En un reciente debate parlamentario, Oskar Matute, portavoz de Bildu, dejó al descubierto un espinoso episodio del legado del Partido Popular, cuestionando sus fundamentos democráticos. El escenario: España, en el mes de abril de 1971. Un comité de prominentes figuras políticas, impregnadas de la sombra del franquismo, levantaba su voz para pedir la liberación de Rudolf Hess, el temido mano derecha de Adolf Hitler y condenado genocida, internado en la prisión alemana de Spandau tras los Juicios de Núremberg.
Manuel Fraga, ex ministro de la era de Franco y pilar fundacional de Alianza Popular - predecesor del actual PP -, no sólo apoyó, sino que también estampó su firma en esta causa, al lado de figuras tan emblemáticas como José Botella Llusiá, tío de Ana Botella, y Serrano Súñer, germanófilo y familiar de Franco, entre otros personajes influyentes de la época.
Es importante recordar que este intento por liberar a Hess no surgió del vacío. Woff R. Hess, hijo del infame lugarteniente de Hitler, fue quien orquestó la recolección de firmas a través de una organización bautizada como "Hermandad para la Liberación de Rudolf Hess". Al final, sus esfuerzos no lograron conmover a la comunidad internacional, y Hess pasó el resto de sus días en prisión, falleciendo en 1987.
Este controversial episodio no es más que una pieza en el complejo rompecabezas de la política española. En 1977, Fraga, junto con otros seis destacados miembros del antiguo régimen franquista, fundó Alianza Popular, el embrión del actual Partido Popular, dejando en evidencia las raíces que este partido tiene en una época dictatorial.
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