La Oficina Anticorrupción de Balears tiene previsto su cierre este año, cumpliendo la promesa de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de eliminar este organismo en los primeros seis meses de su mandato si el PP ganaba las elecciones. Los Presupuestos del próximo año no asignarán fondos a la Oficina, que actualmente cuenta con un presupuesto superior a 1,3 millones de euros. Aunque no depende directamente del Govern, sino del Parlament, se están evaluando diversas vías legales para su disolución, incluyendo la posibilidad de incorporarla en la Ley de Presupuestos del próximo año o en alguno de los decretos ley que el Ejecutivo está preparando.
En la Oficina trabajan unos quince empleados, la mayoría de los cuales son trabajadores públicos de otras administraciones, como la Sindicatura de Comptes. El destino laboral de estos empleados aún no está claro. La Oficina desempeñó un papel crucial el año pasado al gestionar 124 denuncias, de las cuales 89 eran anónimas, 21 fueron presentadas por particulares, tres por partidos políticos y cinco por funcionarios, empresas y trabajadores, respectivamente. La mayoría de las denuncias se relacionaban con acciones de corporaciones locales, y hubo casos que resultaron en denuncias por posibles irregularidades.
El PP y Vox argumentan que la Fiscalía de Baleares ya investiga posibles delitos en las Islas, y la Oficina está obligada a remitir a la Fiscalía aquellos expedientes con irregularidades. Además, la Sindicatura de Comptes supervisa la legalidad de los contratos y subvenciones otorgados por las instituciones de Balears.
El director de la Oficina es uno de los cargos mejor remunerados de la Comunitat, con un salario de 99.853,09 euros al año, según la ley de Presupuestos de la Comunitat.
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