En un reciente suceso en Madrid, un ciudadano activista ha sido sancionado con una multa de 601 euros por el Ayuntamiento local. El motivo de la multa fue el uso de un megáfono durante una manifestación pacífica que tuvo lugar el 29 de marzo. La manifestación, supervisada y autorizada por la Delegación de Gobierno, tenía como objetivo promover la creación de un Centro de Memoria en la histórica Cárcel de Carabanchel. Sin embargo, la aplicación de la controvertida Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como "ley mordaza", ha sido objeto de críticas por parte de los organizadores de la manifestación y defensores de los derechos civiles.
El grupo organizador, una plataforma ciudadana comprometida con la preservación de la memoria histórica, condenó lo que consideran una restricción indebida de la libertad de expresión y manifestación. Argumentan que el uso de un megáfono es una práctica común y necesaria en las manifestaciones para garantizar la comunicación efectiva. Además, enfatizan que el incidente que llevó a la multa ocurrió después de la conclusión de la manifestación, lo que plantea preguntas sobre la validez de la acusación de resistencia a la autoridad.
Esta situación ha suscitado un amplio debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el contexto de la legislación actual, y sobre el papel del Ayuntamiento en la regulación de las manifestaciones públicas.
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