El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha aceptado asumir una pena dos años de cárcel y el pago de 18,8 millones de euros por la comisión de cuatro delitos fiscales, tal y como ofrecía la Abogacía del Estado, según ha podido confirmar La Vanguardia en fuentes jurídicas después de que adelantara la información El Mundo.
Sin embargo, estas fuentes explican que a pesar de ser un acuerdo entre los abogados de las partes todavía falta el visto bueno definitivo de la Agencia Tributaria. Si no acepta las condiciones, el acuerdo no serviría.
Su defensa fracasó a intentar cerrar el caso y dejarlo en un asunto administrativo
El futbolista, a través de su defensa, ha cerrado ese acuerdo tras el fracaso de intentar archivar el caso y que se quedara en un asunto administrativo. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado estaban dispuestos a sentarle en el banquillo de los acusados por defraudar a Hacienda en cuatro ejercicios fiscales, concretamente de entre 2011 a 2014 por un fraude de 14,76 millones de euros.
Le acusan de aprovecharse de una estructura societaria creada en 2010, el año siguiente a su fichaje por el Real Madrid, para “ocultar al fisco las rentas generadas en España” por sus derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento “voluntario” y “consciente” de sus obligaciones fiscales en este país.
La denuncia contra Cristiano Ronaldo se basa en el informe remitido a la Fiscalía por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). A su juicio, en 2008 el futbolista confirió a su agente un poder para firmar un contrato con el Real Madrid entre las temporadas 2009/2010 y 2014/2015 y que fue rubricado por ambas partes el 21 de junio de 2009. Ronaldo trasladó un mes más tarde su residencia a España, con lo que adquiría la condición de residente fiscal en nuestro país a partir del 1 de enero de 2010.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que tras confirmarle el Real Madrid el 12 de diciembre de 2008 las condiciones del contrato que se iba a formalizar meses más tarde, “y con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España”, simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en Ias Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único.
Dicha sociedad, ubicada en un paraíso fiscal, cedió la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports&Image Management LTD. Esta mercantil irlandesa era la que “efectivamente” se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo y sin que la sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas desarrollara actividad alguna.
El Fisco rebajaría considerablemente el fraude que le atribuía inicialmente
Según la versión digital de El Mundo, el delantero reconoce cuatro delitos fiscales, una pena de dos años de prisión (seis meses por cada uno de los ejercicios) que no implica cumplimiento y el pago de una cantidad que asciende exactamente a 18,8 millones de euros. La web del citado medio asegura que el jugador portugués habría conseguido que el Fisco rebajara considerablemente el fraude que le atribuía inicialmente, 14,7 millones de euros, y lo reduzca a 5,7 millones de euros. El resto hasta alcanzar los referidos casi 19 millones de euros los abonará en concepto de multas e intereses.
Al acuerdo le falta la rúbrica del nuevo director de la Agencia Tributaria. Si así lo hace, Ronaldo zanjaría todos sus problemas fiscales, tanto por la vía penal como por la administrativa, donde el Fisco le ha impuesto una sanción similar a la acordada por lo penal correspondiente al ejercicio 2014.
Sin embargo, resta un fleco, según El Mundo, que será discutido en sede judicial cuando se traslade el acuerdo de conformidad al Juzgado de Instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón (Madrid): Ronaldo exige que los dos años de prisión sean sustituidos por una multa y que la pena no quede suspendida, lo que supondrían un riesgo para él si en el futuro vuelve a tener un problema de índole penal.
La Fiscalía apoya esta pretensión del jugador pero, sin embargo, la Abogacía del Estado se opone por completo siguiendo el mismo criterio que ha aplicado en el caso de otros futbolistas involucrados en problemas fiscales.
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