algunos edificios públicos como las estaciones intermodales (cabe recordar los baños en la estación de Atocha, gestionados por una entidad pública y con un coste de 60 céntimos o la decisión de ADIF de privatizar los lavabos de la estación de Sants de Barcelona).
La concesión y prestación del servicio de baños públicos debe ofrecer una oportunidad desde las instituciones para satisfacer no solo la necesidad individual sino el derecho colectivo. Así es como surgió el programa Nette Toilette (Nice toilet), que lleva implementándose desde el año 2000 en distintas ciudades alemanas.
En vez de crear una red pública de aseos públicos gratuitos desde las instituciones –lo que suponía una alta inversión para cubrir de una manera eficiente las necesidades de la población- se propuso involucrar a los dueños de los negocios para que los transeúntes pudiesen usar los baños sin necesidad de consumir.
Todos aquellos establecimientos que quieran unirse a la iniciativa reciben una pegatina reconocible para colocarla en la entrada de sus locales; además, el ayuntamiento compensa a cada comerciante con una tasa que varía entre 30 a 100 euros mensuales. Así es como años después, el programa ha salido muy rentable –según los datos aportados en este artículo publicado en Citylab-.
Dieciocho años más tarde, este programa ya cuenta con más de 200 ciudades alemanas que siguen este modelo, incluyendo algunas ciudades de Suiza. ¿Estarían dispuestas las ciudades españolas a implementar un programa similar a “Nette Toilette”?

9 sept. 2018

Manuela Carmena será candidata en 2019 incluso si no logra un acuerdo con Podemos e IU

Manuela Carmena ha tomado la decisión: se presentará a la reelección en las elecciones municipales de 2019. Así lo han confirmado a eldiario.es fuentes del entorno de la alcaldesa, una noticia adelantada por El País. La decisión está tomada al margen de los partidos que la llevaron a la Alcaldía en 2015: Podemos, IU y Ganemos. La regidora quiere tener las manos libres para configurar su lista con personas de su máxima confianza y descarta así primarias.
La forma jurídica para presentarse a los comicios sería la de una Agrupación de Electores, en la que Carmena espera poder contar con personas de Podemos e IU que ella apruebe. "De esta manera no hay cuotas de partidos y no tiene que despachar con Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Equo", aseguran las mismas fuentes. Aún así, de no contar con personas de estas formaciones, Carmena se presentará igualmente a los comicios del próximo mayo. El nombre de la candidatura está por decidir ya que al abandonar el partido instrumental no será Ahora Madrid. 


La alcaldesa lanza un órdago a las formaciones que integran la coalición en el Ayuntamiento de Madrid. El anuncio va en contra del acuerdo al que llegaron Podemos e IU en julio para presentarse conjuntamente a las elecciones en Madrid, que hablaba de primarias proporcionales, una papeleta con todas las siglas y un programa electoral hecho desde las bases. 
Con la propuesta de Carmena, que no ha sido todavía comunicada a Podemos ni Izquierda Unida, se acaba con primarias y siglas políticas. Las fuentes consultadas aseguran que si las formaciones no quieren sumarse a la lista de la regidora, Manuela Carmena se presentará a las elecciones aunque tenga que competir con una lista alternativa de las formaciones que la llevaron a la Alcaldía. 

Reacciones

El dirigente de Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, ha sido el primero de la formación liderada por Pablo Iglesias en reaccionar a la decisión de Manuela Carmena. Errejón, a través de un vídeo en la red social Facebook, ha calificado como una "magnífica noticia" tener "al menos cuatro años más una candidatura de cambio en Madrid". 
La primera reacción a la ya confirmada candidatura de Manuela Carmena ha venido de la mano Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Causapié ha calificado de "positiva" la decisión de la alcaldesa. La reacción contrasta con el absoluto silencio de Podemos, pese a que la formación llevaba año y medio buscando que la alcaldesa repitiera.
La única reacción por parte del Gobierno de Ahora Madrid ha sido la de Carlos Sánchez Mato, dirigente de IU, en su cuenta de Twitter. Sin nombrar expresamente a la alcaldesa, Sánchez Mato ha querido lanzar un mensaje: "la  estabilidad de una pirámide se garantiza asentándola sobre la base y no sobre el vértice #SiempreUnidadPopular".


El "optimismo" del Gobierno de Ahora Madrid por que la decisión de Carmena pudiera ser afirmativa, como aseguraba este martes la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, se ha transformado en silencio en el Ejecutivo municipal. 

El PSOE descarta unirse a Carmena

Por su parte, el PSOE ha rechazado unirse a la agrupación electoral que liderará Carmena, según confirma José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid. “Nuestro respeto absoluto a otras fuerzas políticas que decidan presentarse y sus procesos internos pero nosotros vamos a ir a las elecciones con nuestras siglas y nuestros candidatos elegidos democráticamente por los militantes del partido”, ha afirmado, según recoge El País. Pretenden que el proyecto de los socialistas sea "propio" y "autónomo".
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha declarado asimismo esta mañana que ve "positivo" el anuncio de Carmena, de la que ha destacado su "capacidad de negociar y llegar a acuerdos". Ha añadido que la actual  alcaldesa es "una rival importante para cualquier partido político".