12 abr. 2019

Afean que el plan de climatización se aplique también en concertados

La plataforma de AMPA de Sevilla 'Escuelas de Calor' (EDC) ha afeado que la Ley de Bioclimatización de centros educativos tramitada este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta incluya a los centros concertados, dado que el escrito "dará cobertura a todos los sostenidos con fondos públicos".

En un comunicado, la plataforma ha criticado que el Ejecutivo andaluz, compuesto por el PP y Ciudadanos (Cs), "suprima un detalle importante" porque esos centros "incluyen a los concertados que son privados aunque reciban dinero público para su funcionamiento".

Al respecto, han apuntado que "lo que no se cuenta es que cuando fueron oposición enmendaron la Ley para que la inversión necesaria para su puesta en marcha diese cobertura también a los centros privados concertados, que no son propiedad de la Junta al pertenecer a las entidades que los rigen", por lo que critican que "los planes de la Junta pretenden invertir dinero público en edificios privados".

En este sentido, EDC ha expresado que "no puede ver con buenos ojos" estas intenciones "por puro sentido común y porque supondrá una dificultad añadida a que los centros públicos disfruten de condiciones térmicas adecuadas, sanas y dignas" dado que la ley "exigía una gran inversión que ahora habrá que repartir con centros privados".

Paralelamente, la plataforma ha subrayado que "nada tiene en contra del alumnado, familias, ni docentes de la concertada" transmitiendo su "respeto y ayuda para que reclamen también condiciones dignas a las empresas y entidades propietarias de los colegios de sus hijos". "Son comunidad educativa pero de un modelo que vino en los años 80 del siglo pasado con carácter temporal y subsidiario de la pública y que ya debería abordarse si la temporalidad debe ir tocando a su fin", apunta.

En su opinión, "cuanto más se mejore la educación privada concertada, más competitiva será, más segregación se generará entre el alumnado y más huida habrá hacia la privada desde una educación pública devaluada a base de privación de recursos y peores infraestructuras". "El final será suprimir las plazas de la pública que vayan quedando vacantes y ampliar la demanda de la privada concertada" critican añadiendo que "el negocio para las empresas y entidades con intereses en el servicio público educativo está servido".

Sobre la ley en cuestión, la plataforma Escuela de Calor ha lamentado que con el proceso de tramitación comienzan "largos meses de comparecencias, enmiendas y comisiones mientras nuestros hijos y sus docentes y demás trabajadoras de la enseñanza seguirán sin soluciones". Así, han reprochado que PP y Cs quieran "sus enmiendas y una ley a su medida ideológica aunque suponga una gestión irresponsable de las arcas públicas" siendo "una grave irresponsabilidad que la Consejería de Educación pretenda polarizar un debate o echar a pelear a las familias de la pública contra las de la concertada".

Por todo ello, EDC ha apuntado que "seguirá luchando para que esto no sea así". "Llegaremos hasta donde haga falta para evitar que nuestros hijos sigan en saunas y neveras, no lo merecen y no es digno de la educación pública de un país que se tiene por desarrollado", concluye el comunicado.

11 abr. 2019

Podemos creará una empresa pública de energía para bajar el precio de la luz

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, ha participado este miércoles junto a Alberto Garzón, coordinador federal de IU y candidato de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, en un acto de precampaña en la Universidad de Málaga. En el encuentro, Iglesias ha propuesto la creación de una empresa pública de energía “que compita de tú a tú” con las grandes eléctricas privadas para bajar la factura de la luz y garantizar la transición energética.

Iglesias: “Se ha mentido a este país diciendo que eficiencia y privatización iban de la mano”

“No basta con acabar con las puertas giratorias y sancionar a las eléctricas, la única manera de bajar el precio de la luz es que exista una empresa pública de energía, porque solo el sector público que representa a la sociedad puede asumir los retos que implica la transición energética que necesita nuestro planeta”, ha defendido Iglesias.
“Cuando seamos Gobierno vamos a ser capaces de poder crear la empresa pública de energía que nuestra patria merece”, ha asegurado Iglesias. Su misión será garantizar la transición energética hacia un modelo sostenible y basado exclusivamente en el desarrollo de las energías renovables. Su propiedad será 100% pública, y promoverá la colaboración entre los distintos niveles de la Administración.
Iglesias ha destacado que para entender lo que significan las eléctricas en España hay que hacer memoria y entender lo que significan las puertas giratorias en nuestro país: “Las puertas giratorias son corrupción legal e institucionalizada. Hasta que no acabemos con las puertas giratorias y no se prohíba que expresidentes y exministros puedan acabar en los Consejos de Administración de grandes empresas energéticas no va a bajar la factura de la luz. Hasta quienes no nos han votado nunca y no nos van a votar reconocen la evidencia: solo Unidas Podemos podrá hacer que se prohíban definitivamente las puertas giratorias”.
“La historia de las eléctricas en España es también la historia del fracaso de las privatizaciones”, ha continuado. Es mentira que las empresas privatizadas hayan funcionado mejor que las públicas. Al final, cuando se privatizan, los beneficios los pierde la gente y los ganan los accionistas. La privatización no ha implicado ningún beneficio para la sociedad, solamente para los propietarios”. El secretario general de Podemos ha puesto como ejemplo el caso de Endesa: “La consecuencia fundamental de la privatización de Endesa ha sido el oligopolio y la factura más cara para toda la ciudadanía. Pagar más por la luz, este ha sido el resultado de su privatización”.
La solución, ha explicado Iglesias, es “que la sociedad recupere el control porque no se puede permitir el caos económico que generan las privatizaciones. No basta con acabar con las puertas giratorias y sancionar a las eléctricas, la única manera de bajar el precio de la luz es que exista una empresa pública de energía, porque solo el sector público que representa a la sociedad puede asumir los retos que implica la transición energética que necesita nuestro planeta”. 
El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno ha detallado que apuesta por una empresa que se llame Red Pública, y que no sea una empresa pequeña, sino “una gran empresa estatal que permita bajar la factura de la luz y afrontar los retos ecológicos de la transición energética”. “Hay que acabar con la ley de la selva, poner orden en el sistema para que ninguna multinacional extranjera pueda tener más poder que el Gobierno: la transición energética no la puede encabezar el sector privado”.
Esta nueva gran empresa pública energética comercializará solo energía renovable: solar, eólica e hidráulica. Para ello, ha detallado Iglesias, “tendrá que crear nuevas plantas de energía solar, asumir la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando, promover la generación energética local y de proximidad, potenciar el autoconsumo renovable, promover la participación ciudadana de cooperativas en los nuevos parques, impulsar la remunicipalización de las redes de distribución eléctrica y asumir la creación e instalación de puntos de recarga necesarios para lograr que en España, en 2040, todos los coches sean eléctricos”.
Por su parte, Alberto Garzón ha centrado su intervención en denunciar que “se haya normalizado que se gastaran más de 60.000 millones de euros públicos en rescatar a los bancos, mientras se recortaba en sanidad, educación y servicios sociales”. “Ahora tenemos la oportunidad de cambiar esto. No podemos permitir que se normalice lo que no es normal”, ha aseverado.
En el acto también han participado Eva García Sempere, candidata de Unidas Podemos al Congreso por Málaga; Isabel Reyes Franco,candidata de Unidas Podemos al Congreso por Málaga; y Antonio Maíllo, coordinador general de IU Andalucía.

10 abr. 2019

La Policía pagó un millón por un 'software' inútil

La inteligencia y la tecnología son herramientas fundamentales para la investigación policial. Cada vez más, porque hace mucho tiempo que quedaron atrás, y casi en desuso, los métodos más tradicionales de investigar delitos, sobre todo porque los propios delincuentes ya no actúan de manera tradicional. Con esta visión presente, en el año 2010 la Policía Nacional decidió modernizar sus sistemas informáticos y licitó un concurso público para la creación del programa que iba a ser el no va más.

Lo llamaron Sistema de Inteligencia Policial, SIP, pero el problema principal es que no se ha usado jamás, porque determinados fallos técnicos hicieron que no sirva para nada. Este software estaba destinado a sustituir al que utilizaba la Policía Judicial.

Según ha podido saber este periódico tras una petición al Portal de Transparencia realizada hace tres meses, el software se licitó en el año 2010 y se adjudicó el contrato a la empresa de tecnología Indra, que desarrolla muchos de los programas que utilizan el Ministerio del Interior y otros organismos relacionados con la seguridad.

El SIP costó 806.008,26 euros más IVA, según la respuesta recibida por este periódico y firmada por el actual director general de Policía, Francisco Pardo.

Es decir, costó aproximadamente un millón de euros de dinero público, impuestos incluidos. Sin embargo, cuando se recepcionó el programa, se detectaron fallos que hacían inviable su uso, según explicaron fuentes internas de la Policía Nacional a este periódico.

En la petición a Transparencia también se preguntaba si el software había llegado a utilizarse y, en caso negativo, por qué no había sido así. Sin embargo, esa parte de la pregunta no ha sido contestada, porque «el acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de junio de 2014 otorga la clasificación de secreto a la estructura, organización y medios y técnicas operativas utilizadas contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», según dice la respuesta, que está fechada el pasado 15 de febrero.

DE FERNÁNDEZ CHICO A EUGENIO PINO
Este software de inteligencia policial se encargó bajo el mandato de Miguel Ángel Fernández Chico como director adjunto operativo (DAO) de la Policía, que ya falleció, y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, como ministro del Interior. La entrega del producto por parte de Indra ya se hizo bajo el Gobierno del PP, con Jorge Fernández Díaz como ministro y el comisario Eugenio Pino como DAO.

La idea original era que el programa se utilizara sobre todo por parte de la Comisaría General de Policía Judicial, que es la encargada de investigar delitos contra el patrimonio y contra las personas a nivel nacional. Había posibilidades de que también fuera utilizado por la Comisaría General de Información, que investiga el terrorismo, porque las características, sin entrar en detalles, eran muy amplias, con capacidad para relacionar información, interactuar con diferentes bases de datos, rastreo de redes e incluso se habló de capacidades de reconocimiento facial y fisonómico. Hay que pensar que hace casi 10 años esto era tecnología puntera que sonaba a futurista, mientras que ahora esto último está ya implantado y, sin ir más lejos, el reconocimiento facial se va a instalar en las nuevas fronteras de Ceuta y Melilla.

El problema fue que el SIP nunca llegó siquiera a estrenarse, y no pasó de algunas pruebas en las que se detectaron los problemas que lo hacían inoperativo. Pero en lugar de subsanarse los errores, el proyecto se abandonó con el dinero ya gastado. El paso del tiempo ha hecho, según las mismas fuentes, que tampoco merezca la pena intentar reconducir el proyecto.

La propia existencia de este programa, del que se encargó la Subdirección General de Logística, era desconocida para la inmensa mayoría de los agentes e incluso responsables policiales, hasta que ahora la respuesta de Transparencia confirma que el programa sí que se compró, aunque nunca se pusiera en funcionamiento.

Mientras tanto, los agentes de Policía Judicial han seguido investigando con los mismos medios, aunque los de Información sí que llegaron a desarrollar un programa propio muy sofisticado.

9 abr. 2019

Vodafone, elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año

Vodafone ha sido elegida La Peor Empresa del Año por los consumidores. La filial en España de la multinacional británica ha recibido el 36% de los votos en la 10ª edición de los premios que convoca FACUA-Consumidores en Acción. Junto a ella estaban nominadas BBVA, Ryanair y la ganadora del año pasado, Endesa, que en esta ocasión ha sido la segunda más votada, con el 30%.

Es el primer año que Vodafone recibe este galardón y el séptimo en el que estaba nominada. Se trata de un evento que desde 2010 FACUA lanza cada año para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsables en las relaciones entre las empresas, los usuarios y las organizaciones que representan sus intereses. Hasta la fecha, la empresa que ha recibido en más ocasiones el premio ha sido Movistar, nada menos que cinco veces: fue elegida en las dos anteriores ediciones y en las tres primeras.

Las votaciones, en las que han participado 8.447 consumidores, han tenido lugar entre el 15 de marzo y el 2 de abril a través de la web FACUA.org/peorempresa. La semana pasada, FACUA dio a conocer al ganador de la otra categoría de estos premios, El Peor (y más machista) Anuncio del 2018, que recayó sobre el gimnasio sevillano Hammer Fitness por un cartel donde mostraba a una mujer entrenando en ropa interior.

¿Por qué ha recibido el premio Vodafone?

Las nominadas en esta edición han sido las empresas con más reclamaciones en FACUA por parte de los consumidores en sectores tan relevantes como las telecomunicaciones, la energía, la banca y el transporte aéreo. En el caso de Vodafone, las causas de las denuncias fueron especialmente el incumplimiento de ofertas con las que capta los usuarios mediante llamadas telefónicas. También hubo numerosos casos de cobros de servicios no solicitados, la negativa a tramitar solicitudes de baja para continuar enviando facturas y el cobro de mensualidades completas sin respetar las fechas de cancelaciones de los contratos.

Movistar, Bankia, Endesa y Gilead, premiados en las anteriores ediciones

El año pasado el premio recayó en Endesa. El anterior, en Movistar, que también ganó en la primera, segunda y tercera y séptima edición. La premiada como La Peor Empresa de 2014 fue Gilead, el laboratorio del fármaco contra la hepatitis C Sovaldi. En la cuarta y quinta edición el premio fue para Bankia.

Estos han sido los ganadores y nominados en las 10 ediciones celebradas hasta la fecha:

La Peor Empresa de 2018: Vodafone (ganadora), BBVA, Endesa y Ryanair.

La Peor Empresa de 2017: Endesa (ganadora), BBVA, Vodafone y Volkswagen.

La Peor Empresa de 2016: Movistar (ganadora), BBVA, El Corte Inglés y Volkswagen.

La Peor Empresa de 2015: Movistar (ganadora), Santander, Twitter y Volkswagen.

La Peor Empresa de 2014: Gilead (ganadora), Bankia, Orange, Divatto y Repsol.

La Peor Empresa de 2013: Bankia (ganadora), Endesa, Iberdrola, Movistar y Vodafone.

La Peor Empresa de 2012: Bankia (ganadora), Endesa, Iberdrola, Movistar y Vodafone.

La Peor Empresa de 2011: Movistar (ganadora), Bankia, CAM, Vodafone y Ryanair.

La Peor Empresa de 2010: Movistar (ganadora), Vodafone, Bankinter, Power Balance y Ryanair.

La Peor Empresa de 2009: Movistar (ganadora), Air Comet, Orange, Ryanair y Vodafone.