18 jun. 2019

La UE advierte de que España puede sufrir sanciones si el desmantelamiento de Madrid Central afecta a la calidad del aire

El sábado juró el cargo como alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, gracias a su pacto con Ciudadanos y Vox. Y este lunes ya ha comenzado el desmantelamiento de la principal medida para luchar contra la contaminación en el centro de Madrid: Madrid Central.

El consistorio de Martínez-Almeida ha anunciado que dejará de imponer sanciones en Madrid Central, lo que supone su anulación práctica.

Pero la Comisión Europea ya reconoció en diciembre que España se había librado de sanciones por mala calidad del aire por medidas como Madrid Central. Y este martes en Bruselas el vicepresidente Marios Sefcovic y el comisario de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, han presentado las evaluaciones de la Comisión Europea a los planes nacionales para lograr los objetivos contra el cambio climático de París.

¿Cómo afecta el desmantelamiento de Madrid Central? "Analizaremos las políticas cuando se materialicen", ha reconocido Miguel Arias Cañete: "Nosotros no estudiamos ahora lo que hacen las entidades locales, sino los planes nacionales, pero si las ciudades no respetan, y la Comisión ya puso de manifiesto qué ciudades no cumplían [entre ellas, Madrid antes de poner en marcha Madrid Central], estoy seguro de que el comisario Karmenu Vella tomará medidas".

Bruselas quiere medidas "urgentes, creíbles y eficaces" para reducir a contaminación atmosférica en los Estados miembros. Y ha abierto procedimientos contra algunos países por no aplicarse en ello, cosa que no ha pasado con España, como recordaba en diciembre el comisario de Medio Ambiente de la UE, Karmenu Vella, por las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas Madrid Central, impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Vella respondía así a la carta que le remitieron en noviembre los eurodiputados de Podemos, IU, Equo e ICV en relación con los recursos judiciales que planteó el PP a la iniciativa Madrid Central.

En su respuesta, la Comisión Europea daba un apoyo implícito al plan del Ayuntamiento de Madrid para mejorar la calidad del aire en la capital, en cumplimiento con las directivas europeas sobre este ámbito y ante la amenaza de una sanción a España por incumplimiento.

En su carta, Vella recordaba que tras el anuncio de medidas concretas como el plan Madrid Central, la Comisión Europea "optó por no llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como sí hizo con otros Estados". Vella, eso sí, aseguraba que "la Comisión continúa siguiendo de cerca la aplicación y la eficacia en los calendarios previstos del paquete de medidas".

Con todo, Vella señalaba que en España se siguen superando "los objetivos de calidad del aire, en particular de dióxido de nitrógeno y partículas PM10". Ante esto, alerta de que la Comisión podrá hacer uso, en su caso, "de su potestad legal para hacer cumplir la legislación europea".

En relación a los recursos anunciados por el PP, Vella recordaba que "los tribunales nacionales están obligados a aplicar el derecho europeo y velar por que las obligaciones que del mismo emanan, sean cumplidas efectivamente".

La misiva de Unidos Podemos de noviembre denunciaba ante la Comisión Europea la "ofensiva lanzada" por el PP para "tratar de paralizar la aplicación de las medidas" sobre calidad del aire por parte del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimento de las directivas europeas medioambientales y ante la amenaza de la UE de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

De este modo, añadían los eurodiputados firmantes, "el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha recurrido, ante el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el protocolo frente a episodios de contaminación si el ayuntamiento de Madrid no lo retira en el plazo de un mes" al tiempo que el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, del PP, "amenaza con llevar ante los tribunales el acuerdo plenario del 5 de octubre en el que se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que incluye la regulación del funcionamiento de Madrid Central".

La carta al comisario Vella recordaba que "la ciudad de Madrid vulnera desde 2010 los valores límite de NO2 establecidos en la normativa europea" y que, de hecho, la Comisión Europea "inició un procedimiento de infracción contra España y en enero de 2018 le planteó un ultimátum para que presentara planes convincentes con el propósito de alcanzar los objetivos de calidad del aire".

Tras haber presentado España dichos planes, la Comisión decidió en mayo de 2018 no llevar, por el momento, a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerarlos adecuados, aunque anunció que se mantendría vigilante sobre su cumplimiento.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid "ha introducido algunas de las medidas de limitación del uso del coche en la ciudad contempladas en los planes presentados ante la Comisión Europea, como el plan Madrid Central y el protocolo de actuación frente a episodios de alta contaminación, un plan de acción a corto plazo, como exige la Directiva 2008/50/CE".

Sin embargo, alerta la misiva, "en el caso de que prosperaran los contenciosos legales promovidos por el PP, la ciudad quedaría desprovista de instrumentos vigentes para reducir la contaminación atmosférica".

"De darse el caso", concluyen los eurodiputados de Unidos Podemos, "la Comisión Europea debería llevar a España ante el TJUE, al igual que hizo en mayo con Alemania, Francia y Reino Unido por no adoptar medidas para reducir la contaminación por NO2, como medio para proteger a los ciudadanos frente a la contaminación atmosférica".

17 jun. 2019

La UE prohibirá en 2020 el pesticida más usado en España por su peligro para la salud

El palabro ‘clorpirifós’ suena a medicamento, a droga sintética o a jugador griego de baloncesto. En principio, el común de los mortales desconoce lo que es.
Pero quizás el lector se interese en mayor grado por el clorpirifós cuando le expliquemos que lo acompaña en su vida diaria. Está presente en las manzanas que come, en las peras, en las mandarinas; lo expulsa cuando va a orinar o vive alojado en el cordón umbilical que une a las mamás y a sus bebés dentro del saco amniótico. Se trata de un insecticida muy potente y eficaz para combatir las plagas y que, además, es el pesticida más utilizado en la agricultura de España desde que se comenzara a usar en los años ochenta de forma masiva en los cultivos.
No solo eso, sino que pasados más de 40 años desde el inicio de suaplicación a gogó en nuestro país para producir las frutas y las verduras que el lector y su familia consumen, la Unión Europeaprohibirá su empleo a partir de enero de 2020 por los riesgos que implica su uso para la salud humana, la fauna y el medio ambiente, según han podido saber los medios colaboradores de esta investigación de una fuente oficial de la Comisión Europea.
Esta decisión es gasolina para las ONG dedicadas al medio ambiente y para los científicos que desde hace años venían denunciando y demostrando con estudios empíricos que el clorpirifós tiene efectos muy nocivos para el ser humano y su entorno. Tiene una gran persistencia en el cuerpo de las personas y en los medios principalmente acuáticos. “Ya os lo advertíamos desde hace tiempo…”, podrían argumentar en los próximos meses si se consuma ese veto.

Cultivo de pimiento verde en la provincia de Murcia. (M. García)
Cultivo de pimiento verde en la provincia de Murcia. (M. García)
El pediatra y científico estadounidense Leonardo Trasande explica a El Confidencial en una charla pausada que el clorpirifós, como pesticida organofosforado que es, provoca graves problemas en el desarrollo cognitivo de los niños desde la más tierna infancia e, incluso, en la etapa prenatal si sus madres han tenido una alta exposición al mismo durante el embarazo.
Este profesor de Pediatría en la Universidad de Nueva York y autor del libro ‘Sicker, Fatter, Poorer’ (‘Más enfermos, más gordos, más pobres’) narra cómo mediante sus propios estudios y tal cual se refleja también en muy diversos ensayos multidisciplinares de centros académicos prestigiosos, la Universidad de Columbia entre ellos, se ha demostrado que el clorpirifós está entre los factores que originan en los niños muchos casos de autismo, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, pérdida de puntos en el coeficiente intelectual u obesidad.
A Trasande y a su obra llegamos por el consejo de Kistiñe García, experta en disrupción endocrina de Ecologistas en Acción. En sus trabajos y tras haber analizado datos oficiales, García alerta de que el clorpirifós es el insecticida del que más residuos se encuentran en los análisis de alimentos que anualmente realizan las autoridades competentes. “Me recuerda mucho al DDT, ya que también fue desarrollado como gas de ataque organofosforado en la II Guerra Mundial, como gas nervioso”, apunta la responsable de la campaña contra contaminantes hormonales de Ecologistas en Acción.
El clorpirifós fue desarrollado y registrado como pesticida en 1965 por la multinacional estadounidense Dow Chemical. A pesar de que en España se esté usando abundantemente, en varios países europeos no está autorizada su utilización ahora o nunca lo ha estado. ¿Eso sucede en Estados pequeños y marginales de la UE? No exactamente, Alemania, Dinamarca, Suecia y otros cinco países se listan entre los que no confían en la inocuidad del clorpirifós para la salud y el medio ambiente que promete la industria de los agroquímicos.

Vista del mar de plástico que rodea la localidad almeriense de El Ejido. (M. García)
Vista del mar de plástico que rodea la localidad almeriense de El Ejido. (M. García)
En contestación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación(MAPA) a preguntas de este medio, sus técnicos señalan lo siguiente: “En el momento actual, hay formulados con clorpirifós autorizados en 20 Estados miembros de la UE”. Argumentan que en Bruselas continuamente se está revisando la conveniencia de los pesticidas como el clorpirifós. Agregan que “todos los formulados autorizados en cada Estado miembro también se revisan; en España, las últimas revisiones de los productos se han realizado en los años 2015, 2016 y 2017, siendo el resultado de la evaluación favorable en todas las áreas de evaluación”.
Efectivamente, España y el Mapama aún autorizan la aplicación del clorpirifós en los productos de nuestra cesta de la compra mediante cuatro formulados diferentes que fabrican y comercializan cinco empresas, una de ellas es Dow Agrosciences Ibérica, la filial en nuestro país de Corteva Agrisciences. Desde el 1 de junio pasado, esta última compañía es independiente de la multinacional estadounidense DowDuPont. Todo ello sucede a pesar de que la Comisión Europea vaya a prohibir este insecticida en apenas unos meses. Mientras tanto, los campos de cultivo de limones, naranjas, olivas, puerros o acelgas de España se siguen regando con este peligroso agroquímico.

Cientos de casos de presencia de clorpirifós en alimentos

Los agricultores levantinos de cítricos tendrán que darle una pensada a cómo combatir las plagas de pulgones o de piojo gris si finalmente Bruselas prohíbe el clorpirifós para usos agrícolas en todos los Estados miembros de la UE. Desde hace decenios, llevan aplicando ese plaguicida a sus naranjos, mandarinos y limoneros para asegurar la cosecha.
Según el análisis propio de las bases de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el clorpirifós es el pesticida más recurrente en las muestras analizadas de productos agrícolas entre 2015 y 2017 (este es el último año con números consolidados que comparte el ministerio). Además, entre los 4.677 test donde se buscó clorpirifós, residuos del mismo se hallaron en justo 400 casos, un 8,5%del total. Tiene una gran presencia en las naranjas, las mandarinas y los plátanos examinados, pero los técnicos del ministerio lo detectaron hasta en 40 productos alimenticios diferentes. Incluso se informa de un caso de residuos de clorpirifós encontrados en huevos de gallina.

Inicio de la cosecha de naranjas en la localidad valenciana de Gandía. (EFE)
Inicio de la cosecha de naranjas en la localidad valenciana de Gandía. (EFE)
En esos tres años, desde 2015 a 2017, hasta 19 muestras examinadas superaban el límite máximo de residuos autorizado, según el análisis de los datos de este medio. Si bien el Ministerio de Sanidad matizó a El Confidencial que finalmente fueron 17 los casos, ya que “tras aplicar la incertidumbre analítica, dos de ellas [de las tres muestras de 2015] se encontraban dentro de los límites legales”.
Dada la prevalencia de los cítricos en cuanto a los residuos registrados por los muestreos, las tres provincias de la Comunidad Valenciana están entre las cuatro con más positivos de clorpirifós en los test para el conjunto de España. Encabeza el listado Valencia, donde se produjeron 153 casos, y la sigue Alicante, con 53.
Los casos de detección de clorpirifós no se limitan a alimentos cuyo origen de producción es España. De los 400 positivos registrados en las bases de datos facilitadas por el Ministerio de Sanidad, hasta 66 corresponden a frutas y verduras procedentes de otros países como Egipto, Marruecos o China.
“Realmente puedes decir que los formulados de clorpirifós son geniales haciendo su trabajo: matar insectos. Los agricultores no los aplicarían si no funcionaran. Ahí está el problema esencial, el gran reto es crear un veneno para los insectos que no lo sea para los humanos”, argumenta Thomas Backhaus, profesor de Toxicología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Gotemburgo.
El diagnóstico de las consecuencias patógenas y tóxicas debidas al uso intensivo del clorpirifós parece que ahora lo tienen claro en Bruselas tras decenios de mirar hacia otro lado. ¿Traspondrá inmediatamente el Gobierno español la decisión de la Comisión a la legislación nacional?

Más de 30 expertos alertan de la amenaza

En meses pasados, el grupo de reporteros que ha echado una mirada profunda al tema del pesticida clorpirifós ha leído miles de documentos, informes y ensayos científicos, ha realizado unas 20 peticiones de información pública a autoridades de la UE y nacionales, ha examinado y analizado diversas bases de datos y ha entrevistado a más de 30 expertos de países europeos y norteamericanos que cuentan con una trayectoria consolidada en el estudio del impacto del uso intensivo de agroquímicos para la salud humana y animal y para el medio ambiente.
Este trabajo periodístico ni es flor de un día ni tiene un sesgo activista. Esencialmente, los reporteros han indagado en los efectos nocivos del clorpirifós, un plaguicida usado en la agricultura mundial desde 1965 y que en 2020, 55 años después de haberlo empleado masivamente, será prohibido por la Comisión Europea por las amenazas que representa para los seres vivos; 55 años después, ni más ni menos, según informa hoy en primicia esta investigación periodística.
Somos conocedores de que probar las causas-efectos perjudiciales de los agroquímicos no es tarea sencilla, porque tampoco lo es para los científicos que, desde una perspectiva multidisciplinar, se dedican exclusivamente a este asunto durante su vida profesional.  
Esa dificultad de hacer afirmaciones sobre el tema desde el periodismo nos obligó a ser muy rigurosos y consultar ese abanico de fuentes arriba referido. Medular era conversar e intercambiar múltiples conversaciones con los que saben para contrastar las informaciones y resolver dudas. Así lo hicimos con más de 30 expertos, entre ellos: Philippe Grandjean, profesor de Medicina Ambiental en la Universidad Sur de Dinamarca y en la Harvard School de Salud Pública de EEUU; Vicent Yusà (España), profesor de Química de la Universidad de Valencia y jefe de Laboratorios de Salud Pública de la Generalitat Valenciana; Leonardo Trasande (Estados Unidos), pediatra y profesor en la Universidad de Nueva York; Barbara Demeniex (Francia), profesora de Biología en el Laboratorio de Regulaciones Endocrinas del Centro Nacional de la Investigación Científica; Ketil Hylland (Noruega), profesor de Biociencias de la Universidad de Oslo; Axel Mie (Suecia), profesor del Karolinska Institute de Estocolmo en el Departamento de Ciencia Clínica y Educación, y Thomas Backhaus (Suecia), profesor de Toxicología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Gotemburgo.
Este trabajo de indagación de largo aliento permite enumerar una serie de males y enfermedades que causan los pesticidas organofosforados como el clorpirifós, entre otros: dificultades en el desarrollo de la corteza cerebral de los recién nacidos, déficit de atención e hiperactividad en los niños, autismo, disminución de puntos en el coeficiente intelectual, alteraciones de la hormona tiroidea, disrupciones en el sistema nervioso, obesidad, infertilidad, pérdida de memoria y párkinson. La población más vulnerable a estas lesiones es la que convive en zonas rurales con cultivos donde se aplican intensamente los plaguicidas organofosforados.


Un trabajo periodístico transnacional

El trabajo ha sido coordinado por Nils Mulvad desde Investigative Reporting Denmark. Parcialmente ha sido sufragado por una ayuda de Journalism Fund. En esta investigacón han colaborado los profesionales que siguen: Stéphane Horel, de 'Le Monde', Anuška Delić, de 'Oštro', Staffan Dahllöf y Oluf Jørgensen, de Investigative Reporting Denmark, Louise Voller, de 'Danwatch', Eiliv Frich Flydal, de 'Dagblet', Wojciech Ciesla, de 'Newsweek', Pamela G. Dempsey y Brant Houston, de Midwest Center for Investigative Reporting, Kristof Clerix de 'Knack', e Irene de Pablo Molinero y Marcos García Rey, de El Confidencial.

16 jun. 2019

El "dinero rojo" incautado a los republicanos: "Reclamaré hasta que me muera lo que Franco robó a mi familia"

El 13 de julio de 1939, tres meses después de terminar la Guerra Civil, Emiliano Rodríguez, vecino de Cabezamesada (Toledo), fue a casa de su hermano. "Trae todo el dinero que tengas", le pidió. Lo colocó junto al suyo propio y al de su padre y se fue al ayuntamiento del pueblo. Allí entregó los tres fajos de billetes a las autoridades franquistas, que le devolvieron sendos recibos a cambio. Guardó el suyo y el de su padre, por valor de 9.000 y 9.500 pesetas, respectivamente. Cuando le dio a su hermano el que le correspondía, éste lo quemó.
El que relata este episodio, ochenta años después, es uno de los hijos de Emiliano, Roberto Rodríguez, que conserva esos pagarés. Apela al Estado español a que le devuelva las 18.500 pesetas, con intereses acumulados, como se hizo en Alemania con algunos bienes incautados a los judíos o en España con las posesiones de partidos políticos y sindicatos al llegar la democracia. "No pararé de reclamar que me devuelvan el dinero que Franco le robó a mi padre y a mi abuelo hasta que me muera", advierte en una entrevista con eldiario.es en la pensión que regenta en la calle Mayor de Madrid. Y confía en que si él no llega a verlo, sea su hija, jueza, la que tome el relevo en la demanda. 
Roberto es uno de los alrededor de mil descendientes que guardan los recibís del dinero republicano con el encabezamiento "fondo papel moneda puesto a circulación por el enemigo", y que esperan aún un resarcimiento del Estado.
Recibo de las 9.000 pesetas entregadas por Emiliano Rodríguez
Recibo de las 9.000 pesetas entregadas por Emiliano Rodríguez CRISTINA POZO GARCÍA
El bando franquista exigió que todo aquel que tuviera dinero republicano lo depositara en instituciones como los ayuntamientos, comandancias militares o entidades bancarias. La cantidad entregada pudo ascender a 35 millones de pesetas. El Banco de España, en cuyo archivo histórico se conserva un libro de registro de estas operaciones, dice no tener un cálculo sobre la equivalencia actual de esta cantidad, que algunas asociaciones elevan a 3.000 millones de euros actuales. No obstante, la moneda republicana durante la guerra estuvo afectada por una gran inflación que complica estos cálculos. 
"La gente que tenía ese papel tenía más miedo que otra cosa. Hasta que no han muerto las personas que aparecen en los recibos no hemos podido reclamarlo", explica Laureana Cervera, presidenta de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, donde se agrupan unas 700 familias afectadas. Por ejemplo, el tío de Roberto Rodríguez directamente destruyó el recibo, algo que se repitió en multitud de casos de personas deseosas de romper cualquier vínculo con la antigua legalidad por miedo a la represión.
Según Laureana Cervera la situación fue tan común y generalizada que los recibos se pueden comprar en algunos mercadillos. "Creemos que para poder recuperar el dinero se debe demostrar la relación de parentesco con el expoliado", opina al respecto. 
La entrega del "dinero rojo" fue una de las instrucciones del aparato de incautación que puso en marcha el régimen de Franco en plena guerra para ir acabando con la economía de la zona republicana. 
"Cuando tienen que optar entre las lógicas económicas y las represivas, al contrario de lo que se pudiera pensar, a menudo optan por las lógicas represivas", relata el decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Álvaro Dueñas. 
Según explica en una conversación con eldiario.es, el decreto de 1936 que dispone la incautación de los bienes de las organizaciones y personas desafectas al franquismo provocó un verdadero caos económico, hasta el punto de que la patronal bancaria y los propios organismos centrales de incautación advirtieron a las autoridades golpistas del perjuicio económico nacional que estaban generando.
Por ejemplo, se intervienen los saldos bancarios en las sucursales de la zona franquista que pertenecían a empresas y particulares en la zona republicana y se aplicó la presunción de culpabilidad. No podía haber movimientos en esas cuentas hasta que todos los titulares demostraran ser afectos al régimen a través de certificados y con testimonios exculpatorios de personas "limpias" que ya hubieran mostrado su adhesión a los golpistas.
En el caso de las empresas, este proceso debían llevarlo a cabo todos los miembros de sus consejos de administración. Llegaron a bloquear cuentas de Siemens, que por otra parte estaba proporcionando armamento al propio bando sublevado, y tuvo que mediar el gobierno alemán de Adolf Hitler para resolverlo.
Los padres de Roberto Rodríguez, que reclama al Estado que le devuelva el dinero que les incautó el franquismo
Los padres de Roberto Rodríguez, que reclama al Estado que le devuelva el dinero que les incautó el franquismo
"Todo el proceso de incautación tuvo un efecto práctico inmediato pero también punitivo: amedrentar, controlar, tocando algo tan básico como las economías familiares. Están tan obsesionados con que no se les escape un desafecto, que generan en ocasiones un verdadero caos económico", incide Manuel Álvaro Dueñas.
En este proceso que se produce tras partirse en dos lo que hasta entonces era un espacio económico único, el bando franquista quiere acabar con el dinero republicano. En un primer momento, utilizan el método del estampillado, es decir, colocan unos sellos en los billetes emitidos por el gobierno legítimo para otorgarles vigencia, tal y como refiere en su obra José Ángel Sánchez Asiaín, citado por Álvaro como referente en la materia. Después, los franquistas directamente reclaman su entrega, a cambio de unos recibos. Son los descendientes de quienes conservaron estos comprobantes los que ahora reclaman su devolución.

Demanda ante el Tribunal de Estrasburgo

Una parte de ellos, unos 130, han interpuesto varias demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, representados por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, ILOCAD. 
"Es difícil que estimen una pretensión de esta naturaleza", admiten fuentes del despacho. No obstante, han presentado cuatro recursos ante la Corte Europea de Derechos Humanos y tienen otros dos pendientes de registrar una vez que el Tribunal Constitucional español inadmita, previsiblemente, los recursos de amparo que anteriormente llevaron ante esta instancia.
Son los últimos pasos que se están dando en un largo proceso en el que ni el Consejo de Ministros, ni el Congreso, ni los distintos tribunales a los que se ha apelado en España han aceptado las demandas de este colectivo. No niegan la existencia de un daño, pero alegan que solo tenían derecho a reclamar entre el 27 de diciembre de 1978, cuando se aprueba la Constitución, y el mismo día de 1979. Las responsabilidades patrimoniales al Estado se pueden reclamar en el plazo de un año, y se considera que el periodo se inicia al entrar en Democracia, ya que durante la dictadura se entiende la imposibilidad de reclamar. Para el despacho ILOCAD, esta resolución es "arbitraria" y colisiona con el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos. 

La Ley de Memoria Histórica como freno a sus demandas

La Ley de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, llamada comúnmente "ley de memoria histórica", paradójicamente cierra la posibilidad de que los particulares recuperen los bienes expoliados, según señala el magistrado José Antonio Martín Pallín y recuerda Manuel Álvaro en el artículo La justicia de Franco. Naturaleza y legitimación de la represión franquista, publicado con motivo del I Congreso de Víctimas del Franquismo, que se celebró en 2012.
Esto es así porque la ley exime de responsabilidad patrimonial al Estado y a cualquier administración pública. "Es decir, se puede obtener un resarcimiento moral, pero no reclamar la restitución de los bienes incautados o una compensación económica por su expolio", afirman.
Antes de la aprobación de la ley sí hubo casos conocidos de reclamación de bienes incautados con fortuna, como los de la familia del naviero vasco Ramón de la Sota, cuyos bisnietos recuperaron en 1982 un palacete. Es decir, después del plazo de un año que supuestamente habrían tenido para reclamarlo según las alegaciones dadas por distintos tribunales a los reclamantes del "dinero rojo".
El edificio, que había sido incautado en 1940, fue sede del Gobierno Militar de Vizcaya durante el franquismo y ahora lo es del Athletic de Bilbao. 
Palacio de Ibaigane/Google Maps
Palacio de Ibaigane/Google Maps
"Consideramos que la sociedad civil es víctima de un agravio comparativo muy grave con sindicatos y partidos políticos", dice Laureana Cervera. "Si hubiera una justicia honesta, ese dinero ya lo tendría yo, porque aquí se hizo una guerra para robar. Y muchos son millonarios ahora gracias a ese dinero. Hay quien dice que el dinero republicano fue más importante para ganar la guerra que los aviones alemanes", lamenta Roberto Rodríguez, hijo, sobrino y nieto de miembros del bando perdedor. Asegura que ve una ventana de esperanza para su causa en caso de que el PSOE gobierne con apoyo de Unidas Podemos. "Yo no soy de ningún partido –concluye– Pero me doy cuenta de que ellos quieren poner las cosas en su sitio".

15 jun. 2019

Por qué sigues tirando toallitas al váter

Seguramente muchos lectores se sentirán incómodos ante una interpelación tan directa desde esta columna de opinión. La segunda persona del singular es lo que tiene: que te coge por las solapas para mirarte directamente a los ojos.

Pero es que eso es lo que pretendo con este desesperado titular. Un titular que va sin interrogantes, porque no es una pregunta sino un lamento, y con el que interpelo directamente a la gente para intentar hallar una respuesta lógica a tan ilógico comportamiento.

Por qué a pesar de informar repetidamente que los fabricantes de toallitas húmedas nos engañan, que es mentira que se deshagan al echarlas al váter y tirar de la cadena. Por qué a pesar de todo lo que hemos publicado sobre el grave impacto ambiental que genera ese gesto, todavía siguen haciéndolo.


Es increíble.
Muchos pensarán que lo verdaderamente increíble es que las administraciones sigan permitiendo a esta banda de mercaderes, a los que el medio ambiente se la trae al pairo, sigan mintiendo en sus envases para facilitarnos la acción y seguir vendiendo más. Pero no nos engañemos.

Después de saber todo lo que sabemos, de ver imágenes tan desastrosas como las que hemos visto y ser conscientes del pastizal que nos está costando, lo inaceptable es que todavía haya tantos que se amparen en esa mentira impresa en el envase de las toallitas para seguir cometiendo la grave irresponsabilidad de tirarlas por el váter.

El último intento (también desesperado) de atraer la atención ciudadana para pedir la colaboración de todos y detener el avance de este gravísimo problema ha tenido lugar esta misma semana en Valencia, una de las ciudades más afectadas. Allí se ha presentado el documental Usar, tirar, atascar.

"Es una brutalidad –dice uno de los desatascadores que aparecen en las imágenes- hay kilómetros de toallitas ahí abajo". Ahí abajo es el sistema de alcantarillado de Valencia: las tripas de la ciudad.

El atasco estaba provocando el vertido de aguas fecales al cauce del Turia, además de dar lugar a espectáculos tan surrealistas como el del gigantesco gusano de toallitas emergiendo al exterior, en plena calle, tras levantar la tapa de las alcantarillas.   

Para evitarlo, en los últimos dos años los técnicos que trabajan para el Ayuntamiento de Valencia se han visto obligados a realizar un esfuerzo titánico, recurriendo a maquinaria pesada fabricada exprofeso y con un equipo de profesionales trabajando 24 horas al día en condiciones de alto riesgo, para retirar las 5.000 toneladas de toallitas que taponaban el colector norte de la ciudad de Valencia. El coste para las arcas municipales, es decir para los bolsillos de los valencianos, de todo ese esfuerzo asciende a 10 millones de euros. Efectivamente: brutal. Pueden ver el tráiler del documental aquí.

Cabe poco que añadir. Los fabricantes no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Según ellos, sus toallitas son totalmente biodegradables y se deshacen en el agua, incluso no dudan en poner en el envase "papel higiénico húmedo". Aunque las redes sociales vayan cargadas de vídeos que demuestran lo contrario, ellos siguen a su bola y se quedan tan anchos.

Por eso, mientras la ley no les para los pies de una vez por todas prohibiéndoles que sigan mintiendo y les obliga a cubrir el coste de los daños que están causando, la única solución posible está en nuestras manos. Así que, querido lector, por enésima vez (y las que haga falta), vuelvo a apelar a tu colaboración rogándote que NO TIRES LAS MALDITAS TOALLITAS POR EL VÁTER.