3 mar 2023

Los jefes de la banca y las energéticas se embolsan más de 80 millones de sueldo en un año de beneficios récord

Los presidentes y consejeros delegados de la gran banca y las cuatro principales compañías eléctricas y gasistas del Íbex35 se embolsaron más de ochenta millones de euros en salarios, pensiones y otros complementos por su gestión al frente de esas empresas el año pasado, en el que buena parte de ellas alcanzaron resultados de récord al mismo tiempo que sus políticas comerciales disparaban la inflación y dificultaban, por encarecimiento, el acceso de familias y empresas a dos servicios esenciales como son la energía y el crédito.

El aumento de los intereses está provocando la asfixia financiera de los millones de familias hipotecadas con créditos de tipo variable, que ven cómo sus cuotas mensuales llegan a duplicarse en un año y movilizan sus ahorros para paliar ese sablazo, mientras los elevados precios de la energía en cuyo ascenso juega un papel clave el recurso a los combustibles fósilesañaden más presión si cabe a los presupuestos de unos hogares que ya se están viendo obligados a modificar sus hábitos alimentarios de movilidad ante las dificultades para llegar a fin de mes en un escenario de moderación salarial que intensifica su pérdida de poder adquisitivo.

Los 83,87 millones de euros que, según los datos difundidos por las propias compañías y remitidos a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) como información relevante en las tres últimas semanas, suman los sueldos y complementos que se repartieron los 18 presidentes y consejeros delegados de esas diez empresas, en su mayoría con incrementos superiores a los del IPC (Índice de Precios de Consumo), que cerró el año en el 5,7%, equivalen al salario medio de 3.439 trabajadores españoles, que el INE (Instituto Nacional de Estadística) sitúa en 2.032,05 euros brutos mensuales o 24.384,60 anuales.

Algo más de la mitad de esa masa salarial, 48,2 millones de euros de 83,87, en los que se incluyen los componentes salariales fijos y variables en metálico, las remuneraciones en especie (acciones, básicamente) y las aportaciones a fondos de pensiones y seguros de vida, se concentra en los altos ejecutivos de tres empresas: la energética Iberdrola y las financieras Santander y BBVA, líderes de sus respectivos sectores en ambos casos en su negocio global.

El ejecutivo mejor pagado del país es el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez-Galán, que recibió ingresos y acciones por valor de 13,06 millones de euros, con un ligero descenso del 1,1% en relación con las retribuciones del año anterior pero con un aumento del 1,2% en la parte salarial.

Su remuneración sextuplica a la que recibió el ejecutivo que le sigue en el escalafón de la eléctrica, el consejero delegado Armando Martínez, que fue de 2,125 millones de euros.

Inmediatamente por detrás de Sánchez Galán se sitúan Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva del banco Santander, que percibió retribuciones por 11,735 millones de euros, en este caso con un descenso de cuatro puntos y medio, y José Luis Álvarez, que cerró su último ejercicio como consejero delegado de esa entidad financiera con una remuneración conjunta de 9,575 millones de euros.

A continuación aparecen el presidente y el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres y Onur Genç, el primero con unos ingresos y aportaciones de 7,58 millones de euros y el segundo con 6,61, con aumentos del 22,32% y el 19,31%, y, después, el CEO de Naturgy, Francisco Reynés, que con 5,785 cierra la lista de la media docena de ejecutivos cuyas remuneraciones brutas anuales superan los cinco millones de euros, este último con una mejora del 4,91% con respecto a las del ejercicio anterior.

Las remuneraciones de la mayoría de los principales ejecutivos de esas diez empresas financieras y energéticas crecieron el año pasado en proporciones netamente superiores a las del coste de la vida, con el caso extremo en términos relativos del consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, que vio aumentar los suyos en un 142,17%.

Otra cosa es que en términos cuantitativos esa mejora salarial sitúe sus emolumentos en 758.000 y eso le sitúe en el penúltimo puesto del ránquing, solo por encima del presidente de Endesa, Juan Sánchez-Calero, cuyas retribuciones sumaron 673.000 euros tras aumentar un 2,44%.

Las retribuciones brutas de los altos ejecutivos resultan entre nueve y 196 veces superiores, en los casos de Sánchez-Calero y Ana Patricia Botín, a los salarios medios de los empleados de sus empresas, que por otra parte se mueven en una horquilla que va de casi duplicar el sueldo promedio de los trabajadores españoles, como ocurre con los 43.000 euros brutos anuales de Unicaja, a estar cerca de cuadruplicarlos con los 83.000 de Iberdrola.

Cuando el convenio se come la subida salarial

"En este sector quien realmente gana son los directivos con esos sueldos y los accionistas mayoritarios, que son principalmente fondos de inversióncon el reparto de dividendos", explica Juan José Paredes, responsable de Banca de CGT, que anota cómo "con el IPC del año pasado hubo presión sindical para que las empresas revisaran al alza las subidas pactadas, porque la situación eta insostenible, y se logró que Aebanca abriera la mesa de negociación para hablar de salarios".

Sin embargo, añade, el acuerdo final "ni siquiera cubre la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, y llevamos dos en los que suma trece puntos". 

Además, parte, si no todo, de ese aumento salarial del 4,5% (3,25% sobre el 1,25% previsto) que las plantillas y los sindicatos lograron arrancar a la patronal Aebanca para este año a base de movilizaciones se ha esfumado para muchos empleados al ser absorbido en la mayoría de los bancos por el mecanismo de compensación que contempla en convenio estatal, y que permite descontar de los complementos ad personam que superen los salarios de convenio las mejoras en el sueldo sujeto a este.

La situación es similar en el sector del ahorroel de las antiguas cajas hoy bancarizadas, en el que la subida pactada a finales de enero para este año fue del 4,25% sobre el sueldo base del convenio, un porcentaje que se añade al 1% ya previsto y con unas subidas mínimas de mil euros anuales por trabajador. 

fuente

2 mar 2023

Unidas Podemos registrará una iniciativa en el Congreso para que Ferrovial devuelva las ayudas públicas si se va de España

Unidas Podemos ha movido ficha tras el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. El espacio confederal registrará en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que las empresas que se vayan de España tengan que devolver las ayudas y el dinero público que recibieron por parte de las instituciones.

Así lo ha anunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este jueves en Córdoba, ciudad a la que ha asistido para participar en la jornada Nuevos derechos. Presente y futuro de los Servicios Sociales.

"Vamos a registrar una iniciativa en el Congreso para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas y que en su caso, si finalmente se van, tengan que devolver cada uno de esos euros que han puesto los españoles y las españolas para mantenerlas a flote", ha dicho Belarra.

Ferrovial fue una de las empresas que recibió fondos públicos en los peores meses de la pandemia del coronavirus para mantener su liquidez; además, el Gobierno asumió las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores de empresas que se acogieron a los denominados ERTE (Ferrovial fue una de ellas).

"No puede haber nada más antipatriota que aprovecharse de las ayudas públicas cuando las cosas son desfavorables y después, cuando las cosas te van mejor, no pagar los impuestos que te corresponden, que es con lo que sostenemos los servicios públicos", ha defendido la ministra de Derechos Sociales.

Preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo adopte alguna medida para evitar que esta empresa traslade su sede social a Países Bajos, Belarra se ha referido precisamente a la medida que va a registrar su grupo parlamentario: "Esta iniciativa para frenar la deslocalización de empresas va precisamente en ese sentido", ha confirmado.En concreto, según ha podido saber Público de fuentes de Unidas Podemos, la iniciativa parlamentaria recoge que las empresas que se vayan tendrán que devolver el dinero público recibido durante los 10 años anteriores a la decisión de trasladar su sede, tanto la social como la fiscal

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también se refirió este jueves a la decisión de Ferrovial de trasladarse a Países Bajos, que calificó como "nefasta" tras recordar que esta empresa nació al albur de los contratos con la Administración Pública". 

Díaz pidió que la empresa mantuviera las inversiones y los puestos de trabajo que tiene en España y pidió acabar con los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea para terminar así con la deslocalización de las grandes empresas que utilizan la denominada ingeniería fiscal para pagar menos impuestos.

fuente

1 mar 2023

La batalla de un jubilado para tumbar una multa por la 'ley mordaza': “Hay que derogarla porque es pura represión”

Antonio Morillas lleva toda la vida luchando contra las injusticias. En su etapa de concejal del PSUC en Granollers (Barcelona) tras la dictadura, hizo retirar la cruz franquista de delante del Ayuntamiento. Hace dos años, presenció una actuación racista de la policía local del municipio con un menor de origen marroquí frente a la puerta del colegio de su nieta. Y protestó, lo que le valió una multa en base a la ‘ley mordaza’ que ahora ha logrado anular tras una batalla judicial que, reconoce, no todo el mundo tiene dinero o tiempo para asumir.

“Esta ley tiene que derogarse ya porque es pura represión y va contra la libertad de expresión de la gente”, defiende este jubilado. La ‘ley mordaza’ fue aprobada en 2015 por el PP y a día de hoy los trabajos para reformarla siguen encallados en el Congreso pese a que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a suprimirla si llegaban al Ejecutivo.

Detrás del caso individual de Morillas emergen varios problemas. Entre ellos, el margen de discrecionalidad que otorga a los agentes la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', y la dificultad del ciudadano multado para contradecir la palabra policial. 

En 2021, último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, hubo 26.254 sanciones por “faltas de respeto” a agentes policiales, como la que le fue impuesta a Morillas. Este tipo de sanciones permitieron recaudar 5,1 millones de euros, y solo fueron superadas por las multas por consumo de droga. A ellas hay que sumar las sanciones realizadas por la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y policías locales. 

Los hechos

22 de marzo de 2021. Sobre las 17.00 horas, Morillas, acompañado de su hija Maria José, acude a buscar a su nieta al colegio Ponent de Granollers, un centro considerado de alta complejidad, con muchos alumnos de familias humildes y de orígenes diversos. 

“De repente”, rememora el jubilado, dos agentes de la policía local del municipio salieron del coche patrulla y dieron el alto a dos adolescentes de origen marroquí que iban a buscar a su hermano al colegio. Frente al centro escolar, les confiscaron el patinete eléctrico que llevaban (pese a que no iban montados en él), en una actuación que provocó el llanto de uno de los menores, según recuerda María José Morillas, hija de Antonio y que también presenció la escena.

“La policía fue totalmente racista, fue una actitud totalmente desproporcionada en un entorno escolar”, censura María José Morillas. Su padre sacó el teléfono móvil para hacer una foto a los agentes y presentar una queja al Ayuntamiento, a lo que los uniformados replicaron tomando sus datos ante un eventual uso indebido de las imágenes.

Finalmente la queja no la presentó Morillas, sino la Asociación de Familias del centro en pleno. Tras una reunión en el mes de mayo, a finales de agosto Morillas recibió en casa una sanción de 300 euros por “falta de respeto” a los agentes a los que reprochó la confiscación del patinete a unos menores. En el expediente, los agentes hicieron constar que Morillas les dijo que daban “asco” y que eran “votantes de los fascistas de Vox”. “Pero eso era y es mentira, yo nunca dije eso”, afirma el jubilado.

No tuvo éxito Morillas en sus alegaciones ante el Ayuntamiento de Granollers, que siguió dando veracidad a la palabra policial. Sin embargo, un juez de lo contencioso administrativo ha dado la razón al jubilado y ha obligado el Ayuntamiento a devolverle los 300 euros de multa al concluir que “puede ponerse en duda” que Morillas dijera los insultos que le atribuyeron los policías.

Morillas también llevó el caso a la Síndica de Greuges, la Defensora del Pueblo catalán, que en un contundente informe ha censurado la actuación del la policía local tanto con el menor como con el jubilado. “La presunción por parte de los agentes de un posible delito en la tenencia de un patinete eléctrico por parte del menor de origen marroquí puede tener que ver con factores relacionados con el carácter racial, aunque no se sea consciente de ello”, reza la resolución de la Síndica.

El camino para anular la multa

La abogada de Morillas, Laura Medina, de Baula Advocacia, explica que casos como el de este jubilado no son habituales por la “carrera de obstáculos” que supone recurrir una infracción por la 'ley mordaza'. Al ser sanciones de cuantía moderada por la vía administrativa, lo usual es que se abonen las multas antes de enfrentarse a todo el proceso de recursos. “Es una norma que deja indefenso al ciudadano”, lamenta la letrada, que cree conveniente la derogación de la ley o, al menos, sus artículos más polémicos como las sanciones por “faltas de respeto” a la policía, que su juicio colisionan con la libertad de expresión.

Medina explica que los que deciden recurrir solo pueden plantearse ganar una vez el caso llega a la vía judicial, porque las primeras alegaciones ante la propia administración suelen perderse al darse veracidad total al relato policial. “El margen de discrecionalidad que la 'ley mordaza' da a los agentes es tan alto que bordea la arbitrariedad”, asevera la abogada, que recuerda que el efecto disuasorio de la protesta y la crítica “es el mismo” con multas administrativas que con casos que vayan por la vía penal.

Para tumbar su multa, Morillas tuvo que buscar abogada, recurrirla ante el juzgado y encontrar a testigos que pudieran contradecir el relato policial. Afortunadamente para él, los hechos ocurrieron en la puerta de un colegio lleno de familias que iban a buscar a sus hijos, y pudo llevar a la vista judicial a dos testigos que, según la sentencia, “permiten al menos poner en cuestión la veracidad” de lo escrito por los agentes en el acta de sanción.

“Yo estoy jubilado, y quería llegar hasta el final porque lo que viví fue un atropello. Luchar por mis derechos es lo que he hecho toda la vida, pero entiendo que la gente que trabaja y tiene niños pues pague y se olvide porque no tiene tiempo o dinero para gastar en abogados”, reflexiona Morillas. Su hija le da la razón: “Es injusto, pero tienes que gastar dinero por defender tus derechos ante la palabra de un policía”.

La familia Morillas se muestra especialmente satisfecha por el minucioso informe realizado sobre los hechos por la Sindicatura de Greuges. Además de amparar bajo la libertad de expresión las quejas de los padres a la actuación policial y de censurar la confiscación del patinete a los menores, la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, propone al Ayuntamiento de Granollers “revisar” la actuación de los agentes e incorporar en los protocolos policiales “acciones para evitar caer en cualquier forma de discriminación”.

También solicita la defensora del pueblo catalán al consistorio “garantizar” una formación específica a los agentes sobre el trato con menores, y que la policía local trabaje con el AMPA del centro escolar de igual a igual para ahondar en su labor comunitaria y revertir la “imagen de desconfianza” creada por su actuación con los dos adolescentes. “Ahora ya solo falta que los políticos deroguen la 'ley mordaza'”, concluye Antonio Morillas.

fuente

21 feb 2023

La productividad mejoró cuando se cerraron las oficinas en 2020 y 2021 y cayó al volver. Hay una razón

La productividad mejoró cuando cerraron las oficinas en 2020, y se mantuvo alta durante 2021. Cuando las empresas obligaron a los trabajadores a volver a la oficina el pasado año, se registró una caída de esta.

De acuerdo con un nuevo estudio de Fortune, todo esto nada tiene que ver con el llamado "quiet quitting" o renuncia silenciosa, la técnica de algunos empleados de hacer lo mínimo en su trabajo cuando están descontentos con sus condiciones laborales, pero aún así mantenerse para que no puedan despedirlos fácilmente.

Parece ser que es la oficina la que desmotiva a la plantilla, contradiciendo así a grandes CEO como Elon Musk o Satya Nadella y sus opiniones al respecto. Los líderes empresariales comenzaron a preocuparse más por este tema en Estados Unidos cuando los datos gubernamentales sobre productividad publicados en agosto de 2022 mostraron una caída brusca e inesperada en el primer y segundo trimestres de 2022.

Al mes siguiente, Gallup publicó una encuesta que indicaba que hasta la mitad de los estadounidenses podrían estar aplicando su  ley del mínimo esfuerzo (o renuncia silenciosa). Grandes directivos como por ejemplo Larry Fink, Consejero Delegado de BlackRock, atribuyeron la caída de la productividad al trabajo a distancia.

Desmontando teorías tradicionales

Las afirmaciones de los CEO tradicionales no cuadran. Si el abandono silencioso del trabajo y el consiguiente descenso de la productividad se debieran al trabajo a distancia, deberíamos ver un descenso de la productividad desde el principio de la pandemia, cuando los trabajadores de oficina se pasaron al trabajo a distancia.

Al mismo tiempo, según estas teorías (Musk lo ha llegado a despreciar) cuando las oficinas volvieron a abrirse, deberíamos ver un aumento de la productividad a medida que los trabajadores volvían a la oficina a partir de principios de 2022. Pero en realidad, vemos la tendencia opuesta.

La productividad estadounidense se disparó en el segundo trimestre de 2020 al cerrar las oficinas, y se mantuvo en un nivel elevado hasta 2021. Luego, la productividad cayó bruscamente en el primer y segundo trimestre de 2022. La productividad se recuperó ligeramente en el tercer y cuarto trimestre, pero nunca volvió al periodo a las cifras registradas antes.

Gallup ve que "el aumento óptimo del compromiso se produce cuando los empleados pasan entre el 60% y el 80% de su tiempo -o entre tres y cuatro días de una semana laboral de cinco- trabajando fuera de la oficina".

Cómo explicar lo que está pasando

Obligar a los empleados a acudir a la oficina, sin tener en cuenta su opinión, provoca desvinculación, miedo y desconfianza, según el director de investigación para la gestión del lugar de trabajo de Gallup, Ben Wigert.

Los trabajadores no comprometidos no son productivos y, además, si no están contentos con las condiciones laborales pueden estar activamente buscando otras empresas.

Por otro lado, el sitio web de empleo Monster informó de que dos tercios de los encuestados renunciarían antes que volver a la oficina a tiempo completo. El Integrated Benefits Institute descubrió en una encuesta realizada en octubre de 2022 que los empleados que trabajan a distancia o en un entorno híbrido declararon estar más satisfechos y más comprometidos (en este caso, en un 50,8%).

Hace unos días Flexa Careers presentaba las conclusiones de un estudio que llevó a cabo durante todo 2022 y en su informe  "Índice de Trabajo Flexible" concluye que, en realidad, lo que los  empleados prefieren es combinar ambos modelos.  Los términos que definían la búsqueda de empleo en la época de la pandemia, como "trabajo híbrido" y "horario flexible", están siendo sustituidos ahora por un modelo más organizado donde hay horarios específicos y un número determinado de días semanales de trabajo desde casa como ha  explicado Molly Johnson-Jones, cofundadora y directora ejecutiva de  Flexa Careers.

Por otro lado, funcionan los incentivos como pagar los gastos asociados a costes específicos relacionados con la vuelta a la oficina. Por ejemplo, pagar los gastos de desplazamiento del personal, la comida o la tintorería si están obligados a ir de traje.

Una encuesta realizada en octubre de 2022 por Slack descubrió que muchos trabajadores pasan hasta cuatro horas en videollamadas. El jefe de Slack en el Reino Unido, Stuart Templeton, dijo que los empleadores corrían el riesgo de convertir sus oficinas en "asesinos de la productividad", ya que "hacer un viaje de dos horas para sentarse en videollamadas es un uso terrible de la oficina."

fuente