16 oct. 2017

Europa Laica denuncia la retransmisión abusiva de eventos religiosos en RTVE por un coste de 6 millones de euros de dinero público al año

La asociación laicista Europa Laica ha denunciado la “retransmisión abusiva de eventos religiosos” en RTVE y acusa al ente público de llevar a cabo una “invasora y evangelizadora programación católica” cuyo coste para el erario público que cifran en unos seis millones de euros al año “que sale del bolsillo de toda la ciudadanía, religiosa o no”.

Desde Europa Laica informan que ya en el año 2013 elevaron una queja sobre esta cuestión ante RTVE y que la única respuesta que obtuvieron fue que “también se ofrecían espacios de otras religiones, tratando así de legitimar un Estado pluriconfesional, contrario al marco constitucional”, que define España como un Estado aconfesional, por lo que la asociación muestra su “rechazo ante las reiteradas violaciones del principio de no confesionalidad del Estado” por parte del ente público.
TVE-MisaDenuncian, además, que la Iglesia Católica ya dispone de sus propios medios de comunicación privados, algunos de ellos en parte “financiados por el Estado”.

Como ejemplos de los muchos espacios de carácter religioso cedidos por RTVE, la asociación señala el magazine radiofónico de fin de semana “No es un día cualquiera”, que tiene previsto que el próximo sábado 14 de octubre sea emitido íntegramente desde Ávila con motivo del “año jubilar Teresiano”, del mismo modo que anteriormente lo han hecho con “año jubilar Lebaniego” o el de Caravaca.

También destacan el programa “Esto me suena”, que cada lunes por la tarde lleva una sección presentada por un sacerdote que lleva a cabo “una glosa del sermón dominical católico”, un hecho que la asociación considera “improcedente e impropio para un medio de comunicación que se nutre de los impuestos de toda la ciudadanía” cuando la Constitución proclama la no confesionalidad del Estado.

Ante estos hechos, Europa Laica insta al “relevo obligado del Consejo de Administración RTVE y de su presidencia” y llama a los partidos políticos a que “no olviden el compromiso asumido de manera abrumadora” por el Congreso el pasado 22 de junio de llevar a cabo la renovación de la dirección de RTVE, para el que se dio un plazo de tres meses que está próximo a agotarse.

La asociación recuerda que, de no ser así, se elegiría al Consejo y al presidente de RTVE mediante el procedimiento reglamentario vigente, sin concurso público, “lo que supondría un gravísimo retroceso y la perpetuación de un modelo antidemocrático y en nada acorde con la más elemental pluralidad”.
Aunque desde Europa Laica dicen ser conscientes de que este movimiento “no asegura que la RTV pública deje de mostrar un perfil confesional o pluriconfesional” pero sí manifiestan su insistencia en “la aplicación de principios constitucionales de laicidad, es decir, de neutralidad, en este ámbito de comunicación pública”.

15 oct. 2017

Miles de manifiestantes piden en Granada "una sanidad pública y digna"

Varios miles de asistentes (80.000 según estimaciones de los organizadores, 25.000 según cálculos de la Policía Nacional, y 12.000 según las cifras de Policía Local) han acudido este domingo a la manifestación convocada por la asociación Justicia por la Sanidad en la que se ha planteado un decálogo de peticiones tras la denominada "desfusión" hospitalaria puesta en marcha por la Junta, a la que con esta marcha se le ha reprochado que haya "incumplido" los acuerdos alcanzados el pasado mes de febrero con las plataformas sanitarias y los plazos para articular "dos hospitales completos".
El doctor Jesús Candel, conocido en las redes sociales como Spiriman, ha hablado de 80.000 asistentes a la manifestación, resaltando que la participación ha sido "impresionante a pesar de que era puente", y se ha mostrado "agradecido" con asistentes que han acudido desde Algeciras (Cádiz) y Huelva.
En este sentido, el doctor ha indicado que se encuentran "defraudados con los partidos políticos que van a privatizar la sanidad", y ha manifestado que seguirán "luchando por la ciudad y la gente".
Jesús Candel, conocido como Spiriman, en la manifestación en Granada bajo el lema "Granada por una sanidad pública y digna". EFE/Pepe Torres
En declaraciones a los medios en la propia manifestación, Candel ha manifestado que por parte de las autoridades andaluzas "siempre esperan que esto se desinfle" y que "juegan con el miedo de los profesionales", pero "determinadas personas en la Junta de Andalucía han abusado de su poder y han comprado y creado una administración paralela en la sanidad y dejan de invertir ese dinero en lo que realmente es necesario".
Un año después de la primera manifestación masiva contra la fusión hospitalaria, que fue posteriormente derogada, la manifestación de este domingo, bajo el lema 'Granada por una sanidad pública digna', ha dado comienzo a las 12,00 horas en la Delegación de Salud de la Junta, en la avenida del Sur, y ha concluido alrededor de las 14,30 horas en la Fuente de las Batallas, donde ha estado instalado un escenario. La batucada 'Sambiosis' y la agrupación 'Funk Off' han amenizado el camino.
Miles de personas han participado en la manifestación organizada por la asociación Justicia por la Sanidad bajo el lema "Granada por una sanidad pública y digna". EFE/Pepe Torres
La manifestación ha contado con el respaldo de la plataforma Granada por su salud, que engloba a 35 organizaciones de profesionales sanitarios, pacientes, consumidores, comerciantes, sindicatos y partidos políticos, la cual sostiene que los plazos marcados por la Consejería de Salud en el proceso para revertir la fusión hospitalaria "no se han cumplido".

Reivindicaciones

La manifestación ha planteado que la administración actúe en torno a los siguientes puntos: delimitación de las dos zonas hospitalarias; información sobre ratios de profesionales y camas por pacientes y restitución de las plantillas; cese de los jefes de servicio implicados en la "fusión"; nombramiento de nuevos equipos directivos de los hospitales; y destitución y elección de las juntas facultativas y de enfermería, ha informado la asociación Justicia por la Sanidad.

Los promotores de la manifestación han pedido también la publicación de las listas de espera, quirúrgicas y diagnósticas actualizadas, y de recursos, efectivos y equipamientos de ambos hospitales para comprobar su simetría; la fecha de cierre del hospital San Cecilio y su "funcionalidad futura"; la instalación "urgente e inmediata" de un acelerador lineal en el hospital del Campus de Granada; y la priorización de "la adecuación de un espacio digno, funcional y adecuado para los pacientes oncológicos".

14 oct. 2017

Un error judicial libra a la familia dueña de Valdebebas de la megaquerella de Hacienda

La familia Cort Lagos, dueña de buena parte del terreno de Valdebebas (Madrid), se ha librado de una querella de la Agencia Tributaria que les acusaba de haber defraudado 112 millones de euros. La Audiencia de Madrid ha considerado prescita la reclamación de 111 millones del ejercicio 2009 y solo acepta la de 1,2 millones en 2010. Y lo ha hecho porque la jueza a la que le cayó el caso no admitió a trámite inmediatamente la querella de la Abogacía del Estado, sino que planteó una cuestión de competencia para ver qué juzgado se quedaba el caso. Cuando tres meses y medio después abrió las diligencias, ya estaba prescrito el primer ejercicio, el más importante. Los problemas con los plazos ya han provocado la anulación de denuncias de Hacienda contra los evasores de la segunda lista Falciani.
El 15 de junio de 2015, la Abogacía del Estado se querelló contra Elena, Maria Lorena, Luis y Cristina Cort Lagos por delito fiscal y contra cinco de sus sociedades por fraude en los ejercicios 2009 y 2010. El 30 de junio de 2015 prescribía el delito de 2009 (el plazo son cinco años y el delito de ese año se comete en junio de 2010, al presentar la declaración de IRPF), por lo que había prisa. En 2008, el Constitucional falló en el caso de los Albertos que la interposición de una querella no suspende el cómputo del plazo. Este plazo solo deja de correr cuando el juzgado admite a trámite la querella.
Según Hacienda, los Cort Lagos "habían procedido a la división de un importante patrimonio común, del que eran cotitulares a partes iguales a través de las participaciones en las mercantiles referidas en la querella, así como que la ejecución de dicha decisión se llevó a cabo con el otorgamiento de 43 escrituras públicas en un mismo día –7 de diciembre de 2009–, que reflejaban un entramado de complejas operaciones, diseñadas para llevar a cabo la división eludiendo así el pago de tributos", según una resolución judicial posterior. En total, les acusaba de defraudar 112,78 millones, de los cuales 111,5 millones correspondían a 2009 y 1,2 millones a 2010.
La Agencia Tributaria admitía en sus informes que el ejercicio de 2009 estaba a punto de prescribir. "En el caso del IRPF ejercicio 2009, cinco años a partir del día siguiente al 30 de junio de 2010, por tanto, el 1 de julio de 2015. En el caso del IRPF ejercicio 2010, cinco años a partir del día siguiente al 30 de junio de 2011, por tanto, el 1 de julio de 2016. En el caso del Impuesto de Sociedades ejercicio 2009, cinco años a partir del día siguiente al 25 de julio de 2010, por tanto, el 26 de julio de 2015".
La querella que llegó al juzgado de instrucción 1 de Alcobendas, localidad del norte de Madrid donde tienen la sede las empresas, el 24 de junio de 2015. Entonces este dispuso: "Con carácter previo a la admisión de la querella, dese traslado al ministerio fiscal a fin de que informe sobre la competencia de este juzgado para la instrucción de los hechos denunciados, habida cuenta de que las imputadas Elena Cort Lagos y María Lorena Cort Lagos, así como la Fundación Fomenta Hispania a través de la que se inicia la actividad fraudulenta tienen su domicilio fiscal en Madrid".
En vez de abrir diligencias inmediatamente, el juzgado planteaba dudas sobre si era competente para investigar el posible delito fiscal. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de su actual titular, Rosa María Gascón, que ese mismo mes pidió una excedencia. El 24 de julio de 2015, el juzgado se inhibió en favor de los juzgados de Madrid. El plazo de prescripción seguía sin interrumpirse durante estos trámites. El 15 de septiembre, el caso llegó al Juzgado de Instrucción 18 de Madrid, que, esta vez sí, abrió diligencias y lo remitió inmediatamente de nuevo a Alcobendas.La fiscalía urgió entonces a que se abriera la causa "con el objeto de evitar la prescripción". Finalmente, el 20 de octubre de 2015, la jueza de Alcobendas abrió una investigación. Habían pasado casi cuatro meses cruciales para la causa.
Las defensas de Elena Cort Lagos y Luis Cort Lagos recurrieron la admisión a trámite al considerar que estaba prescrito y el pasado 16 de junio la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón. En su decisión, la Audiencia recuerda los plazos de prescripción que la propia Agencia Tributaria señalaba en su informe y explica que "la fecha de presentación de la querella por el Abogado del Estado es el 17 de junio de 2015 (dentro del plazo de 5 años de prescripción)".
Tradicionalmente, bastaba con la presentación de una denuncia para interrumpir el plazo de prescripción, pero el Constitucional falló en el caso de los Albertos en 2008 que tenía que haber una decisión judicial de admisión a trámite, que no bastaba con la denuncia. En 2010, se modificó la ley para que la denuncia interrumpiera la prescripción durante seis meses, lo que daba un tiempo al juez para no ir apurado. Pero quedaba la duda de qué pasaba con los casos de delitos de años anteriores cuyos casos llegaron a los juzgados después de la reforma legal. Si es derecho penal, no se debe aplicar retroactivamente en contra del acusado. La fiscalía interpretaba que era derecho procesal, así que había que aplicar la ley vigente en 2015 (con esa interpretación la interposición de la denuncia interrumpe la prescripción).
Los tribunales están fallando mayoritariamente que no es así. En el caso de la segunda lista Falciani, cuyas diligencia se abrieron el 1 de julio de 2013, las Audiencias de Madrid y Málaga las han declarado prescritas por un día y solo la de Cantabria le ha dado validez, en un caso que va camino del Constitucional. Lo mismo señala ahora la Audiencia de Madrid. "No cabe la aplicación retroactiva desfavorable de las nuevas previsiones de la LO 5/2010, que atribuyen un efecto suspensivo de la prescripción a la presentación de la denuncia o querella cuando, seguidamente, el juez de instrucción dicta resolución judicial que dirija el procedimiento contra el sospechoso en los seis meses siguientes, pues –como se ha dicho– tal aplicación supondría una aplicación retroactiva desfavorable al reo vedada en nuestro ordenamiento jurídico", señala el fallo del que ha sido ponente María José García-Galán y al que ha tenido acceso El Confidencial.
"No es posible entender que hayan podido tener efecto interruptivo de la prescripción las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas con anterioridad al auto de 15 de septiembre de 2015, por el que el Juzgado de Instrucción 18 de Madrid rechazó la inhibición que le fue planteada", concluye el auto de la Audiencia de Madrid que declara extinguida la responsabilidad penal por el ejercicio 2009. Los acusados pretendían que se archivara todo, pero la justicia considera que sí se les puede acusar por los delitos referidos a 2010, aunque en ese caso solo suman 1,2 millones (un 1% del total defraudado).
Fuentes jurídicas califican como error de libro que el juzgado no abriera diligencias inmediatamente. Señalan que podía haber abierto el caso y luego haber planteado la cuestión de competencia con los juzgados de Madrid. La Abogacía del Estado ha recurrido al Tribunal Supremo para clarificar el asunto y zanjar la disputa de una vez sobre si la reforma legal de 2010 se puede aplicar retroactivamente (por ser derecho procesal) o si es invaible (al ser derecho penal).
Los Cort Lagos son herederos de la familia dueña de la Quinta de los Molinos, un precioso parque al este de la ciudad de Madrid, cerca de la calle de Alcalá. Cedieron parte al Ayuntamiento a cambio de urbanizar el resto. Luis Cort Lagos ha tenido litigios con la junta de compensación de Valdebebas, uno de los grandes proyectos urbanísticos de Madrid. Su defensa no ha contestado a la llamada de este diario. Elena Cort tampoco ha devuelto el mensaje.
Aunqeu desconocidos, la querella es de una cuantía con pocos precedentes. Los Careceller pactaron con la fiscalía y Hacienda el pago de 92 millones por delito fiscal, Aristrain está acusado de evadir 210 millones en impuestos y el iraní Massoud Zandi, 126. Así que la querella de los Cort Lagos jugaba en esta liga. Hasta que un problema de plazo impidió siquiera instruir el caso.

13 oct. 2017

Detienen a dos guardias civiles con 38 kilos de hachís en su coche

Dos agentes de la Guardia Civil de Málaga fueron detenidos el miércoles, acusados de un presunto delito de tráfico de drogas. Según fuentes consultadas, los miembros del instituto armado prestaron ayer declaración ante el juez de guardia, aunque nada ha trascendido de su situación.

Se trata de dos agentes de la Benemérita naturales de Málaga, uno de ellos estaba destinado en el País Vasco, aunque acudía con frecuencia a la capital malagueña. Se investiga si estas visitas podrían estar vinculadas a otras actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

A los arrestados se les intervino un fardo de 38 kilos de hachís, además de una cantidad sin precisar de cocaína y 3.500 euros de dinero en efectivo. La droga estaba oculta en el vehículo particular de uno de los dos detenidos, según las mismas fuentes.

Las detenciones se produjeron horas antes de la celebración de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, que ayer reunió en la Comandancia de Málaga a los mandos en la provincia y a representantes de las instituciones locales. Los agentes sólo permanecieron solo unas horas en dependencias policiales, y estaba previsto que ayer mismo fueran puestos a disposición judicial. Ni la Guardia Civil ni la Subdelegación del Gobierno confirmaron ayer los arrestos.

En los últimos años han sido varias las operaciones contra el tráfico de drogas en las que se han visto implicados agentes del instituto armado, la mayoría vinculados a unidades especializadas en luchar contra el narcotráfico. Una de las más sonadas es la que afectó al jefe de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil, Valentín Fernández, que favoreció que organizaciones de traficantes introdujeran alijos de droga en el país.