El Gobierno quiere regular lo que comen los españoles y plantar cara a la obesidad con más impuestos. El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, está dispuesto así a duplicar el IVA a los alimentos que considere "insanos", con un incremento del tipo de gravamen del 10 al 21%. El PSOE ha aceptado el plan de Unidas Podemos, que en su programa electoral era muy claro.
"Reduciremos el impacto de la comida basura al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares. Además se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de calidad de cercanía", aseguraban en el partido morado.
Tasa actual
La mayoría de los alimentos paga un IVA del 10%, aunque hay productos de primera necesidad que tributan con un tipo superreducido del 4%. Es el caso, por ejemplo, del pan, las harinas panificables, la leche, los quesos, los huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, entre otros.
El documento de acuerdo programático aprobado por el PSOE y Podemos para la formación del Gobierno de coalición hablaba de "comida basura", y de "ultraprocesados", pero estos dos partidos no especificaban, de momento, a que se refieren con ello en concreto, por lo que la incertidumbre en la industria agroalimentaria española es máxima.
El Ministerio de Sanidad, de hecho, lleva un año trabajando en la implantación del semáforo nutricional, que exigirá integrar en las etiquetas un código de colores y letras para distinguir los alimentos sanos de los que no lo son. Así, el verde será para los más saludables y el rojo para los menos recomendados.
El problema de fondo con el que se ha encontrado el Ejecutivo, hasta ahora, es que algunos de los productos que por sus características y su contenido calórico podrían acabar con un rojo en la etiqueta son el aceite de oliva o el jamón ibérico, las grandes estrellas de nuestra gastronomía.
Propuesta de Cataluña
El pasado mes de octubre, el pleno del Parlament de Cataluña aprobó ya a propuesta de los comunes instar al Govern a que pidera al Gobierno central que estudiara aplicar un IVA del 21% a los alimentos insanos y bajar el de los saludables al IVA superreducido. Entonces se aprobó con 76 votos a favor -de JxCat, ERC, Comunes y CUP--, tres en contra -del PP- y 53 abstenciones -de Cs y el PSC-. Aunque otra posibilidad que podría existir sería la de un impuesto específico, tal y como se hizo ya en Cataluña con el azúcar, parece, sin embargo, un camino a priori mucho más complicado. Sobre todo después de que el pasado julio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitiera el recurso presentado por las patronales de la distribución, el comercio y la alimentación, declarando la nulidad de la tasa por una tramitación deficiente.
Frente a esta subida de la fiscalidad, es cierto también, no obstante, que el programa de Podemos apostaba también por bajar el IVA al 4%, la tasa superreducida, a un mayor número de alimentos y bebidas no alcohólicas, citando en concreto a "los frescos y saludables".
Afán recaudatorio
En relación a una posible subida de impuestos a algunos alimentos con el argumento de mejorar la salud pública, desde Fiab manifestaron ayer que "los términos comida y basura son incompatibles" y que "no hay evidencia científica que ese tipo de medidas sean eficaces ya que desde la fiscalidad no se cambian hábitos y comportamientos". El sector mantiene que este tipo de medidas tiene un carácter únicamente recaudatorio y que los perjudicados son los consumidores.
El juego, otro enemigo
Tal y como declaró ya en La Sexta el ministro Garzón el pasado domingo, la comida basura no es, sin embargo, el único enemigo del nuevo Gobierno. Otro de los sectores que se enfrenta a una nueva regulación es el del juego. El objetivo en este caso es limitar la publicidad, impedir que las salas puedan abrir antes de la diez de la noche y limitar la proximidad a centros escolares.
En un comunicado conjunto, la semana pasada la CEOE y los operadores privados recordaron que ante todo ello que "en España el juego es un sector regulado desde 1977, con el nacimiento de nuestra democracia" y que "el juego presencial privado (que abarca casinos, bingos, salones de juego, casas de apuestas, máquinas en hostelería…), en concreto, se rige por las múltiples regulaciones que en cada territorio han desarrollado las Comunidades Autónomas. Se trata, pues, de un sector ampliamente regulado en el que los empresarios cumplen escrupulosamente con las normativas que les afecta".
Las solicitudes para que los locales privados de juego estén sometidos a una planificación, que procure que existan distancias mínimas entre diferentes salas y respecto a centros escolares, son cada vez más frecuentes. Sobre esta cuestión, el sector del juego recuerda que 14 de las 17 Comunidades Autónomas ya contemplan medidas que establecen planificaciones de este tipo.
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