El marco laboral actual de España, iniciado en 2022, ha llamado la atención del Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR). La principal crítica radica en el bajo costo de las indemnizaciones por despido, que las empresas pueden calcular fácilmente. La UE aboga por una revisión que garantice justicia y equidad para los trabajadores, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada empleado despedido. Por ejemplo, un trabajador mayor enfrenta más desafíos al buscar un nuevo empleo que uno más joven. Bajo las nuevas propuestas europeas, serían los jueces quienes evaluarían cada situación y determinarían el monto adecuado de compensación. Sin embargo, esto ha causado preocupación entre las empresas debido a la incertidumbre que podría generar. En el pasado reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya se ha pronunciado, sosteniendo que las actuales compensaciones no son suficientemente disuasorias y son "insignificantes" en comparación con las expectativas europeas.
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