En un contexto de salud mercantilizada y a expensas de los intereses del pueblo, un informe devastador ha venido a sacudir los cimientos del sistema sanitario valenciano: el hospital de Manises, sometido a las fauces del lucro privado, ha sifoneado más de 2 mil millones de euros del erario público en trece años. El contrato, originalmente tasado en cifras ya de por sí desorbitadas, se ha inflado hasta triplicarse desde 2009, permitiendo a la empresa concesionaria, un retoño del imperio Sanitas, embolsarse 57,9 millones de euros en ganancias, mientras acumula una colosal deuda de 373 millones con la Conselleria de Sanidad.
La decisión de revertir a la gestión pública los hospitales de Manises y Dénia, no es una opción, sino un imperativo ético y económico, respondiendo al clamor de los trabajadores y alcaldes de la zona. El despropósito financiero y la opacidad reinante, donde el compromiso de construir centros de salud ha quedado en mera quimera, ha llevado al conseller Marciano Gómez a tomar las riendas de esta cruzada por la dignificación de la sanidad pública.
El retorno de estos hospitales al control estatal no es solo un rescate económico, sino una liberación del yugo privado que ha convertido la salud en un vulgar mercado. Este movimiento, que restituye el hospital al pueblo, es la única cura a una gestión que ha desangrado a la comunidad valenciana, comprometiendo su futuro y el de las generaciones venideras.
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