Excepto la AP7 y la AP2, que son estatales, todos los otros peajes son obra de Jordi Pujol y CiU, que decidieron otorgar la construcción y la gestión de los peajes a la empresa Abertis. Ésta es una empresa propiedad de la Caixa, està liderada por Salvador Alemany, ex presidente del lobby Círculo de Economía y actualmente asesor de Artur Mas, y es el principal cliente publicitario del diario Hoy-El punto.
Así pues, Mas no sólo es asesorado de manera interesada por Alemany a través del “Consejo Asesor para la Reactivación Económica de Cataluña (CAREC)”, organismo escogido por CIU para asesorar al gobierno en los recortes y las privatizaciones, sino que además recibe una presión directa por parte de la Caixa (accionista mayoritaria de Abertis), dado que CiU tiene una deuda de 21 millones de euros con esta entidad.
Este círculo de clientelismo de la clase empresarial y de relaciones interesadas entre CiU, Abertis y la Caixa tiene un elevado coste para la gente trabajadora que tienen que pagar su transporte. Las estimaciones de las recaudaciones de las concesionarias muestran que los costes de construcción ya están pagados y que en realidad pagamos a los ricos un impuesto para poder viajar. Por ejemplo, la concesión del tramo Molins de Rei-Martorell costó 14,6 millones y Abertis recaudó el 2010, 1.168 millones.
Por lo tanto cuando desde los medios de comunicación y grupos políticos nacionalistas conservadores se clama que “España nos roba” mienten descaradamente y olvidan aposta que el deficit en infraestructuras impuesto por el Estado español, ha sido utilizado por las grandes empresas catalanas en beneficio propio. En realidad quien nos roba es Abertis, a través de CiU. Hay que explicar a las personas que se rebelan legítimamente contra los peajes que el enemigo no lo conforma sólo el empresariado español, sino que también está en Catalunya desahuciando, como la Caixa, y aplicando los recortes con ilusión, como CiU.
Además, el mantenimiento del transporte privado, de los peajes y de los beneficios que genera para la clase capitalista en general no puede sino empobrecer a la población trabajadora y destruir el medio ambiente. En cambio, el mantenimiento y la creación de una red transporte pública, eficiente, ecológica, gratuita y bajo el control democrático de toda la población reduciría enormemente la contaminación derivada del CO2. Una red potente y realmente democrática que todo el mundo se pudiera desplazar sin ningún tipo de discriminación económico y evitaría el gasto innecesario de mantener centenares de cargos de confianza y ejecutivos (como pasa en TMB).
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