Los informes que aparecen en la prensa como dictámenes de la institución son tan solo documentos elaborados como mucho por un economista jefe. En su confección se rigen por las informaciones, a menudo sesgadas, que obtienen de las instituciones, medios y fuerzas económicas nacionales. A este conglomerado aplican un catecismo sencillo y monótono compuesto por tópicos neoliberales. No es infrecuente que los informes elaborados para un país, con pequeños recortes, cambiando las cifras y con algunas adaptaciones se empleen para otros.
El informe elaborado para España describe, por una parte, obviedades que se pueden obtener de las noticias diariamente publicadas en los medios de comunicación: que España no está fuera de la zona de peligro -¡vaya descubrimiento!, cuando los llamados mercados están continuamente especulando contra la deuda española-; que la tasa de paro es inaceptable y más del doble de la media de la zona euro; que existe una dualidad del mercado laboral -aunque más bien habría que decir que la contratación temporal alcanza el 30 por ciento, sin parangón con ningún otro país europeo -, y que las instituciones financieras tienen un problema de apalancamiento y de inversiones excesivas en el sector de la construcción, sin que se conozca muy bien el valor real de estas inversiones.
Por otra parte, el informe se lanza a hacer previsiones sobre el futuro, de esas que pueden realizarse con total tranquilidad porque llegado el momento nadie se acordará de ellas. En último caso, prever que la economía española no alcanzará hasta dentro de cinco años una tasa de crecimiento del 2 por ciento no resulta muy arriesgado.
Por último -cómo no-, comienza a aplicar el catecismo. Bendice los ajustes realizados sin el menor análisis y sin pararse a considerar que tales medidas no han solucionado nada, más bien al contrario, han empeorado la situación. Hoy, la economía española está peor que el año pasado. Pero como las cosas no se han arreglado habrá que dar una vuelta más al torniquete, a ver si así se empeoran un poco más.
Reclama una nueva reforma laboral y aconseja abaratar de nuevo el despido para incrementar, dice, la productividad. No se sabe muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra. Debería decirse más bien que para incrementar el beneficio de los empresarios. Es difícil, después de la última reforma laboral, abaratar aún más el despido. El improcedente, es decir, aquel que no debería existir y que obedece al puro capricho de los empresarios, ha quedado en 33 días por año trabajado, de los cuales ocho los subvenciona el Gobierno. En cuanto al despido objetivo, se han ampliado tanto las causas que los empresarios pueden aplicarlo siempre que quieran por un módico precio, ya que después de la subvención del Gobierno la cuantía es de 12 días por año. Al redactor del informe no se le ocurre pensar (eso sería demasiado) que si el paro en España alcanza esos niveles que considera inaceptables, ello obedece a lo barato y sencillo que resulta prescindir de los trabajadores.
Asimismo, propone un sistema de negociación de los salarios más descentralizado y que no dependa tanto de la marcha de la inflación. De este modo, será más fácil reducir los salarios. Ese consejo se lo debería haber dado a su jefa, ya que Christine Lagarde firmó como directora gerente un contrato con el Fondo por un salario base inicial de $467,940 al que se suman $83,760 en dietas y gastos de representación, que no está obligada a justificar. Tales cantidades se actualizarán en los cinco años siguientes en función de la inflación del área metropolitana de Washington, sin la mínima referencia a la productividad.
El redactor del informe insiste también en la necesidad de aminorar aún más el déficit público y para ello recomienda elevar el IVA, los impuestos especiales y reducir el gasto en funcionarios y en inversiones. Su desconocimiento de la realidad le lleva a afirmar que la nómina total de los funcionarios en España se mantiene por encima de la media de la zona euro, lo cual es radicalmente falso. Como buen neoliberal de catecismo, ignora los impuestos directos y progresivos aún cuando su aumento sea una forma menos cruenta de reducir el déficit, no solo porque afectan en mayor medida a las clases altas, sino porque su efecto negativo sobre la actividad económica es mucho menor que el de los otros tipos de medidas propuestas ya que la propensión a consumir es tanto menor cuanto mayor es la renta.
El informe, por supuesto, no dice una palabra sobre el racionamiento del crédito, sobre los mercados financieros, sobre el tipo de cambio ni sobre la Unión Monetaria, aún cuando es la pertenencia a esta última la que claramente está estrangulando la economía española. Esto, desde luego, sería mucho pedir a aquellos a los que lo único que se les ha enseñado es que la política económica se reduce a disminuir el déficit (el gasto público), reformar el mercado laboral y abaratar las pensiones. Uno de los peores efectos de esta crisis es que ha resucitado al FMI.
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