6 dic. 2019

Silvia Clemente y la prensa: 100.000 euros por noticias favorables quincenales y 9.000 por media hora de televisión

El Parlamento de Castilla y León pagaba para que se publicase información favorable en determinados periódicos y para que la televisión privada que financia la Junta de Castilla y León hiciese un programas laudatorios de media hora. Todo se cargaba a las arcas públicas de la región. De los 3,6 millones de euros en publicidad institucional durante cuatro años en la anterior legislatura y bajo la presidencia de Silvia Clemente, no toda la prensa autonómica salió igual de beneficiada.

Radio Televisión Castilla y León propiedad del constructor burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo -condenado en el caso de la Construcción- y del leonés José Luis Ulibarri, imputado en tres causas de corrupción, se lleva prácticamente la mitad de ese presupuesto, 1,6 millones.

Es lo que ingresa la televisión por un programa de información parlamentaria en una televisión con baja audiencia pero que logró inflar sus ingresos a base de publirreportajes sobre el parlamento autonómico y su presidenta. En tres años el precio del programa televisivo 'Nuestras Cortes', un espacio de tan sólo media hora adjudicado a dedo, no dejó de crecer mientras el formato se mantuvo invariable.

El contrato más antiguo que está en el portal de Trasparencia del Parlamento es de 2014. En esa etapa, presidía las Cortes, Josefa García Cirac. Mediante un proceso negociado sin publicidad al que sólo fue invitada Radio Televisión Castilla y León, se adjudicó el programa en dos contratos separados de 100.390,15 euros iva incluido cada uno, y 200.780 euros en total. Pero esa cantidad aumentó notablemente en 2015, año electoral. Las Cortes subió la apuesta inicial y adjudicó el mismo contrato a la misma empresa por 317.902 euros. No fue por un aumento de trabajo, ya que se emitieron menos programas debido a las elecciones de 2015 y a la disolución del Parlamento tres meses antes de las mismas. Estos contratos pasan por la Mesa de las Cortes, integrada en ese momento por PP y PSOE. Nadie preguntó como podía subir tanto el precio de un programa de media hora para cubrir la actividad parlamentaria de la región.

Mientras García Cirac fue presidenta sólo contrataba a Promecal y a Radio Televisión Castilla y León. Clemente, obsesionada por su imagen pública ya desde su etapa en la Consejería de Agricultura, donde repartía generosísimas partidas de publicidad, decidió abrir el abanico y acabó dando publicidad a más de una treintena de medios.

Media hora de imágenes de refrito y una entrevista
En 2016, con Clemente al frente de las Cortes, los contratos se multiplicaron, medios que apenas habían tenido un contrato para publicitar una jornada de puertas abiertas vieron como se abría otra nueva fuente de ingresos. Periódicos, radios y digitales aumentaron su cuenta de ganancias, pero la televisión de Ulibarri y Méndez Pozo volvió a ser la estrella. Con el mismo programa de media hora, de nuevo ganó más dinero que en el ejercicio anterior: 376.425 euros. Cada programa semanal de 'Nuestras Cortes' salió ese año a 9.600 euros a pesar de que tan sólo hacía un refrito con informaciones parlamentarias de la semana, cubiertas por los servicios informativos de la televisión, que ya se mantenía con cargo a los presupuestos de la Junta, y una entrevista a un diputado autonómico. En 2017, se mantuvo ese precio y en 2018 bajó levemente, 367.807 euros, mientras que en 2019 también se ha bajado ligeramente el coste a 334.600 euros. En los contratos no sólo son llamativas las cifras, también las fechas: algunos años se firmaban en los dos primeros meses, en otros en el segundo semestre.

eldiario.es se dirigió a Radio Televisión Castilla y León para conocer más datos de esas adjudicaciones. Desde la televisión confirmaron que se trata de un contrato anual que pasa por todos los controles legales y parlamentarios. Además, a preguntas de este diario comentaron que no han cobrado aún la factura de 2019. En estos momentos, según explican fuentes parlamentarias, se está tramitando de nuevo la adjudicación a dedo de ese programa.

Información pagada
Otra de las empresas mejor remuneradas por las Cortes es Promecal, también propiedad, esta vez a 100% y no al 50% como RTVCyL, de Antonio Miguel Méndez Pozo. El Parlamento Autonómico paga más de 100.000 euros al año por la "contratación del servicio anual de publicación de dos páginas quincenales sobre las Cortes de Castilla y León en los periódicos del Grupo Promecal". La información que se sirve no va identificada como publicidad, y tampoco se precisa en los contratos, todos exactos, cuántos periódicos tiene el grupo -en la actualidad tres diarios y tres semanarios-. Por hacer información pagada, Promecal ingresó 477.000 euros en cuatro años. Desde Promecal apuntan que no se trata de contratos publicitarios sino de un contrato de "prestación de servicios" que consiste en publicar información parlamentaria. Las mismas fuentes precisaron que las informaciones que pagan las Cortes no van identificadas como publicidad "porque no lo son". Sin embargo, así lo considera el Parlamento, que en su portal de Transparencia hace constar la información de estos y otros contratos bajo el epígrafe de 'Publicidad institucional'.

Pero no todo son grandes cifras. Entre las empresas también aparecen pequeños medios digitales que recibieron pequeñas atenciones publicitarias de las Cortes de Castilla y León. Al menos uno de ellos recibió un total de 451 euros en 2018. El mismo día en que ese digital publicaba un editorial intentando desacreditar la investigación realizada por eldiario.es sobre la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, una publicidad del Parlamento colgaba de la web.

5 dic. 2019

La Fiscalía informa a favor de que la Justicia investigue una presunta caja B de Vox en Murcia

La Fiscalía se ha posicionado a favor de que la Justicia investigue una presunta caja B de Vox en Murcia. La denuncia presentada por un afiliado del partido tiene que ver con el ingreso de la cuota de los militantes y se dirige contra el coordinador del partido en Cartagena, Luis Armada, por un delito de estafa. Junto a él, en el escrito enviado al juzgado aparecen mencionados los diputados autonómicos Pascual Salvador y Francisco Carrera, a los que el denunciante se dirigió para comunicar presuntas irregularidades sin que, según su versión, adoptasen medida alguna.

En la denuncia el afiliado asegura que tenía que ingresar en una cuenta personal de Armada parte de la cuota mensual que abonaba a Vox. Siempre según su relato, al considerarlo una práctica irregular, decidió comunicar los hechos a los diputados Francisco Carrera y Pascual Salvador, que "no tomaron medida alguna". La semana pasada estos dos representantes, junto al resto de dirigentes provinciales, fueron cesados de los cargos que ostentaban en el partido. Actualmente, están a la espera de que Santiago Abascal nombre a los miembros de la gestora que se encargará del partido en la región donde ha obtenido su mejor resultado electoral.

En su escrito el denunciante reseña que el diputado Carrera, que hasta la semana pasada ocupaba el cargo de secretario provincial, "reconoció haber abierto la citada cuenta titularidad de D. Luis Armada". Ante esta situación – siempre según el relato del denunciante – informaron al presidente de Vox Murcia, Pascual Salvador, que negó tener conocimiento del funcionamiento de esta segunda cuentas.

"Ante dicha discrepancia. y ante el hecho indiscutible que a pesar de negar todo conocimiento Pascual Salvador, no sólo no ha tomado medida alguna, sino que ha mantenido en puestos de responsabilidad a los otros dos denunciados, entiende el exponente que pudiera haberse cometido bien por los tres denunciados en grupo, bien por algunos de ellos individualmente, tanto delitos económicos como infracciones relativas a su actividad de financiación política", apunta el promotor de esta denuncia, que fue adelantada por La Marea.

El juzgado de instrucción número de dos de Cartagena trasladó a la Fiscalía este procedimiento y el Ministerio Público determinó el 15 de noviembre que "los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito leve de estafa" si la segunda cuota "se hiciera a la cuenta personal del denunciado y no a la del partido político", y que esa cantidad se incorporase al "patrimonio" del denunciado.

"En el supuesto en que esa práctica se realizara por el investigado con varios afiliados y la suma de dichas cuotas estafadas superara los 400 euros estaríamos en un delito de estafa", concluye la fiscal Celia Susana Aldaz.

En caso de que la investigación siga adelante y se dirija contra los dos diputados autonómicos, además de contra el dirigente acusado de estafa, el órgano competente sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ya que los parlamentarios regionales tienen la condición de aforados.

La semana pasada Vox destituyó a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provincial en Murcia y los afiliados están a la espera de que la dirección nacional nombre a una gestora para que se haga cargo del partido. Entre los cesados se encuentra, Carrera y Salvador, los dos diputados denunciados que denunció por supuesta complicidad con la presunta estafa el afiliado de Vox en Cartagena.

4 dic. 2019

El Gobierno financia con 300.000 euros las misas en las 25 residencias públicas

El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer que se gasten más de 300.000 euros en financiar "la asistencia religiosa católica" en las 25 residencias públicas que hay en la región. El acuerdo prorroga por 21ª vez el convenio que une al Ejecutivo madrileño con la Iglesia, aunque fuentes de la Consejería de Políticas Sociales avanzaron que se revisará y reducirá en 2020.

"Se aprueba un gasto de 304.868,79 euros para la asistencia religiosa católica en las residencias para mayores, por un período de nueve meses, hasta el 30 de septiembre de 2020", se lee en el resumen de los acuerdos adoptados ayer por el consejo del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. "Este gasto deriva de la 21ª prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los obispos de las diócesis de Madrid", añade el documento oficial. "Los servicios pastorales se prestan a los residentes que libremente deseen acudir a ellos, en 25 residencias de la región, donde son atendidos por 12 capellanes a jornada completa y 17 a media jornada".

Desde la consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, que dirige Alberto Reyero, elegido como diputado en la lista de Ciudadanos, se indicó ayer que el Gobierno revisará el convenio de cara a 2021 por una doble vía.

Primero, se recortará el servicio en aquellos centros donde los residentes tengan autonomía, bajo el argumento de que pueden desplazarse si quieren a la parroquia más cercana. Y segundo, se evaluará el resto para cuantificar si es necesario en todos. El acuerdo, en todo caso, seguirá vigente, para atender las necesidades de aquellos residentes que no se pueden desplazar.

No es el único convenio entre la Iglesia católica y el Gobierno de la Comunidad.

Las dos partes están unidas por acuerdos para preservar el patrimonio histórico, artístico y documental —más de dos millones de euros—; para impartir cursos de formación al profesorado de religión y moral católica que ejerce en centros docentes no universitarios —más de 30.000 euros—; o atención religiosa a menores y jóvenes internados en regimen cerrado —hasta un máximo de 25.000 euros hasta 2022—.

Inversión en residencias
Además, el Consejo de Gobierno aprobó ayer que se destinen más de 16 millones de euros a la atención y bienestar de las personas mayores que viven en residencias públicas de la región, mediante la formalización de las prórrogas de diversos convenios de colaboración, según un comunicado gubernamental.

Una primera partida de 748.471,26 euros se destinará a la atención a personas mayores dependientes en residencias durante 2020, lo que supondrá el mantenimiento de 821 plazas en los municipios de Campo Real, Fuenlabrada, Griñón, Guadalix de la Sierra, Montejo de la Sierra, Navalcarnero, Patones, Rozas de Puerto Real, Torremocha de Jarama, Torres de la Alameda, Valdemoro, y Berzosa del Lozoya.

Los beneficiarios de estos convenios de atención, según detalló el Ejecutivo, son personas mayores dependientes con más de 60 años o afectadas por la enfermedad de Alzheimer a partir de los 55 años, residentes en los centros.

La segunda partida, de 230.184,72 euros, se destinó a las prórrogas de los convenios con los ayuntamientos de Móstoles y Robledillo de la Jara, con 12 plazas residenciales cada uno durante el próximo año.

3 dic. 2019

El Banco Europeo de Inversiones abre una investigación por el uso de los fondos concedidos a Murcia tras el terremoto de Lorca

Mal uso del dinero prestado para las consecuencias del terremoto de Lorca (Murcia). Es lo que está analizando el Banco Europeo de Inversiones a consecuencia de una denuncia de la portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego.

"La División de Investigaciones de Fraude del Banco Europeo de Inversiones ha abierto una evaluación con la documentación que proporcionó", responde el BEI en una carta a Rego: "Nuestro mandato es analizar y evaluar las denuncias de conducta prohibida, tal como se define en la Política antifraude del BEI".

El primer paso que da el BEI es examinar el caso con la documentación facilitada por IU con el fin de analizar si puede ser objeto de una investigación en profundidad. De alguna manera, el BEI está en fase de investigar si sigue investigando.

La información facilitada al BEI recoge que el 28 de junio de 2012 el Gobierno de la Región de Murcia (España) firmó un préstamo por valor de 185 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), destinado a la reconstrucción y rehabilitación de edificios e infraestructuras afectados en Lorca por los terremotos que devastaron la ciudad en mayo de 2011.

Hasta el momento, explica IU, ha sido necesario aprobar cinco extensiones, la última es válida hasta diciembre de 2021, para ejecutar las acciones que se planean financiar con dicho préstamo: "Algunos de ellos, que corresponden fundamentalmente a la remodelación de carreteras importantes, ni siquiera han sido licitados. Otros finalmente han sido descartados debido a la falta de fondos suficientes. Sin embargo, durante este tiempo, el Gobierno de la Región de Murcia ha contemplado en sus presupuestos regionales el arreglo de infraestructuras que no se encuentran en el municipio de Lorca en virtud del préstamo antes mencionado".

"Hablamos de 185 millones de euros sobre los que existen muchas sospechas de que  podrían estar dedicándose a otras cuestiones que nada tienen que ver con recuperar el territorio", ha explicado Rego: "Sabemos que el Gobierno de la Región de Murcia ha tenido que pedir hasta cinco extensiones para ejecutar los proyectos que se supone iban a estar cubiertos por este préstamo, algunos de ellos ni siquiera están en fase de licitación y lo que es más preocupante, creemos que el Gobierno está usando estos fondos dentro de los Presupuestos de la Región de Murcia para llevar a cabo proyectos fuera de Lorca".

Rego recuerda que "no es la primera vez que el Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia se enfrenta a acusaciones de mal uso de fondos europeos. El caso Acuamed, en el que fondos comunitarios de cohesión y de desarrollo podrían haber ido a parar a los bolsillos de dirigentes regionales del PP, sigue abierto. Es un problema estructural de un partido caciquil que actúa como si la Región fuera suya. La UE debe poner inmediatamente en marcha los mecanismos para dejar de financiar la fiesta de unos pocos y que los fondos se destinen a sus objetivos".