El Ayuntamiento de Madrid ha decidido pasar de las advertencias a las multas y dar la batalla administrativa contra una de las principales concesionarias de la capital: la empresa EMESA, propietaria del 20% del proyecto Calle 30 y que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS) beneficiarias de un contrato millonario que le ha reportado desde 2004 m谩s de 500 millones de euros, a cambio de mantener la infraestructura.
Tras meses de avisos a la adjudicataria, el Gobierno municipal que preside Manuela Carmena ha decidido recurrir al r茅gimen sancionador, seg煤n ha podido saber eldiario.es, porque sospecha que la empresa ha cobrado cantidades millonarias por varios trabajos que no ha realizado. La decisi贸n se comunicar谩 esta tarde EMESA en una reuni贸n extraordinaria del consejo de administraci贸n de Madrid Calle 30 convocada para aprobar la realizaci贸n de dos obras durante el pr贸ximo verano. Las fuentes municipales consultadas admiten que la cita servir谩 para comunicar a la concesionaria la incoaci贸n de dos expedientes sancionadores.
Seg煤n la documentaci贸n a la que ha tenido acceso eldiario.es hay dos contratos bajo sospecha. El m谩s relevante alude al alumbrado p煤blico y a un sistema de control que Madrid Calle 30 decidi贸 poner en marcha en 2007 para vigilar el estado de las luminarias, dados los robos de cables que se ven铆an produciendo en aquellos a帽os. Emesa, que ya cobraba por el mantenimiento de la red de alumbrado p煤blico de la M30, se comprometi贸 entonces a realizar una inversi贸n que, "aparentemente no se ha llevado a cabo", seg煤n los informes municipales. Por este concepto, la uni贸n temporal de empresas que agrupa a Ferrovial y Dragados ha cobrado 2.484.485 euros hasta 2015. El plazo dado a la concesionaria para justificar sus inversiones expiraba hoy y el Gobierno municipal no ha recibido una respuesta satisfactoria. El Gobierno de Ahora Madrid planea exigir a la adjudicataria "que se devuelvan las cantidades abonadas en los 煤ltimos a帽os" y adem谩s prev茅 establecer multas por incumplimientos.
El segundo expediente bajo la lupa del Gobierno municipal es un contrato de formaci贸n para formar al personal del servicio de incidencias de la M30. La oferta p煤blica que llev贸 a Emesa a hacerse con la Gesti贸n del Servicio P煤blico de Reforma, Conservaci贸n y Explotaci贸n de la V铆a Urbana M-30 en 2005 bajo el Gobierno de Alberto Ruiz Gallard贸n se compromet铆a en distintos puntos a impartir unos cursos de formaci贸n muy concretos (los llamados COEX) a la plantilla para que esta pudiera realizar correctamente las labores asignadas en el contrato p煤blico. Seg煤n los t茅cnicos municipales, no hay evidencias de que dichos cursos se hayan llevado a cabo.
Seg煤n los t茅cnicos del Ayuntamiento, los cursos COEX deber铆an ser impartidos por distintas entidades que acreditan conocimientos en conservaci贸n y explotaci贸n de carreteras ya que la oferta de 2005 contemplaba en varios apartados que parte del personal, incluido el intervenci贸n, recibir铆a dicha formaci贸n. Como esa prestaci贸n est谩 incluida en el contrato, el Gobierno de Ahora Madrid sostiene que la adjudicataria deber铆a haber aportado documentaci贸n para justificarla desde el primer a帽o del contrato, 2005. "A fecha de hoy", sostienen fuentes del Gobierno de Carmena, "no existe constancia de que hayan realizado los cursos de formaci贸n COEX", pese a que "el socio privado ha enviado documentaci贸n en la que se justifica que los trabajadores han recibido cursos de otro tipo". Emesa argumenta que la formaci贸n COEX como tal no est谩 acreditada por ninguna instituci贸n p煤bica. Sin embargo, la oferta que esa sociedad present贸 para hacerse con la concesi贸n alud铆a a tres tipos de formaci贸n COEX: Operario, T茅cnico y Jefe, que es la que se comprometieron a poner a disposici贸n de sus trabajadores. As铆 que la intenci贸n del Gobierno de Carmena es iniciar otro procedimiento sancionador en este apartado.
El propio contrato suscrito entre Madrid Calle 30, la sociedad municipal, y sus concesionaria EMESA ya prev茅 multas por incumplimientos. Las graves oscilan entre 50.000 y 750.000 euros. Las sanciones leves van de 3.000 a 50.000. Madrid Calle 30 tiene capacidad para imponer adem谩s multas coercitivas de 3.000 euros diarios si persisten los incumplimientos contractuales. La guerra contra una de las principales contratas del Ayuntamiento ha comenzado. En su 煤ltimo informe, la C谩mara de Cuentas de Madrid ya recomendaba revertir la gesti贸n de la M30 para hacerla p煤blica y recordaba que el contrato sellado por el Gobierno de Gallard贸n "no se bas贸 en informes de viabilidad" sino que sirvi贸 para garantizar a las constructoras "unos beneficios del 7%".
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