En un movimiento controvertido, el Gobierno español y la Junta de Andalucía han acordado un plan de 1.400 millones de euros para el desarrollo socioeconómico y mejoras hidráulicas en Huelva y Sanlúcar de Barrameda, evitando así potenciales sanciones de la Unión Europea. Este acuerdo implica la retirada de una ley impulsada por PP y Vox que buscaba legalizar pozos ilegales utilizados para irrigar cultivos intensivos en el Parque Nacional de Doñana, amenazando su integridad ecológica.
El Parque Nacional de Doñana, conocido por su rica biodiversidad y paisajes, ha enfrentado una crisis hídrica exacerbada no solo por la sequía natural, sino también por prácticas agrícolas insostenibles. Estas prácticas incluyen la perforación ilegal de pozos para el cultivo intensivo de frutos rojos, una actividad que ha sido ignorada o incluso respaldada por partidos políticos en busca de apoyo electoral.
El Plan de la Fresa de 2014, establecido durante el gobierno conjunto de PSOE-IU, delineó áreas específicas para la agricultura regada. Sin embargo, numerosos terratenientes han violado estas directrices, expandiendo sus cultivos ilegalmente. Esta situación ha sido ignorada por las autoridades regionales a cambio de apoyo político, lo que ha agravado la degradación ambiental de Doñana.
El acuerdo actual, aunque visto como un paso positivo por algunos grupos ecologistas, también ha generado controversia. Los terratenientes responsables de la explotación ilegal de recursos hídricos recibirán una compensación sustancial, lo que ha suscitado críticas sobre la justicia de tal recompensa. Además, hay preocupaciones sobre el futuro de los agricultores legítimos y el impacto continuo de la crisis hídrica en la región.
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