Los dos niños de Pilar García -nombre falso- van a un colegio de monjas concertado de Madrid. Los primeros años su uniforme no tenía nada de particular. El clásico: pantalón gris, polo blanco y jersey azul. Lo compraba en cualquier tienda. Hasta que la escuela les "sugirió" adquirir un modelo específico en unos grandes almacenes. La idea no cuajó entre los padres. ¿Por qué pagar 25 euros por un polo de iguales características de uno que cuesta 15 en una gran superficie? El curso pasado, ya en crisis, la institución añadió a los polos un escudo del colegio. Se acabó el seguir usando los del anterior año o la herencia entre hermanos. "Es un negocio para sacar dinero, como con el precio de las clases extraescolares. Una forma de ahuyentar a los inmigrantes sin recursos de colegios que reciben fondos públicos", sostiene Pilar. Finalmente, la inventiva y el trapicheo se han impuesto. Una madre copió a máquina el escudo y cada cual lo pega a las camisetas de sus hijos.
En Asturias, esta práctica ha llegado a aumentar el precio hasta 300 euros
A la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU) han llegado quejas. Y han puesto en marcha una encuesta digital entre sus asociados, aún no finalizada. "El logo de un colegio es una marca registrada y tienen que dar su autorización para que se reproduzca en los uniformes pegado con la plancha o cosido. Que se venda en secretaría a un precio razonable o en una tienda", propone David Ortega Peciña, encargado de asuntos de competencia en la OCU. "Pero no hay nada que justifique que se tenga que comprar todo el uniforme y se suban los precios. Las exclusivas solo se pueden conceder cuando es un producto muy determinado que, si no, no se distribuye porque al fabricante no le compensa. Y no es el caso".
Ortega pone como ejemplo a Reino Unido, donde se puede encontrar equipación escolar por 15 euros. "No se usan tejidos especiales, nada evidencia el precio. Es una preocupación creciente. Estamos valorando si denunciarlo ante los tribunales de defensa de la competencia de cada comunidad autónoma. Empezando por Madrid. Si hay exclusividad no puede ser transparente. Constará en algún sitio. La administración debe investigar. Que se requieran los contratos a los colegios o a los grandes almacenes".
El material escolar es también tema de litigio. "Raya la legalidad. No se puede pedir a los padres que se compren lápices de tal marca o en tal papelería. Todo indica que hay formas alternativas de financiarse, como las clases extraescolares o pedir un dinero voluntario", remarca Ortega. "La vuelta al colegio desestabiliza el presupuesto de muchas familias, más que el precio de la luz, y la gente está más pendiente del monopolio de las eléctricas que de cosas importantes como el gasto escolar". Por eso las asociaciones de consumidores recuerdan que un producto de una marca muy publicitada puede ser bastante más caro que otro desconocido, sin que necesariamente existan diferencias en su calidad.
Centeno, de Escuelas Católicas, no encuentra ilegalidad en la práctica. "Patentar el logo y cederlo a un establecimiento no infringe la ley. Y tampoco el vender en el colegio si se está dado de alta en el impuesto de actividades económicas. Es como una camiseta de Adidas. Nadie entendería que se utilizase su escudo en otra ropa. Se acusaría de plagio". Conocida la queja de los padres, Centeno propone una "solución intermedia", pagando solo por el escudo. "De todos modos, los colegios cuentan con recursos alternativos para familias desfavorecidas, como los inmigrantes. Prendas que han sobrado o que tienen de sobra. Ningún niño se queda sin uniforme por falta de medios".
La Federación de Usuarios-Consumidores Independiente (FUCI) ha realizado este septiembre una radiografía del regreso a las aulas. De su informe, basado en los datos de más de 200 colegios, se desprende que el gasto medio en un centro público por niño es de 512 euros, 774 si se opta por uno concertado y 1.174 si es privado. Lo que supone una media de 820 euros por hijo. "Nosotros no hemos recogido en el trabajo la obligatoriedad de la compra en tiendas concretas, sino el importe, pero nos consta que existe", explica Agustina Laguna, su presidenta. "Atenta contra los derechos de los consumidores y se debería revisar. La compra en un centro repercute en el sostenimiento de los colegios".
Son pocas las protestas por esta práctica tan extendida. El pasado curso el grupo Iu-Ba-Verdes exigió en el parlamento de Asturias a la Consejería de Educación que comprobase la situación repetida en un "número importante" de centros de su comunidad donde, con el monopolio en la venta, el coste del uniforme había crecido hasta 300 euros en algún caso. En Gáldar (Gran Canaria) los comerciantes han pedido a la Consejería de Educación que averigüe si dos colegios de la zona (uno público) han autorizado a una única empresa para reproducir su logo.
Cada vez más escuelas públicas implantan el uniforme, aunque aparentemente no está extendido el negocio de por medio. Es el caso del colegio Reconquista de Cangas de Onís (Asturias). Su AMPA acordó tras una encuesta la indumentaria que se vende en una tienda para "mantener el stock suficiente que atienda a las demandas". Pero en su web dejan claro a las familias que pueden comprar en cualquier establecimiento. O el centro público Dehesa del Príncipe, de Madrid, que apostó por el canje entre alumnos de ropa y libros para "educar en solidaridad y sostenibilidad".
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