"Ciudadanos" mantiene a un imputado en la Lezo como asesor de transparencia en Madrid

Juan María del Álamo, uno de los investigados por la Audiencia Nacional en la trama Lezo, asesora al grupo municipal de Ciudadanos en Madrid en transparencia y participación. La formación 'naranja' argumenta que este exconsejero del Canal de Isabel II que votó a favor de la cuestionada compra de Inassa es un funcionario y que, por eso, no cabe aplicarle el código ético del partido. No obstante, el Ayuntamiento asegura que podrían cesarle si quisieran y que mantenerlo es, por tanto, una cuestión de confianza política.

Ciudadanos (Cs) mantiene a un investigado en el caso Lezo como asesor de transparencia y participación en su grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Juan María del Álamo Jiménez -funcionario de carrera adscrito por Recursos Humanos a la unidad administrativa del partido 'naranja'- es uno de los altos cargos de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid y forma parte de la cúpula que declara estos días ante la Audiencia Nacional por el presunto saqueo de dinero público en el Canal de Isabel II.

En concreto, Del Álamo era miembro del Consejo de Administración de la entidad de aguas en 2001 y fue uno de los 14 que votaron a favor de la compra de Inassa, la cabecera de expansión para América Latina. Esta millonaria adquisición, a través de un paraíso fiscal como Panamá, es la que investiga el juez Manuel García Castellón como catalizador de la Lezo. Según el relato de un testigo presente en la sala en su declaración del día 9, el magistrado abroncó a Del Álamo por su desmemoria sobre esa megaoperación decidida hace década y media y le recriminó que recordaría más si el dinero hubiera sido suyo.

Fuentes del partido de Begoña Villacís consultadas por Madridiario confirman que este trabajador municipal está en su equipo "desde el principio" y que se encarga de cuestiones del área que capitanea el edil Pablo Soto. Para los 'naranjas', la presencia de este exconsejero del Canal es anecdótica y defienden que podría haber 'caído' en cualquier otro grupo.

Código ético

Sin embargo, la situación no deja de representar toda una paradoja para el partido. Ciudadanos, en una política regional atiborrada de corruptelas, es, sin duda, una de las formaciones que más dureza discursiva le pone a este tema. Sin embargo, desde su desembarco en el Ayuntamiento más importante de España, tiene a solo unos metros de su aspirante a alcaldesa a una persona que apoyó la operación empresarial que, presumiblemente, es una de las mechas del escándalo más explosivo conocido el pasado año.

En el artículo 10 de sus estatutos, Cs impide a cualquier representante institucional o cargo orgánico desempeñar cualquier trabajo si es acusado por la Fiscalía o si resulta investigado "en el transcurso de una investigación judicial, tratándose de un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal".

En este caso, la formación zanja que con Del Álamo no opera ese grueso cordón sanitario que los 'naranjas' tienden ante cualquier cosa parecida a un imputado porque no es ni representante institucional ni cargo orgánico. Además, insisten en que no pueden sacarle tarjeta roja porque ni lo han designado ellos ni está afiliado. Más aun, si fuera condenado por la Audiencia Nacional, tampoco podrían aplicarle el ostracismo previsto por este código, lo que convierte el expediente Del Álamo en toda una grieta en el sistema.

Poder de decisión

Fuentes del Ayuntamiento describen a este medio que el gabinete de los de Villacís está formado por tres tipos de empleados: personal eventual -externo-, personal funcionario en puesto de libre designación y un laboral en una plaza ocupada temporalmente. Para los tres casos, las mismas fuentes detallan que es el grupo el que decide sobre cualquier salida, así que la continuidad o no de alguien en estos equipos en los que se calculan las estrategias del partido es una decisión política. De hecho, en estas unidades se han producido tantas entradas y salidas como ganancias o pérdidas de confianza se han dado y los trabajadores públicos afectados han sido enviados a otros destinos.

Del Álamo, que cobra una nómina de unos 32.000 euros según la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ha ocupado puestos de confianza. En 2003 y con José María Aznar como presidente fue secretario general del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Elvira Rodríguez. Una década después, también bajo un gobierno del PP, fue nombrado coordinador general de Empleo en el Consistorio capitalino.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rita Maestre, argumentó hace unas semanas en una rueda de prensa previa a que Del Álamo pasara por sede judicial que corresponde "únicamente" al partido decidir la continuidad de cualquier consejero y que, en el caso de ser cesado, le acompañarían las "garantías laborales" pertinentes.

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