En Barcelona, un acuerdo reciente entre el PSC y Junts busca revisar la normativa que exige a los constructores destinar el 30% de sus nuevos proyectos a viviendas asequibles. Esta norma, establecida en 2018 por el anterior gobierno municipal liderado por Ada Colau, tenía como objetivo abordar el desafío del acceso a la vivienda en una de las ciudades con el mercado inmobiliario más elevado de España.
Desde su aprobación, diversos actores del sector económico, incluyendo fondos de inversión y empresas constructoras, han criticado la medida. Para estos grupos, tal reglamentación limita la naturaleza de mercado de la vivienda. Trias per Barcelona, representando a facciones conservadoras en el Ayuntamiento, ha propuesto revisar la norma, y cuenta con el apoyo del PSC y el PP.
En respuesta, colectivos ciudadanos y el Sindicato de Inquilinos han expresado su preocupación, calificando la revisión como un movimiento que amenaza el derecho fundamental a la vivienda. Manifestaciones recientes en Barcelona, centradas en un evento inmobiliario internacional, también han reflejado el malestar ciudadano hacia estas propuestas.
El actual alcalde, Jaume Collboni, ha señalado su interés en fortalecer la relación entre el Ayuntamiento y el sector privado, alejándose del enfoque de su predecesora, Ada Colau. Por otro lado, Barcelona en Común critica al PSC por alinearse con la derecha y los intereses inmobiliarios, señalando que, con un diferente alineamiento político, la propuesta podría ser detenida.
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