El alto tribunal de España ha confirmado la legalidad de un impuesto especial dirigido a las fortunas más grandes del país, desestimando un desafío presentado por la líder de la región de Madrid. Este impuesto, que se aplica a individuos con un patrimonio neto de más de tres millones de euros, ha generado más de 600 millones de euros en ingresos fiscales, con una cantidad significativa procedente de Madrid. A pesar de las afirmaciones de que este impuesto podría restar atractivo fiscal a la región, el tribunal afirmó que la medida no infringe la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid y no es excesiva, ya que el gravamen efectivo es menos del 0.5% del valor del patrimonio. La ley contempla que la suma de este impuesto con otros no debe superar el 60% del ingreso imponible del individuo. Esta decisión llega como un golpe a la administración regional de Madrid, que había argumentado contra el impuesto citando preocupaciones ideológicas y económicas. Ahora, Madrid deberá adaptarse y aplicar el impuesto, que se planeó originalmente solo para los años 2023 y 2024.
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