En octubre del 2016, un algoritmo desarrollado por dos universidades (Sheffield y Pennsilvania) fue capaz de predecir con un 79% de acierto el fallo que los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitirían sobre una sentencia. Solo fue una prueba, pero bastó para dejar claro que la relación entre la Justicia y la inteligencia artificial cada vez es más estrecha.
En aproximadamente ocho de cada diez sentencias, la inteligencia artificial fue capaz de anticipar lo que 47 juristas experimentados suelen dirimir en secreto ateniéndose a los argumentos legales. Los resultados que obtuvo el bot, según la investigación, pusieron de manifiesto que los jueces del alto tribunal eran más "realistas" que "formalistas", dejándose llevar más por hechos pragmáticos, alejados de las leyes, que por la propia legalidad en sí.
"Este algoritmo sí que daba a entender que, en casos muy concretos, con circunstancias muy prefijadas y con información suficiente, puede acertar", explica a eldiario.es el jurista Jorge Morell, cofundador de Términos y Condiciones. Entre las críticas, que la base de datos del bot a partir de la que se "alimentó" de sentencias no era todo lo grande que debía.
La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), que en diciembre del año pasado publicó una carta sobre el uso ético que los sistemas de IA aplicados a la Justicia debían poseer, también hizo mención a la máquina. En el documento de 77 páginas, los juristas se preguntan sobre el proceso que lleva a cabo el algoritmo, ya que no argumenta el porqué de sus decisiones. Esta es una barrera común con la que a menudo se topan los investigadores familiarizados con esta tecnología y que se conoce como "caja negra" (black box).
La inteligencia artificial en España y Europa
Morell cree que, sin embargo, este tipo de sistemas inteligentes podrían ser aplicados en casos muy simples. "Lo piensas y dices, es que es de cajón que en cosas como las cláusulas suelo se emplearan estas cosas. En el 96,2% de los casos [las sentencias] cayeron a favor del consumidor o de los usuarios". El jurista no esconde que también surgirían nuevos problemas, "¿qué pasa cuando se desmarque del camino? ¿Me tendría que tragar el patrón de la máquina a pies juntillas? Es más, ¿cómo justifico que yo soy el raro y no que el software está haciendo lo que le toca?", se pregunta.
En España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció en noviembre del 2017 que introduciría un sistema basado en la inteligencia Artificial para ayudar a los abogados, jueces y procuradores en su trabajo. "No se sabe nada de este tema o al menos, yo no he vuelto a ver nada relacionado con ese tema", dice Morell. La herramienta era un buscador de sentencias que funcionaba en base a los filtros que el profesional quisiera introducir, dando como resultado la resolución (o resoluciones) relacionadas con el caso que estuviera tratando.
Otros países de la Unión Europea como Estonia o Reino Unido han ido un paso más en la utilización de la tecnología. El país báltico está desarrollando un robot capaz de ejercer el papel de los magistradosen casos menores que no sobrepasen los 7.000 euros. Se centrará en disputas contractuales, donde las dos partes tendrán que subir la documentación a Internet y emitirá después un veredicto. Tampoco se sabe mucho sobre el tema, pero los afectados podrán recurrir a un tribunal humano después si no están contentos con la decisión.
En el Reino Unido y EEUU ya llevan tiempo usando otra máquina (que en realidad es un chatbot) para solucionar los contenciosos que se generan a partir de las multas de aparcamiento. La creación de Joshua Browder, un estudiante de la Universidad de Stanford, había revocado ya en junio del 2016 un taco de 160.000 multas mal puestas por los agentes de tráfico británicos y norteamericanos.
Cambiar profesionales por software
Morell considera que la inteligencia artificial vendrá para ayudar a su trabajo, no para quitárselo. Matiza que "depende de la tarea" las máquinas serán capaces de reducir su carga de trabajo en algunos casos, aunque en otros no. "Para cuestiones muy concretas como sistemas de triaje, de filtro, sí que pueden ser muy buenos y nos pueden ayudar a simplificar las cosas", dice.
"El hecho de empezar a tener que fiarse de lo que te dicen unos algoritmos me genera muchas dudas", continúa el de Términos y Condiciones. Hace hincapié en que lo mejor sería tener a estos sistemas "de consejeros" sin que al final resulte en una "decisión vinculante".
España se gasta en torno a 80 euros por habitante en temas relacionados con la Justicia, muy lejos de otros países como Alemania (150 euros/persona) o Luxemburgo (200 euros/persona). No somos de los países que menos invertimos en el Poder Judicial, pero tampoco de los que más. Morell, sin embargo, rechaza de lleno que la llegada de la inteligencia artificial se convierta "en una excusa" para reducir esa inversión.
"Vamos a escenarios del estilo... 'No tenemos suficientes jueces' o 'no tenemos suficientes juzgados', así que metamos software y que decida por ellos. Va a parecer superguay, supermoderno y te dirán que se reduce trabajo y que nos sale más barato. Pero todo será bonito hasta que deje de serlo", sentencia Morell.
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