La pérdida de plantilla que ha vivido el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos 10 años se está revirtiendo. Decenas de trabajadores dejan estos días sus empresas para firmar nuevos contratos con el Consistorio. Antes de que finalice el año, más de un centenar lo habrán hecho y al final del mandato, 1.200 personas. Las primeras, las 31 educadoras de las tres guarderías públicas abiertas durante el pasado mandato con su gestión ya externalizada (EBM Caspolino, Enxaneta y Els Patufets de Navas). Ellas firmaron su nuevo contrato el pasado viernes. Les seguirán las 37 trabajadoras del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida de mujeres (SARA) y los 24 empleados de los Puntos de Información y Atención a la Mujer (PIAD). La municipalización de estos dos servicios, que además verán ampliadas sus plantillas y mejorada su metodología, fueron dos de las condiciones que puso la CUP a cambio de apoyar la ampliación presupuestaria propuesta por el Gobierno municipal.
El Ayuntamiento de Barcelona también ha empezado ya las gestiones para asumir a los trabajadores de Barcelona Televisió (BTV), que habían llevado su caso a los tribunales y estaban logrando sentencias favorables. Para más adelante, quedan dos de las municipalizaciones más importantes que el gobierno de Ada Colau quiere llevar a cabo (o al menos dejar encaradas) antes de que finalice su mandato: una comercializadora eléctrica y la gestión del agua, que sería mancomunada porque depende del Área metropolitana de Barcelona.
Los servicios que el equipo de Ada Colau quiere municipalizar son los que se consideran "esenciales y estratégicos", según el jefe de gabinete de Presidencia y Territorio, Lluís Basteiro. También se tiene en cuenta si trabajan con información confidencial, si su competencia es plenamente municipal, si se llevan a cabo en equipamientos municipales y si la inversión no es muy alta. De hecho, el Ayuntamiento recupera los servicios a medida que los contratos firmados anteriormente se van agotando. En total, Colau confía en ampliar un 10% la actual plantilla del Ayuntamiento de Barcelona durante su mandato, que es de 12.000 trabajadores. En algunos casos se trata de recuperar una gestión que antes era pública aunque en la mayoría son servicios que ya nacieron externalizados. Durante este año se han convocado 20 bolsas de trabajo que implicarán ampliar la plantilla de trabajadores sociales, educadores, entre otros.
El Ayuntamiento expondrá el plan a los sindicatos. La subrogación se realiza con las condiciones que tenían los trabajadores en sus empresas. Así, habrá empleados que cobrarán hasta un 30% menos que otro por idénticas funciones. “Es una situación injusta. Tendría que ser mismo trabajo mismo salario, pero es una buena noticia”, lamenta una maestra que ya ha firmado.
Las mayores municipalizaciones son la gestión de la electricidad y del agua, que deben pasar por el pleno. Se prevé instalar placas fotovoltaicas en espacios públicos y privados, mediante acuerdos con cooperativas y particulares que alquilen sus patios para obtener energía renovable. Luego la distribuirá entre los edificios públicos y venderá el excedente.
El TSJC anuló en marzo la concesión que el Área Metropolitana hizo del servicio del agua a una empresa mixta formada con Agbar, pero la sociedad recurrió al Supremo. Si la sentencia es favorable, se prevé una “recuperación mancomunada de su gestión”.
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