Las trabajadoras de Panrico están haciendo historia. Hace 125 días que hacen huelga indefinida, una cifra que supera la huelga más larga de las últimas décadas en Cataluña, la de la metalúrgica Laforsa de Cornellà, que duró 103 días, a finales del año 1975. La plantilla, que se mantiene unida, sigue negándose a aceptar la drástica reestructuración anunciada por la dirección en octubre de 2013: 154 despidos -la mayoría del departamento de producción – y una rebaja salarial del 18% para el resto.
La medida forma parte del ERE que la empresa presentó en el conjunto de las plantas del Estado y que fue aprobado por la mayoría de representantes sindicales -todos los de la UGT y algunos de CCOO-. La fábrica de Santa Perpètua votó en contra, pero las modificaciones legislativas de la última reforma laboral, aprobada por Rajoy en 2013, la dejaron sin margen de maniobra. La ley establece una mesa de negociación del ERE única para todas las plantas (un total de siete), aunque las medidas de reestructuración de personal varían en función de la fábrica. La dirección logró dividir a las diferentes plantillas: las más afectadas, una minoría, votaron en contra, mientras que las menos perjudicadas, la mayoría, votaron a favor para salvar los puestos de trabajo.
El conflicto comenzó en septiembre de 2013, cuando el fondo de capital riesgo Oaktree, propietario de Panrico, fichó a Carlos Gila con el objetivo de reflotar la empresa. La primera decisión de Gila, un especialista en reestructuraciones que cobra un sueldo astronómico, fue suspender el pago de las nóminas de las trabajadoras. La plantilla, que ya se había bajado el sueldo del año anterior, respondió con la huelga. Después, Gila presentó el ERE con el argumento de la bajada de las ventas de donuts debido a la crisis.
Especulación financiera
No es cierto que las ventas de Panrico hayan disminuido porque la gente “ya no se puede permitir un donut con el café con leche”. La asfixia económica que sufre la empresa tiene su origen en 2005, cuando la familia Costafreda, fundadora de la marca, vendió el negocio -entonces rentable- al fondo británico de capital riesgo Apax Partners, que pagó 900 millones de euros por la adquisición. El objetivo de Apax, considerado un fondo buitre, no era conseguir beneficios con la producción industrial, sino mediante la especulación financiera. Reestructurar, recortar, fusionar, colocar un lazo rojo y vender al mejor postor. En 2008, adquieren el negocio de las galletas Artiach al grupo Kraft para fusionarlo en Panrico, una operación desacertada, con saldo negativo de 58 millones de euros. Después, los errores productivos, financieros y de dirección se encadenaron e hicieron que la empresa acumulara cada vez más pérdidas. En el año 2011, cuando la situación ya era insostenible, Apax renegoció la deuda con los acreedores y se vendió Panrico a otro fondo de capital riesgo, el estadounidense Oaktree. Oaktree es propiedad del millonario Howard S. Marks, que ha amasado una fortuna -cerca de 1.400 millones de dólares- especulando con la compra de empresas en quiebra.
Esquirolaje y criminalización
El comité de huelga hace tiempo que denuncia que la empresa abastece a los centros de distribución catalanes con productos elaborados en otras plantas del Estado. Las irregularidades se detectaron en las distribuidoras de Barcelona, Cornellà, Manresa, Terrassa y Girona, lo que fue denunciado ante la Inspección de Trabajo de la Generalitat y que dio la razón a las trabajadoras, por lo que se impuso una sanción a la empresa por “vulneración del derecho de huelga”. Posteriormente, la empresa ha ido alquilando otros locales para evitar los bloqueos de los grupos de huelguistas. Actualmente, la patronal ha trasladado la distribución a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona, donde hace llegar los donuts escondidos en camiones rotulados con otras marcas como Campofrío o Pascual. El aumento de la producción en otras plantas para suplir a la producción de Santa Perpètua ha implicado un incremento de las horas extras e incluso nuevas contrataciones laborales, tal y como ha denunciado el sindicato CGT.
La dirección, liderada por Gila, también está intentando criminalizar a la plantilla, ya que, entre los supuestos para ilegalizar una huelga, la ley contempla el hecho de que ésta se lleve a cabo mediante métodos violentos. La plantilla ha denunciado numerosas provocaciones por parte del personal de seguridad privada contratado para vigilar las puertas de la fábrica y escoltar a los camiones que abastecen los centros de distribución de manera ilegal. Uno de los episodios que ha causado más indignación entre las trabajadoras han sido las declaraciones que ha hecho la dirección a través del diario económico Cinco Días, donde afirma que “es difícil hacer planes de futuro para la planta con una plantilla tan salvajemente ideologizada, tan violenta, tan descabellada; nadie nos puede garantizar que a alguien no se le ocurra sabotear la producción y envenenar nuestros productos”. Las trabajadoras afirman que emprenderán medidas legales contra estas declaraciones.
La lucha continúa
Después de más de cuatro meses de huelga, sin embargo, la plantilla no desfallece y participa en todos los actos públicos donde se le invita. Ya han recaudado cerca de 50.000 euros para la caja de resistencia. Mientras unas se turnan a las puertas de la fábrica, donde cuentan con una buena infraestructura, otros hacen guardia en el ZAL para detectar camiones procedentes de otras plantas. El frente legal está a la espera del resultado de la impugnación del acuerdo que aprobó el ERE. En este sentido, el 13 de febrero es una fecha clave, ya que se celebrará el juicio por la demanda de huelga ilegal que ha presentado la empresa. Gila afirma que, si el juez no le da la razón, cerrará la empresa. En cuanto a las trabajadoras, decidirán qué hacer en una asamblea cuando sepan la resolución judicial. Sea cual sea el resultado final, la lucha de Panrico supone un claro ejemplo de dignidad ante el clima de resignación generalizada que padecemos.
El referente histórico de la huelga de Laforsa
Para encontrar una huelga tan larga en el archivo de la memoria reciente, hay que retroceder 40 años atrás. La histórica huelga de la metalúrgica Laforsa de Cornellà duró 103 días, entre noviembre de 1975 y febrero de 1976. El contexto social de la época era de mucha tensión, con Franco en la cama a punto de morir. En el ámbito laboral, las plantillas estaban muy organizadas, a menudo de manera autónoma mediante asambleas. La huelga estalló como respuesta al despido de un trabajador que cometió un error de producción. La dirección respondió a la huelga con más despidos, hasta 150 de manera escalonada. La plantilla de Laforsa, que supo extender la lucha, recibió la solidaridad de las trabajadoras de otras empresas y del vecindario de las poblaciones cercanas. Recaudaron cerca de cinco millones de pesetas -unos 30.000 euros- para la caja de resistencia. El 13 de enero de 1976, el atropello de un trabajador que se solidarizaba con el cierre de las trabajadoras de Laforsa en la iglesia de Santa María de Cornellà por parte de un coche policial desencadenó un efecto dominó. Hasta 169 empresas, alrededor de 28.000 trabajadoras, detuvieron la actividad en todo el Baix Llobregat con una huelga general que duró quince días. La plantilla de Laforsa continuó la huelga hasta que, finalmente, el 21 de febrero, se logró la readmisión de todos los trabajadores.
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