La orden de peajes de agosto, en la que se incluía una subida final del recibo del 3,2%, prevé unos ingresos anuales en 2013 a través de los peajes de 14.488 millones de euros, de modo que la imputación de otros 4.034 millones a esta partida obligaría a subir un 27% la aportación de los consumidores al sistema eléctrico.
Este incremento supondría una subida cercana al 12% del recibo a lo largo de un año, aunque, si se hubiese aplicado por parte del Supremo de forma automática durante el segundo semestre, la subida de peajes habría sido del 54% y la de la factura final podría haber rondado el 25%.
En concreto, Unesa detecta un desajuste de 4.035 millones en la tarifa que desglosa a razón de 2.200 millones por la no aprobación de la ley con el crédito extraordinario al sistema eléctrico con cargo a las cuentas públicas y de otros 503 millones por la ausencia de reducción en el coste de las primas al régimen especial.
Además, identifica un desajuste de 58 millones al incorporarse la financiación del bono social como coste del sistema, de 348 millones por la imposibilidad de minorar la retribución a la distribución y de 925 millones procedentes de los costes extrapeninsulares, que no pueden computarse como coste en las cuentas públicas hasta que no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
A efectos prácticos, la denuncia de Unesa, presentada el 7 de octubre, muestra las dudas de la asociación no solo con la articulación del préstamo de 2.200 millones, sino también con el cumplimiento de algunas de las principales medidas de la reforma energética presentada por el Gobierno en julio. El grueso de la reforma entrará en vigor en enero, pero para el segundo semestre de este año ya se descuentan los recortes.
En la demanda presentada ante el Supremo, Unesa solicita "la adopción de la medida cautelarísima de carácter positivo, consistente en que se ordene a la Administración General del Estado la aprobación de un incremento de los peajes de acceso suficientes para incorporar los mayores costes y menores ingresos" con respecto a la orden de peajes de agosto.
Déficit de 3.000 millones
Unesa había presentado la denuncia después de que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciase un posible desfase de entre 2.500 y 3.000 millones en la tarifa eléctrica de 2013.
En principio, el anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico remitido al Congreso obligaba a las eléctricas integradas en Unesa, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON, a financiar el déficit de tarifa de 2013, pero el pasado viernes el propio Soria anunció la ampliación del fondo de titulización de la deuda eléctrica para poder colocar en los mercados el desajuste de este año. La patronal eléctrica valoró positivamente la medida.
Tras Iberdrola
El rechazo de las cautelarísimas por parte del Supremo toma como base los mismos argumentos utilizados por el tribunal para rechazar una petición similar de Iberdrola, en la que, sin embargo, la eléctrica identificaba un déficit de tarifa mucho menor, de algo más de 500 millones.
En concreto, el tribunal justifica su decisión aludiendo a "la inexistencia de una urgencia tan extremada como para no tramitar la pieza de suspensión ordinaria" y a "la complejidad y trascendencia de las cuestiones planteadas".
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