La estrategia económica de Vox está marcada por un enfoque de difícil realización. Así se refleja en el panorama de las elecciones que se avecinan, donde los partidos prometen más de lo que pueden ofrecer. Vox ha destacado en este escenario, proponiendo cambios fiscales drásticos que podrían ser atractivos para los contribuyentes de ingresos más altos.
El plan de Vox incluye una reducción radical de los impuestos: el IVA al 18%, el IRPF escalonado a 15% hasta 70.000 euros y 25% para ingresos superiores, además de la tasa corporativa a 15%. Aunque esta propuesta puede ser atractiva, el resultado sería una disminución significativa de la recaudación, que Vox pretende compensar con la racionalización del gasto gubernamental, incluyendo la supresión de la Agenda 2030 y la eliminación de Ministerios y Secretarías de Estado considerados no esenciales.
El problema surge al no proporcionar Vox una cuantificación de su plan, lo que dificulta su análisis. Con cálculos conservadores, la propuesta resultaría en una disminución de la recaudación de alrededor de 50.000 millones de euros al año. Quienes creen que este déficit puede cubrirse simplemente eliminando gastos innecesarios pueden estar equivocados.
No cabe duda de que existe gasto público superfluo en España. Sin embargo, la mayor parte del gasto no es innecesario: pensiones, transferencias a otras administraciones, deuda pública, prestaciones e incluso desempleo. Cortar de estas áreas es desafiantemente complejo, por lo que la propuesta de Vox parece irrealizable. Reducir el gasto público en un país envejeciente con crecientes obligaciones en pensiones y salud requiere sacrificios significativos que Vox no parece dispuesto a admitir.
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