El informe nace, en palabras de Rico, para “arrojar un poco de luz a todo el debate sobre la protección de inversiones, dado que hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad civil”. En ese sentido, los tres participantes coincidieron en afirmar que estamos ante uno de los grandes retos para los derechos sociales, laborales y ambientales en cualquier país del mundo, valores que teóricamente suscribe la Unión Europea.
El poder de las grandes transnacionales sobre la legitimidad de los estados se plasma en este tipo de acuerdos de una manera flagrante, especialmente en los países en vías de desarrollo. Con la esperanza de estimular la Inversión Extranjera Directa (IED), los países que firman los AII se exponen a todo un conjunto de violaciones del Estado de derecho y a un debilitamiento progresivo de la democracia. De hecho, la evidencia cada vez apunta más a que los AII no atraen la IED, y que otros factores como el tamaño de mercado o la oferta de recursos naturales son mucho más importantes.
En caso de demanda, el arbitraje de inversiones tiene lugar siempre a puerta cerrada, y con premisas muy alejadas de los principios básicos del derecho. Un dato: sólo 15 árbitros han dirimido el 55% de los casos acaecidos en las últimas dos décadas. La poca transparencia de los tribunales y el elevado coste de los procesos (de media, 8 millones de dólares), provocan que sólo puedan acceder al arbitraje las grandes multinacionales. “Se está construyendo una justicia paralela no ya para ricos, sino para muy ricos”, denuncia Sol Sánchez, de ATTAC.
“Los AII son una vulneración de la democracia a favor de los grandes capitales”, explicó Cote Romero, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. España es, según señaló Romero, el país más denunciado del mundo en materia de energía. “Los estados son papel mojado con todas estas normas, que están por encima de cualquier otra”, apostilló Romero.
de emprerderdor
Un negocio boyante
La industria del arbitraje se ha convertido en una imparable máquina de hacer dinero. Según la OCDE, la tarifa de facturación de los abogados especializados en procesos de arbitraje ronda los 1.000 dólares la hora, y algunos litigios han alcanzado los 30 millones. Un negocio controlado por unas pocas firmas y abogados no exentos de conflictos de intereses. Los tribunales se componen de abogados con ánimo de lucro en lugar de jueces independientes, en un sistema discriminatorio por el cual los inversores extranjeros tiene más derechos que los nacionales, y unidireccional, en el que el estado sólo puede defenderse, lo que rompe el principio de que “todas las personas son iguales ante la ley”. El resultado es que muchos Gobiernos, especialmente de países en vías de desarrollo, no pueden costear los procesos, lo que les sitúa en una situación de desventaja frente a las grandes empresas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario