Los gobiernos del Partido Popular (PP), bajo la dirección de Mariano Rajoy, están siendo intensamente cuestionados tras una serie de decisiones económicas que han resultado en un legado de deuda y desorden financiero para España. Un reciente fallo del Tribunal Constitucional ha revocado una medida crítica de 2016 implementada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta política fiscal, que buscaba equilibrar el presupuesto nacional mediante la limitación de deducciones fiscales para grandes empresas, ha sido declarada inconstitucional. Ahora, el actual gobierno de coalición se enfrenta al desafío de posiblemente reembolsar miles de millones a las corporaciones afectadas.
Además, la administración de la llamada "Sareb" o "banco malo", una entidad creada para absorber los activos tóxicos de bancos en crisis, resultó en un aumento sustancial de la deuda pública española, sumando 35.000 millones de euros. Este fiasco se suma a las pérdidas ya considerables de aproximadamente 50.000 millones de euros del rescate bancario de 2012, contradiciendo las promesas iniciales del PP de que tal rescate no afectaría a las arcas estatales.
La gestión económica de los gobiernos del PP también ha sido fuertemente criticada por otras decisiones controvertidas. Entre estas se incluyen la amnistía fiscal de 2012 y el modelo 720 para la declaración de bienes en el extranjero, ambas resultando en costes significativos para las finanzas públicas y recibiendo duras críticas de instituciones europeas.
Estas decisiones no solo han llevado a importantes derrotas judiciales en España y la Unión Europea, sino que también han exacerbado el déficit y han dejado al actual gobierno lidiando con las secuelas financieras y políticas de las políticas anteriores.
El rescate bancario, que inicialmente se promocionó como una solución sin coste para el público, se ha convertido en un lastre financiero para el Estado. La Sareb, que fue parte de este plan de rescate, ha enfrentado múltiples problemas, incluyendo una gestión controvertida y pérdidas significativas, lo que ha llevado a su nacionalización en 2022.
Otras políticas económicas del PP, como la reforma fiscal de Montoro y la amnistía fiscal, han sido objeto de escrutinio y crítica. La reforma fiscal, en particular, ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, lo que ha generado incertidumbre sobre la legalidad y la eficacia de las medidas fiscales implementadas durante la administración de Rajoy.
El modelo 720, introducido para combatir la evasión fiscal y descubrir bienes ocultos en el extranjero, ha sido criticado por su rigurosidad y ha sido objeto de una sentencia adversa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta política, junto con la amnistía fiscal, ha demostrado ser costosa para el erario público y ha generado un debate sobre la equidad y efectividad de las políticas fiscales del PP.
En conjunto, estas decisiones han dejado un legado de deuda y caos económico, con el actual gobierno enfrentando el desafío de manejar un déficit creciente y restaurar la estabilidad financiera. Las políticas del PP, marcadas por intentos de equilibrar el presupuesto y estimular la economía, ahora son vistas como medidas que han tenido consecuencias a largo plazo para la economía española, afectando tanto a las finanzas públicas como a la confianza en la gestión gubernamental.
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