10 dic. 2018

¿Qué es la vía eslovena a la que apunta Quim Torra?

"Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo. Hagamos como ellos". Las palabras de Quim Torra en la presentación del Consell per la Republica este sábado han generado un aluvión de críticas. No era la primera vez que se mentaba la 'vía eslovena' como ejemplo a seguir en el procés catalán. Pero que fuera el president de la Generalitat quien se refiriera a la independencia de Eslovenia abiertamente –y el hecho de que obviara las vidas que ese proceso se cobró– han generado un enorme revuelo político.

Ada Colau ha calificado de "grave irresponsabilidad" las declaraciones de Torra, una opinión casi unánime:  Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP recordaron  que en la secesión eslovena hubo una guerra con más de 70 muertos y un referéndum con una participación del 93%. Los enfrentamientos que siguieron a esa independencia en la exYugoslavia –la llamada guerra de los Balcanes– fueron los más sangrientos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, con cerca de 200.000 muertos.

¿A qué se refería Torra con la vía eslovena?
Hace más de un año, el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa se refirió a la vía eslovena cuando insinuaba lo que debía pasar en el Palament: "Declarar la independencia y suspender sus efectos durante un tiempo a la espera de poder sentarse en una mesa, sin condiciones previas, con el Gobierno español para negociar un referéndum acordado". Para ello Eslovenia era el ejemplo a seguir: un país que declaró la independencia, la suspendió y "al cabo de seis meses de negociaciones en los que Belgrado ni se sentó a la mesa, comenzaron a caer los reconocimientos internacionales".

El eurodiputado explicó entonces también cómo Eslovenia celebró unas elecciones "con una especie de Junts pel Sí y logró mayoría absoluta", tras lo que intentó negociar con Belgrado su independencia "y no hubo manera", motivo por el que "hizo un referéndum unilateral y lo ganó".

El referéndum se produjo el 23 de diciembre de 1990, y el sí a la independencia obtuvo un 95% de respaldo –con un 93,2% de participación–. A partir de ahí, Eslovenia declaró su independencia y "a los pocos días" la suspendió durante unos meses con el fin de negociar con Belgrado. El impasse duró seis meses, hasta el 25 de junio de 1991, cuando el Gobierno esloveno declaró unilateralmente la independencia.

Por aquel entonces, a diferencia de España, Yugoslavia no era miembro de la Unión Europea ni de la OTAN, y su desintegración se vio acelerada por la caída del muro de Berlín y la URSS.

La guerra en Eslovenia
La declaración de independencia, a los seis meses del referéndum, fue seguida de una guerra de diez días. No duró más porque Belgrado estaba preparando la guerra con Croacia, que también buscaba su independencia, sobre la que los serbios sí tenían reivindicaciones territoriales. Eslovenia no revestía demasiado interés para los nacionalistas serbios, que la consideraba "étnicamente homogénea".

La breve guerra acabó el 6 de julio de 1991 con 44 soldados yugoslavos muertos, 18 eslovenos y otros 12 ciudadanos extranjeros, principalmente periodistas y camioneros de Bulgaria que se habían cruzado en la línea de fuego. Hubo, además, más de 300 heridos. 

En diciembre de 1991, Alemania reconocía a Eslovenia y Croacia; y la Comunidad Europea, en enero de 1992.

9 dic. 2018

Una iglesia anglicana evangelista de Madrid vende la comida que recibe gratis del Banco de Alimentos

Una iglesia anglicana de Madrid cobra por la comida que recibe gratis del Banco de Alimentos. Los usuarios pagan 1,2 euros por cada bolsa de alimentos, que a veces están incluso caducados.

Para comprar la bolsa no hay ningún tipo de control, basta con poner el nombre y apellidos de la persona receptora (no lo comprueban ni con el DNI) y acudir a la misa de la iglesia. Todo un escándalo que ha destapado Liarla Pardo.

Tras comprobar que la iglesia anglicana evangelista vende a 1,2 euros la bolsa de productos del Banco de Alimentos, Liarla Pardo les exige explicaciones.

Además, el programa se ha desplazado hasta el Banco de Alimentos de Madrid para mostrar a una portavoz imágenes que prueban que la iglesia anglicana evangelista de Madrid vende los alimentos que ellos les dan gratis.

Tras ver las imágenes, Rosa Vinagre, portavoz de Banco de Alimentos de Madrid ha afirmado que esta iglesia anglicana evangelista "incumplen la normativa expresa" de esta fundación. "Les cortaremos el suministro", ha asegurado.

8 dic. 2018

La lucha de Viena por mantener en cinco euros el precio del metro cuadrado de alquiler

Viena no es ajena a la gentrificación. El encarecimiento del precio del suelo es también una amenazante realidad en la capital austriaca. Sin embargo, los políticos locales, especialmente los ahora gobernantes en esta metrópolis centroeuropea —socialdemócratas y ecologistas— luchan por mantener un precio del metro cuadrado que ya quisieran muchos en otras grandes ciudades continentales.
Se ha estimado que, de media, el metro cuadrado de alquiler en París cuesta unos 28 euros, el de Madrid rondaría los 13 euros y el de Berlín se situaría en unos 9,50 euros. En Viena, los regidores de la coalición que forman el Partidos Socialdemócrata de Austria (SPÖ) y Los Verdes se esfuerza para que la ciudad siga ofertando hogares de alquiler accesible. Quieren socialdemócratas y ecologistas que en su ciudad haya posibilidades de conseguir una vivienda donde pagar cinco euros por metro cuadrado. Ese es un valor neto. Si se suman impuestos y otros costes, el precio de referencia para los poderes públicos vieneses asciende a unos 7,5 euros por metro cuadrado. Aún con ese referente, Viena sigue estando por muy detrás de París, Madrid o Berlín.
La última medida puesta en marcha para mantener en Viena ese precio fue aprobada hace unos días. Consiste en hacer que dos tercios de los nuevos proyectos de viviendas de más de 5.000 metros cuadrados que se levanten en la ciudad sean, por así decir, de protección oficial. O sea, que haya un 66% de apartamentos nuevos donde el precio por metro cuadrado alquilado no supere los cinco euros.
“El porcentaje de los apartamentos con el metro cuadrado a cinco euros ha ido reduciéndose en los últimos años, la última novedad en la legislación trata de evitar que la tendencia continúe”, dice a  eldiario.es Christoph Chorherr, responsable de Los Verdes para planificación urbana en Viena.
En la ciudad se señala a Chorherr como uno de los grandes responsables de la nueva medida para mantener asequibles los precios de los alquileres. “Es una revolución”, se oye decir en Los Verdes vieneses sobre la última medida en materia de vivienda. Chorherr prefiere no darse importancia. “De un tiempo a esta parte ha sido difícil contener los precios”, dice este veterano político local. En su partido, él es una referencia en materia de desarrollo urbanístico, vivienda y construcción.
Él y la socialdemócrata Kathrin Gaal, la responsable en la ciudad austriaca del área de Vivienda, Construcción, Renovación de la Ciudad y Mujeres, pueden apuntarse la autoría del nuevo reglamento para la construcción en la ciudad. Según Chorherr, la última medida implementada no ha despertando grandes debates en la política local.

600 millones de euros públicos anuales en vivienda

 La oposición no estaba realmente en contra. Los partidos de la oposición tal vez encontraron la propuesta demasiado apresurada, pero, en principio, también estaban a favor de la medida”, dice el político ecologista. “Lo mismo ocurre con los promotores inmobiliarios, porque el nuevo reglamento no es una ley contra la economía inmobiliaria, sino contra la gran especulación”, añade Chorherr, vicepresidente en Viena de la Comisión para Vivienda, Construcción y Renovación de la Ciudad.
Viena utiliza del orden de 600 millones de euros anuales en ese área. Un 0,5% de los salarios pagados en la capital austriaca está destinado a dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local. La ciudad cuenta con un parque de vivienda de 220.000 unidades, a las que hay que sumar otras 120.000 viviendas que cuentan con ayudas públicas.
En parte de esas viviendas el precio neto por metro cuadrado es inferior a los cinco euros. Estas cifras son relevantes respecto a las 900.000 viviendas que se cuentan en la capital austriaca. “Esos precios baratos presionan [hacia abajo, ndlr.] los precios de los alquileres del mercado”, estima Chorherr, aludiendo a las ayudas y a la oferta pública de vivienda.
Asimismo, Chorherr habla de que la ciudad, con la última medida implementada en favor de los cinco euros por metro cuadrado, está poniendo a disposición de los promotores suelo para construir a un precio barato. “Para garantizar esos cinco euros, necesitamos que los promotores que actúen sobre unos terrenos cuyo precio sea barato, aunque cada vez quede menos”, dice el responsable ecologista.
Christoph Chorherr, responsable de planificación urbana de Los Verdes en Viena.
Christoph Chorherr, responsable de planificación urbana de Los Verdes en Viena. LOS VERDES
La última medida impulsada por socialdemócratas y ecologistas en Viena se inscribe en una larga tradición consistente en ejercer un cierto control sobre el mercado inmobiliario. “Desde hace décadas existe una tradición en Viena para tomar este tipo de medidas”, plantea Chorherr. El modelo vienés, con sus cien años de historia, pasa por ser, de hecho, una excepción.
Eso no quiere decir, sin embargo, que la capital de la república alpina no se perciban los efectos de la gentrificación. “Viena también es una ciudad golpeada por la gentrificación, pero pienso que no está tan presionada por este proceso como otras ciudades”, plantea Chorherr. A su entender, la presencia del sector público en el área de vivienda y unas rigurosas leyes sobre el alquiler “hacen que la gentrificación aquí vaya más lentamente”, sostiene el político ecologista.
Chorherr, que anunciaba el pasado mes de septiembre que dejará próximamente la política profesional tras casi tres décadas dedicadas a la actividad pública, tiene claro que Los Verdes son un partido de acción social. “Cuando la política ecológica no responde a las necesidades sociales no sirve para nada”, señala. A su entender, la lucha por hacer posible la vida en la ciudad a precios asequibles está claramente vinculada al cuidado del medioambiente.
 Cuando no hay apartamentos en el mercado con precios asequibles en la ciudad, la gente entonces se marcha a las afueras, y eso requiere después el uso del automóvil y un estilo de vida que, en suma, no es ecológico”, asegura. “Las medidas que buscan fomentar la construcción de vivienda urbana hacen falta a nivel social pero también a nivel ecológico”, concluye.

7 dic. 2018

Esta Constitución no es la nuestra. Propuestas para una Constitución feminista

En 1978, la Plataforma de Organizaciones feministas de Madrid se movilizó para pedir la abstención en el referéndum constitucional. “No está claro que ésta sea la Constitución de la concordia y del consenso. Tampoco está claro que sea la Constitución de todos los españoles. Pero lo que sí está claro es que no es la Constitución de las españolas […] iniciaremos a partir de ahora las campañas oportunas para conquistar las reivindicaciones más urgentes que en este momento tiene planteadas la mujer española, tanto si la Constitución lo permite como si no. La Constitución ya está hecha. Ni la hemos hecho nosotras, ni tenemos posibilidad de modificarla”.

El 7 de enero de ese año, Cristina Alberdi denunciaba en El País que el texto constitucional nacía “desfasado y contestado por amplias capas de la sociedad” y que resultaría “inadecuado” mucho antes de lo esperado.

El 8 de marzo de 1978, las mujeres exigieron en las calles un proceso constituyente sensible a sus reivindicaciones, que garantizara, especialmente, sus derechos laborales, sexuales y reproductivos, y que eliminara de una vez por todas el monopolio que la Iglesia y la familia heteropatriarcal ejercían sobre sus vidas.

El principio de no discriminación ante la ley por razón de sexo, que postulaba el artículo 14, se consideraba quebrantado ya por la propia Constitución que, a lo largo de su articulado, contenía una clara discriminación explícita (prioridad del varón en el acceso a la corona) y otras tantas implícitas. Nuestra Constitución solo mencionaba a las mujeres o bien respecto del espacio y los roles de género (artículos 32.1 y 39.2), o bien en una posición que expresaba la inferioridad femenina (artículo 57.1), sin reconocer la existencia de diferentes sujetos constitucionales.

Y, hoy, esa redacción no ha sufrido alteraciones. La Constitución feminista sigue todavía pendiente.

1) Para empezar, una Constitución feminista debería regirse por el principio de paridad democrática en todos los procesos y órganos decisorios. Más allá de la igualdad formal, no hay en el texto constitucional ninguna referencia específica a las acciones afirmativas, a diferencia de lo que ocurre en otros textos constitucionales europeos. Aunque la ley de igualdad vino a paliar parcialmente esta carencia, ni garantiza las llamadas “listas cremallera”, ni ha logrado que se cumpla su mandato en los nombramientos y designaciones de responsabilidad que dependen del poder público.

Y, con todo, no hay que olvidar que esta ley, más que perfectible, fue objeto del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular, de manera que, si queremos evitar posibles retrocesos en la consolidación de nuestros derechos y estabilizar las trabajosas conquistas de las mujeres, no podemos garantizar la democracia paritaria en el nivel infraconstitucional. Es más, la democracia paritaria tiene que ser una exigencia constitucionalizada que incorpore elementos cualitativos en la evaluación de la paridad; que no asegure solo la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos públicos, y una vez superados los consabidos filtros meritocráticos que definen los varones a su imagen y semejanza.

2) El derecho a la educación (artículo 27CE) debería incluir la obligatoriedad de incorporar en el curriculum escolar materias que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y mecanismos de prevención contra las violencias machistas, sin hacer depender este asunto de los diferentes vaivenes electorales. La educación tendría que orientarse a formar identidades masculinas y femeninas que superasen los lastres del patriarcado: la mística de la feminidad en el ámbito privado y los procesos de masculinización en el espacio público.

Si se constitucionalizara un derecho a la educación en la diversidad, de carácter no sexista, no habría motivo alguno para que el Tribunal Constitucional avalara, como avala, la subvención a los centros segregados, y podríamos excluir de la educación obligatoria a una Iglesia que se dice antifeminista, que compara feminismo y nazismo, que es homofóbica y que combate abiertamente la llamada “ideología de género”.

3) Nuestro texto constitucional debería incorporar el derecho a una vida libre de violencias machistas (como sucede en México o Ecuador); violencias con las que no ha logrado acabar ni nuestra estrechísima Ley de Violencia de Género (la más resistida de la historia por el poder judicial), ni las sucesivas reformas del código penal. Y es que, insisto, proteger nuestros derechos en el nivel infraconstuticional es abiertamente insuficiente.

4) Los derechos sexuales y reproductivos deberían contemplarse constitucionalmente. Si la Constitución recogiera, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, podrían evitarse retrocesos como los que representó la fallida ley de Gallardón, en la que se intentó prohibir el aborto para casos de malformación fetal, y se evitarían también recursos de inconstitucionalidad de impacto regresivo, como el que hoy está por resolverse en el Tribunal Constitucional. Como estamos viendo en muchos lugares del mundo, la prohibición del aborto es siempre una amenaza latente que lideran los grupos conservadores.

Además, si queremos una Constitución feminista hemos de asumir que nuestros cuerpos son también la última frontera en la conformación y la deconstrucción de nuestras identidades, de manera que, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hemos de hablar también de interseccionalidad y transfeminismo.

5) Una Constitución feminista debería evitar la inferiorización del locus reproductivo y de cuidados, la marginación de quienes se ocupan del sostenimiento de la vida y de quienes depende, en buena parte, nuestro sistema productivo. Una Constitución feminista tendría que incorporar el derecho al cuidado y el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como proyección del libre desarrollo de la personalidad.

El feminismo lleva años reivindicando el cuidado como una virtud cívica y un deber público de civilidad, colocando en primer plano las prácticas feministas, la experiencia y el aprendizaje de las mujeres. No apelando, por supuesto, a las relaciones de cuidado generadas en la desigualdad, sino a los cuidados como una palanca de transformación política y social.

Las propuestas planteadas por la economía feminista han sido en este punto muy clarificadoras y en España se debería comenzar por dejar paso a una ley de permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%, que diera a los varones la oportunidad de socializarse en el cuidado, en la idea de que el derecho a ser cuidado conlleva el derecho y el deber de cuidar que a todos y a todas nos interpela. Por supuesto, esta corresponsabilidad parental debería establecerse independientemente de la orientación o la identidad sexual de los progenitores.

Sin embargo, lamentablemente, estamos más lejos de este horizonte de lo que pudiera parecer porque el ideal del “salario familiar”, al que alude el artículo 35.1 de nuestra Constitución, institucionalizó las concepciones androcéntricas de la familia y el trabajo, y naturalizó, así, una férrea jerarquía de género. Y ello, aunque el ideal de la “familia con dos proveedores”, como dice Nancy Fraser, también ha tenido un impacto muy negativo sobre la vida de las mujeres.

6) La misma violencia machista a la que estamos sometidas es la que acaba también con nuestros territorios y con los recursos naturales a los que debemos nuestra subsistencia. El colapso civilizatorio que hoy padecemos, y que se muestra en el cambio climático, el fin de la biodiversidad, la tortura animal, la crisis hídrica y alimentaria, el expolio de nuestros cultivos, entre otras cosas, muestra también los efectos devastadores de esos valores masculinos asociados al crecimiento desenfrenado, el individualismo, el narcisismo y la voracidad competitiva como motor del “bienestar”. Y en todas partes del mundo, las mujeres resisten a diario frente al expolio de los comunes, defendiendo la reproducción de la vida, con todos los nudos materiales e inmateriales de los que depende nuestra misma posibilidad de ser.

Así que, no hay duda de que una Constitución feminista garantizaría el derecho a los consumos vitales básicos de luz, agua y gas, que deberían ser definidos y gestionados como bienes comunes; debería poner en marcha políticas públicas de mayor impacto comunitario, recuperar el control público de los servicios esenciales para garantizar el derecho a la subsistencia (vivienda, agua, energía, sanidad), y limitar, por todos los medios, la concentración de la riqueza y la especulación de los grandes oligopolios.

Pero para poner en marcha todo esto habría que tomarse en serio, en primer lugar, la función social y la utilidad pública de la propiedad privada, que no pueden predicarse jamás de la actividad especulativa, facilitando, además, el desarrollo de los diferentes regímenes de propiedad (pública, privada, social y cooperativa) que nuestra Constitución contempla. Y deberíamos desarrollar también la previsión del artículo 129.2, exigiendo a los poderes públicos la adopción de medidas que faciliten el acceso de los trabajadores y las trabajadoras a la propiedad de los medios de producción, aunque este artículo, al formar parte del Título VII de la Constitución (Economía y Hacienda) carece hoy de garantías específicas.

En segundo lugar, habríamos de superar la situación de debilidad en la que nuestro texto constitucional ha sumido a los derechos sociales con cuya efectividad y judicialización no parece haber compromiso alguno (artículo 53 y actual artículo 135).

Y, en tercer lugar, tendríamos que contemplar, muy especialmente, el derecho al trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, lo que exigiría también revertir las sucesivas reformas laborales que han venido a recortar impunemente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con especial impacto sobre las mujeres, y a interpretar de forma desmedida la libertad empresarial.

En consecuencia, una Constitución feminista ni puede dejar intacto el bloque de derechos sociales y laborales que tenemos vigente, ni puede obviar la necesidad de garantizarlo de manera mucho más segura y eficaz.

7) Para terminar, puede decirse que el horizonte constitucional que estoy planteando pasa por una profundización democrática para cuya consecución sería de gran ayuda que se flexibilizara el procedimiento agravado de reforma constitucional (artículo 168) y que los cotos vedados que aseguran un lugar privilegiado a instituciones tan antidemocráticas y patriarcales como la monarquía y la iglesia católica pudieran someterse a un serio y amplio debate público. En las Universidades españolas, por cierto, acaban de darnos una buena lección sobre este asunto.

En fin, me parece que solo peleando por estas propuestas y por otras que el feminismo lleva peleando años, conseguiremos que la próxima Constitución española sea una Constitución para todos y para todas. Y como “ hemos aprendido que no es a base de paciencia como se consiguen las cosas, sino a base de presiones y movilizaciones colectivas”, de momento, no tengo más que añadir.