El Gobierno de Rajoy y el de Panamá firmaron en 2013 un acuerdo de colaboración en materia de delincuencia y casualmente, este documento excluía expresamente el seguimiento de los delitos económicos y de blanqueo. De 26 convenios de esta naturaleza firmados con otros países el de Panamá es el único que no incluye la persecución de estos delitos. Fernández Díaz lo justificaba diciendo que las conductas que en España son delito, en Panamá no.
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