La comunidad de Alella, Barcelona, se encuentra en shock tras la insólita condena impuesta a un sacerdote, Josep B.G., por abusos sexuales a tres menores durante sus clases de catequesis entre 2008 y 2009. El veredicto solo exige al religioso el pago de 7.572 euros, sin pena de prisión, a pesar de haber sido declarado culpable de tres delitos de abusos sexuales.
Las jóvenes víctimas, que preparaban su primera comunión, fueron manipuladas por el clérigo bajo el disfraz de aprender oraciones. La sentencia reconoce las innegables caricias indebidas pero justifica la leve sanción citando "dilaciones indebidas" en el proceso judicial.
La fiscalía y las familias, representadas por el abogado Esteban Gómez Rovira, pedían cárcel para el condenado, quien finalmente solo deberá indemnizar con 2.000 euros a una de las afectadas, quien presenta secuelas psicológicas tras el abuso. La responsabilidad financiera recae sobre la Escola Pia de Catalunya y, subsidiariamente, el Arzobispado de Barcelona, debido a la asociación del sacerdote con ambas instituciones.
Tras descubrirse los actos en 2010, el Arzobispado de Barcelona optó por una solución silenciosa: trasladar al sacerdote a otra localidad. Las familias no denunciaron inicialmente, pero al descubrir en 2016 que el condenado continuaba en funciones religiosas con menores, decidieron actuar.
El fallo ha generado consternación entre las familias. Marta A.R., madre de una víctima, expresó su repudio, enfatizando la falta de justicia y su temor ante la posibilidad de que el religioso siga en contacto con menores.
La Escola Pia, por su parte, reconoció deficiencias en su gestión y se comprometió a investigar la situación. Mientras tanto, las víctimas y sus familias continúan luchando por justicia, esperando que el sistema no les falle nuevamente.
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