La cuota, la multa y los intereses. En total, 93 millones de euros. Es la cantidad que el nonagenario empresario Demetrio Carceller Coll y su hijo, Demetrio Carceller Arce, propietarios entre otras empresas de la cervecera Damm, del 13% del capital del gigante de la construcción Sacyr y de la petrolera Disa, se han comprometido a pagar este lunes en la Audiencia Nacional para evitar la cárcel. El fiscal acusaba al padre de 13 delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales que le habrían acarreado una pena de 48 años de prisión. Para el hiijo, que es actualmente el que está al frente del negocio familiar, el Ministerio Público solicitaba otros 14 años como cooperador necesario de las defraudaciones tributarias del padre. Ninguno de ellos acabará entre rejas.
Ambos empresarios hicieron creer a la Agencia Tributaria que Carceller Coll no era residente fiscal en España, sino en Reino Unido y Portugal. Pero las pesquisas dirigidas por Anticorrupción determinaron que el padre vivió durante años en Galapagar, un municipio de la sierra de Guadarrama. Para evitar ser detectado a través de cuentas bancarias, acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo. También adoptaba importantes medidas de precaución, como evitar restaurantes y sitios de ocio, y delegaba en su hijo y otros asesores de confianza la firma de cualquier negocio u operación económica. Los investigadores descubrieron que ocultaron ser accionistas de distintas empresas inmobiliarias en Estados Unidos –en concreto, centros comerciales en Tucson y Phoenix, en el Estado de Arizona– a través de sociedades creadas en paraísos fiscales como Panamá, Antillas Holandesas, Madeira o Luxemburgo, según el escrito del fiscal.
de Forges
Según los documentos del bufete panameño Mossak Fonseca, a los que tuvieron acceso El Confidencial y La Sexta, los Carceller fueron clientes de ese despacho durante más de 20 años. Los papeles de Panamá revelaron que, al menos desde 1995, tanto el padre como sus hijos constituyeron varias sociedades 'offshore' primero en Niue, un pequeño Estado situado en una isla del Pacífico Sur, y posteriormente en Samoa, país ubicado en otro archipiélago de la región. En concreto, Demetrio Carceller Coll está detrás de Siwenna Holding, Moterhorn y Vanderbilt; Demetrio Carceller Arce, de Vance Corporation (rebautizada como Vance Brokerage y donde su padre tenía poderes generales); José Carceller Arce, de Gloucester Investment; Carmen Carceller Arce, de Nuka BV, y María Carceller Arce, de Orsingen GMBH.
Ambos empresarios hicieron creer a la Agencia Tributaria que Carceller Coll no era residente fiscal en España, sino en Reino Unido y Portugal
La Agencia Tributaria tuvo conocimiento de algunas de estas sociedades hace una década, cuando intervino el bufete Pretus, despacho catalán del que se valía Mossack Fonseca para captar clientes en nuestro país, e incautó gran cantidad de documentos sobre las empresas 'offshore' de los Carceller. Sobre las acciones legales que se tomaron contra los hijos, en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz, entonces titular de ese juzgado, dictó sobreseimiento libre en 2011 porque "de lo actuado no aparece debidamente justificada la concurrencia de la responsabilidad criminal inicialmente imputada a los acusados". Uno de los miembros de ese despacho, Gabriel Petrus Labayen, también estaba acusado en el juicio contra los Carceller.
En cambio, el mismo Juzgado número 5 continuó adelante con la investigación contra las sociedades del padre, Demetrio Carceller Coll, pesquisas que han terminado derivando en la apertura de juicio contra él por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, vista cuya fecha se ha retrasado en varias ocasiones por la delicada salud del empresario. Hasta este lunes, que finalmente no se ha celebrado, al alcanzarse el acuerdo con el fiscal.
Además de los dos miembros del clan Carceller, en el juicio, que debía celebrar la sección cuarta de la Audiencia, estaba también citado como imputado José Luis Serrano Flórez, apoderado de Carceller. La fiscalía considera que Serrano fue quien realizó todas las gestiones para ocultar que Carceller Coll vivía en realidad en España. Además, era el verdadero titular de los paquetes accionariales en empresas de EEUU que, en realidad, pertenecían al patriarca de la familia.
En total, la cantidad defraudada, según Anticorrupción, fue de 59,2 millones de euros en concepto de IRPF por los ejercicios de 2001 a 2009, 41,9 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio entre 2001 y 2007, y otros 1,7 millones por el Impuesto de Sucesiones por la herencia recibida por Carceller Coll de su hermana Josefina. La suma de todos los conceptos adeudados más sus intereses de demora eran algo más de 103 millones de euros, según el escrito de acusación del fiscal.
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