1 nov. 2019

El programa del PSOE renuncia a limitar los alquileres y subir impuestos a los ricos


El programa electoral del PSOE modera sus posiciones y presenta una batería de medidas que se alejan de las posiciones acordadas con Podemos en los Presupuestos Generales del Estado para convertirse en una serie de compromisos aceptables por otras fuerzas políticas del centro-derecha como Ciudadanos o el PNV. Pedro Sánchez se libera así de compromisos concretos y deja margen para que esas promesas se materialicen a través de distintas fórmulas.
Medidas como limitar el precio de los alquileres, subir los impuestos a los ricos, hablar de la plurinacionalidad de España o de avanzar en el federalismo se quedan en el cajón. El programa sí recoge las cuestiones de identidad progresista, como la «fiscalidad justa» o la lucha contra el cambio climático, pero el nivel de inconcreción e indefinición es tan elevado que permite su adaptación a cualquier tipo de situaciones.
«Para llevar a cabo todas las medidas anteriormente propuestas, se requiere un mayor volumen de recursos públicos, que deben proceder, en primer lugar, de la máxima eficacia en el gasto público, de acuerdo con las indicaciones de la AIREF, sin comportar aumento ni del déficit ni de la deuda pública. A ello hay que añadir una mayor justicia fiscal, sin la cual no podremos conseguir mayor justicia social; quienes más capacidad económica tienen deberán contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales, lo que supone a su vez una mayor garantía de estabilidad y de prosperidad económica para toda la ciudadanía», explica el programa económico.
«Esta mayor progresividad fiscal, que nos permitirá converger hacia los parámetros de los países de nuestro entorno, será una prioridad para el Gobierno, incluyendo el refuerzo en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. La reforma de la fiscalidad permitirá superar en España la anomalía de la escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas, y la insuficiente e ineficaz fiscalidad ambiental, para alinearnos con las medidas ya adoptadas o en trance de adoptarse en el ámbito de los países de la OCDE; pero no conllevará ningún perjuicio para las familias de ingresos medios y bajos, y permitirá reducir la carga fiscal de las pymes», asegura.
Sánchez, que no hizo público el nombre de los beneficiarios de la amnistía fiscal, como prometió en la oposición, ahora se compromete a incluir en la lista de morosos con el Estado a los que deban un mínimo de 600.000 euros.
Como anunció en un mitin en precampaña, los socialistas se comprometen a actualizar en diciembre las pensiones del ejercicio 2020 según el IPC y a seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio a final de la próxima legislatura (unos 1.200 euros), así como a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
También promete subir un 2% en 2020 el salario de los empleados públicos y cumplir el acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía y la Guardia Civil para alcanzar la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.
El programa electoral del PSOE recoge también  la promesa de prohibir la exaltación y el enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público, además de la retirada de las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la dictadura.
El PSOE recupera también la promesa de denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa.
Descarta la coalición
El programa electoral del PSOE coincide con unas declaraciones del secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, que retoma la idea de formar un Gobierno socialista que gobierne con apoyos parlamentarios de geometría variable.
Al valorar este martes los resultados del CIS, Ábalos ha explicado que el PSOE aspira a llegar a acuerdos de legislatura con distintos grupos «en función de lo que haya que acordar», dado que «la mayoría absoluta queda lejos».
«Lo que tenemos que hacer no es tanto coaligarnos, como intentar llegar a acuerdos de legislatura», ha asegurado en declaraciones en Ferraz. El dirigente socialista ha explicado que para acordar medidas de corte progresista «el PSOE se dirigirá a aquellos con los que coincide» . Y si es en defensa de la Constitución «también sabemos quien está en esa posición. No hay otra manera de conseguir estabilidad». «El no se plantea ningún tipo de pacto que impida nuestra forma de entender la política del país», ha puntualizado.

31 oct. 2019

Cerca de 300 movilizaciones y miles de muestras de apoyo: la huella del caso Altsasu

La vida de un pueblo puede cambiar, literalmente, de la noche a la mañana. Altsasu, un municipio navarro de 7.500 habitantes, saltó irremediablemente a la fama en octubre de 2016, cuando una reyerta fuera de un bar a las cinco de la mañana saltó a los titulares de los medios y se convirtió en “terrorismo”. Este caso, en el que se vieron involucrados dos guardias civiles sin uniforme, dejó como saldo ocho jóvenes condenados a penas de entre año y medio y nueve años y medio de prisión.

Altsasu es desde entonces sinónimo de muchas cosas. De acusaciones y teorías variadas. De actos de “desagravio”, como el impulsado en noviembre de 2018 por Albert Rivera junto a PP y Vox. También de movilizaciones multitudinarias, como la vivida el pasado sábado frente al Palacio de Justicia de Pamplona.

Hay cifras elocuentes. A lo largo de estos tres años, ha habido cerca de 300 movilizaciones en solidaridad con los detenidos –y luego condenados– por el caso Altsasu. Sus dimensiones han sido distintas: desde las concentraciones semanales en ese municipio hasta las cuatro manifestaciones masivas realizadas hasta ahora (dos en Pamplona y otras dos en Altsasu).

“La verdad que siempre tienes algo de miedo, pero la gente no falla”, dice Edurne Goikoetxea, una de las portavoces habituales del grupo de madres y padres de Altsasu. “Mientras la gente no se canse –subraya–, nosotros seguiremos”.

Goikoetxea es precisamente una de las madres que ha recorrido distintas localidades del Estado español para denunciar este caso. Catalunya, Valencia, Galicia, Asturias, Aragón o Madrid son algunos de los territorios visitados. El listado, reconoce esta madre, es inmenso.

En efecto, el caso Altsasu ha superado esquemas geográficos y políticos. “En un escenario con ETA desaparecida, un caso como este nos remite a los años más oscuros de la represión por parte del Estado contra sectores de la juventud“, afirma a Público el sociólogo navarro Ricardo Feliú, quien apunta además hacia los apoyos trasversales que ha despertado este asunto. Destaca en tal sentido los posicionamientos adoptados por fuerzas políticas ajenas por completo al ámbito abertzale, como Podemos e Izquierda Unida.

“En distintos ámbitos no se niegan los hechos, sino la interpretación de los mismos“, añade Feliú, quien destaca que “una agresión a la Guardia Civil en Segovia, por decir un lugar, no tiene la misma condena que en Altsasu“.

"Compromiso firme"
“El sábado en Pamplona hemos vuelto a ver que el compromiso de la gente sigue siendo firme“, añade por su parte Aritz Leoz, portavoz de la plataforma Altasukoak Aske (Los de Altsasu, Libres). “Damos mil gracias por lo de este sábado y por todo lo de estos últimos tres años. Mientras nuestros amigos sigan en la cárcel y la injusticia continúe, vamos a seguir“, añadió.

"Con nuestro recorrido no solo demostramos que apostamos por la convivencia, sino también por la verdad y la justicia“. Todo eso es esencial para la defensa de los derechos y libertades“, añade.

Punto de inflexión
En tal sentido, Edurne Goikoetxea tiene muy presente la segunda manifestación masiva que se realizó en Altsasu. En aquella movilización, realizada el 24 de marzo de 2019, participaron 60 mil personas según cifras de los organizadores. “Nos dimos cuenta que movíamos gente de un estado entero”, recuerda Goikoetxea.

Tras la resaca del acto vivido el sábado en Pamplona, las madres y padres de Altsasu –arropadas por la plataforma Altsasukoak Aske– se preparan ahora para un noviembre que también estará marcado por distintas actividades que se desarrollarán en esa localidad navarra.

A las puertas de que se cumplan tres años de las primeras detenciones realizadas por la Guardia Civil contra los acusados –tres de ellos llevan desde entonces en la cárcel–, habrá un concierto con distintos grupos, previsto para el día 2, mientras que el 8 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda con diferentes periodistas.

30 oct. 2019

España sólo garantiza por ley 1 Mbps de velocidad, pero eso cambiará pronto

El próximo 31 de diciembre finaliza la designación de Movistar como operador para la prestación de los elementos del servicio universal de telecomunicaciones, en este caso, conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija, prestación del servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija y suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago (cabinas). El segundo elemento tiene todos los visos de desaparecer, pero el primero se deberá seguir ofreciendo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quiere que aumente la velocidad de esa conexión que ahora mismo es de únicamente 1 Mbps.

A las puertas de 2020 y España sólo garantiza por ley 1 Mbps de velocidad dentro del llamado servicio universal. Como la designación del operador actual acaba a finales de este año, la CNMC, a petición de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), ha publicado dos informes analizando los pliegos de la licitación que debe realizar este organismo de cara a la prestación del servicio universal a partir del 1 de enero de 2020.

Ofrecer más de 1 Mbps garantizado por ley, el próximo gran objetivo
El actual servicio universal de conexión fija garantiza 1 Mbps de bajada y descargas limitadas a 5GB con llamadas desde el fijo por las siguientes cuotas (sin impuestos):

  • Línea + servicio telefónico (línea individual): Cuota de alta de 83,53 euros y cuota mensual de 14,379 euros.
  • Banda ancha a 1Mbps sobre línea existente: Cuota de alta de 0 euros y cuota mensual de 19,90 euros.
  • Línea + Banda ancha a 1Mbps (sin servicio telefónico): Cuota de alta de 66 euros y cuota mensual de 29,90 euros.
  • Línea + servicio telefónico + Banda ancha a 1Mbps: Cuota de alta 83,53 euros y cuota mensual de 34,279 euros (14,379 + 19,9).

La CNMC explica que este servicio universal está recogido en la Ley General de Telecomunicaciones y garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios “con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible”. Esto incluye llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables.

En este sentido, la CNMC recomienda establecer “condiciones y parámetros de calidad mínimos con el fin de evitar ciertas limitaciones de velocidad y/o volúmenes de datos a los usuarios finales por parte del adjudicatario”. También explica que ese 1 Mbps de velocidad no se ajusta a la evolución social y tecnológica actual.

La realidad es que no tenemos ninguna oferta en el mercado con fibra de 10 Mbps y la inmensa mayoría ya ofrecen un mínimo de 100 Mbps de velocidad. Además, las Agendas Digitales, tanto la europea como la española, establecen como objetivo para el 2020 que toda la población pueda tener un acceso de 30 Mbps.

Por todo ello, se entiende que el pliego de condiciones condicionará el nuevo servicio universal a ofrecer un mínimo de 30 Mbps de velocidad por precios similares a los anteriores. También se debería eliminar el límite de 5GB de descargas al mes, una cantidad que encontramos hasta en la modalidades de tarifas móviles más básicas del mercado.

¿Cuánto debería ofrecer el nuevo servicio universal de telecomunicaciones a nivel de velocidad y precio?

29 oct. 2019

El Gobierno de Susana Díaz ocultó el expediente que exigía a UGT devolver 18 millones

El Gobierno de Susana Díaz guardó en un cajón una reclamación de 18 millones de euros a la federación andaluza de UGT por no justificar de forma adecuada una subvención para cursos de formación de 2007. El expediente habría prescrito el pasado 19 de octubre y no se habría podido recuperar, por tanto, el dinero presuntamente desviado si el nuevo Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos no lo hubiese reactivado.

La Junta de Andalucía acaba de exigir a UGT-A que devuelva 18 millones de euros -12,5 millones correspondientes al importe de la subvención y otros 5,5 millones de intereses- por cursos que el sindicato no ha justificado de forma correcta. Esta reclamación millonaria se une a otras abiertas por el Gobierno andaluz que todavía están en trámite y que suman más de 40 millones de euros que el sindicato tendría que reintegrar a la Administración andaluza, según dijeron a EL MUNDO fuentes cercanas al caso.

En pleno escándalo sobre los presuntos desvíos de subvenciones de UGT-A que EL MUNDO y otros medios comenzaron a documentar a partir del año 2013, el Gobierno de Susana Díaz comenzó una investigación interna y abrió varios expedientes de reintegro al sindicato. Uno de ellos, correspondiente a la subvención para cursos del año 2007, lo inició el 18 de marzo de 2014, a través de una resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo. El 16 de septiembre de 2015 acordó exigir a UGT-A el reintegro de la cantidad total de la ayuda -12,5 millones- más los intereses correspondientes. Pero nunca concluyó el expediente.

Cuando el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, puso en marcha un plan de choque para controlar el caos que había con las subvenciones para los cursos, la Consejería de Empleo, que dirige Rocío Blanco, descubrió el pasado septiembre que estaba "muy próximo a prescribir el derecho de la hacienda autonómica a reclamar la deuda" de 12,5 millones a UGT, más los intereses legales, por la subvención para cursos de 2007, que el sindicato no justificó de forma correcta, según ha informado Empleo.

El expediente con la reclamación millonaria a UGT-A llevaba guardado en un cajón de la Junta cuatro años, desde noviembre de 2015. En esa fecha, el anterior gobierno socialista autorizó suspender de forma provisional la devolución de la subvención, a través de una resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo fechada 4 noviembre de 2015.

Según la cronología facilitada este lunes por la Consejería de Empleo, UGT interpuso un recurso de reposición el 19 de octubre de 2015, en el que solicitaba que se anulara y se dejara sin efecto la reclamación millonaria de la subvención para los cursos.

Pero el Gobierno de Susana Díaz nunca le responde y deja en un limbo administrativo el expediente, lo que le permite a UGT no tener que devolver el dinero. "Desde noviembre de 2015 y hasta la llegada de este nuevo equipo directivo, el recurso de reposición [de UGT] contra la resolución de reintegro ha estado sin contestar, cuando el plazo marcado es de dos meses. En cuatro años prescribían los derechos de cobro de la hacienda autonómica", ha puntualizado Empleo.

EL MARIDO DE SUSANA DÍAZ
Los vínculos entre UGT-A, el PSOE andaluz y la propia Susana Díaz son más que evidentes. El marido de la ex presidenta de la Junta, José María Moriche, estuvo casi una década trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT, el ente que recibía las subvenciones para los cursos de formación que ahora están bajo sospecha. Primero, estuvo contratado un año en el sindicato y, después, durante ocho años más en Ifes, hasta que su esposa fue nombrada consejera de Presidencia en 2012.

A pesar de que Moriche era auxiliar administrativo del Ifes de UGT, para justificar las subvenciones para cursos ante la Junta aparecía como "tutor, evaluador y preparador" de todo tipo de acciones formativas. Como informó este diario años atrás, UGT coló la nómina de Moriche en 102 cursos distintos de tres subvenciones por valor de 25 millones de euros.

La nómina del marido de Díaz figura también en el macroexpediente 98/2009/J/217, en el que el sindicato presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como años atrás han alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas.

En este expediente de UGT, la Junta inició un proceso de reintegro en mayo de 2012 para recuperar una cantidad desviada, pero no le dio trámite hasta años después. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas avisaron del riesgo de que prescribiera la reclamación. Justo lo que ahora ha estado a punto de ocurrir con la reclamación de los 18 millones de euros que impulsa la Consejería de Empleo.

CASAS DEL PUEBLO
Hay más conexiones entre UGT-A y la líder de PSOE andaluz. EL MUNDO publicó el 29 de enero de 2014 el documento firmado de puño y letra por Susana Díaz el 15 de abril de 2011 (en su calidad entonces de secretaria de Organización del PSOE andaluz) junto a los entonces dirigentes de UGT en Andalucía. Se trata del convenio entre el PSOE y los 'ugetistas' en virtud del cual los socialistas andaluces recibían dinero de los cursos de formación que previamente subvencionaba la Junta.

En ese convenio, firma «por el PSOE» Susana Díaz junto a dos de los ahora investigados por el escándalo de los desvíos millonarios de subvenciones por parte de UGT-A: el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, forzado a dimitir por este asunto, y el ex tesorero Federico Fresneda, detenido en 2014 en la redada contra la supuesta financiación irregular del sindicato.

RECLAMACIÓN EN LOS TRIBUNALES
Mientras, UGT-A, liderado por la secretaria general Carmen Castilla, ha anunciado este lunes que llevará a los juzgados de lo contencioso administrativo a la Junta por exigirle los 18 millones de euros, ya que, según defiende, ha demostrado de forma "fehaciente y reiterada" que todos los cursos se realizaron, y todos los alumnos recibieron la formación programada.

Para UGT-A, "ninguno de los motivos por los que se exige el reintegro guardan relación con la no ejecución de los cursos", ya que "todos y cada uno de los cursos se han realizado, no cuestionándose en ninguno de los documentos remitidos por la Administración la impartición de los mismos".